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Los guardias civiles que asaltaron el Congreso todavía pueden ser sancionados, según Oliart

El ministro de Defensa, Alberto Oliart, anunció ayer ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados que el Gobierno, una vez que se haya dictado sentencia sobre el intento golpista del 23 de febrero, considerará si corresponde abrir expediente gubernativo a los guardias civiles no procesados. Esta respuesta resultó satisfactoria para el diputado socialista Carlos Sanjuán, quien había preguntado al Gobierno si tenía previsto instruir expedientes gubernativos a todos y cada uno de los suboficiales y clases de tropa que intervinieron en el asalto a la Cámara. Oliart señaló también que el fiscal ha solicitado el interrogatorio de tres cabos y ocho números.

Carlos Sanjuán preguntó concretamente si se iban a instruir a los guardias civiles asaltantes del Congreso los expedientes gubernativos previstos en el artículo 1.011 del Código de Justicia Militar, por «haber demostrado pública v manfiestamente una actitud contraria a la Constitución o al Jefe del Estado a fin de depurar por esta vía sus responsabilidades, restableciendo la disciplina y el honor de la Guardia Civil».

La respuesta del ministro de Defensa a esta cuestión fue que no es este el momento procesal oportuno para adoptar tal resolución, que competería al director general de la Guardia Civil. Recordó que el artículo 1.009 del mismo código prohíbe que cuando se instruye un procedimiento judicial, como es el caso, «se inicie o prosiga cualquier otro de carácter gubernativo sobre los mismos hechos, mientras aquél no se concluya».

Carlos Sanjuán reconoció la corrección de estos argumentos y advirtió al Gobierno que el grupo socialista, ateniéndose a las manifestaciones del representante del Gobierno, vigilará que, una vez que exista sentencia sobre el 23 de febrero, el Gobierno cumpla su compromiso de reconsiderar la apertura de expedientes gubernativos a los guardias civiles citados.

Impunidad televisada

El diputado socialista presentó la pregunta formulada al Gobierno el pasado 16 de junio sobre la acción gubernamental en relación con los miembros de la Guardia Civil que hicieron uso de sus armas de fuego en la Cámara y maltrataron al vicepresidente del Gobierno, teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, y sobre las medidas gubernativas respecto a los guardias civiles que participaron en el asalto.

Carlos Sanjuán se hizo eco de la pregunta. que, según dijo, se hacen millones de españoles que vieron por televisión el asalto al Congreso y la actuación de la mayoría de los individuos armados que conculcaron impunemente la legalidad vigente. Se preguntó cómo era posible que desde los dos meses del 23 de febrero los citados asaltantes comenzaran a desempeñar las honrosas funciones de la Guardia Civil. Sanjuán planteó la posibilidad de que se hubiera interpretado generosamente el artículo 294 del Gódigo de Justicia Militar, que establece la excusa absolutoria para los meros ejecutores que no tengan empleo militar superior a clase de tropa y que sin haber hecho uso de las armas, las depusieran y se sometieran a las autoridades legítimas. supuesto este que no puede afectar a aquellos miembros de la Guardia Civil que hicieron uso de las armas, las depusieron y se sorandearon e intentaron derribar al teniente general Gutiérrez Mellado, cometiendo un presunto delito de insulto a superior.

Preguntó si el no procesamiento de los guardias civiles citados respondía a razones de carácter político o al cumplimiento del pacto realizado con el teniente coronel Tejero, al que el propio presidente del Gobierno dijo no sentirse vinculado. Señaló que aquel acuerdo no fue un pacto militar, ya que para eso habría sido necesario que el teniente coronel golpista hubiera dejado salir al personal civil secuestrado y se hubiera atrincherado en el palacio del Congreso hasta el momento de una capitulación frente a las fuerzas militares respetuosas con la legalidad. Al no producirse esta circunstancia, Carlos Sanjuán estimó que no es aceptable un pacto realizado mientras se mantenía secuestrados a los diputados y al Gobierno.

El presidente de la comisión, el centrista Guillermo Medina, advirtió a Carlos Sanjuán que no debía plantear cuestiones distintas a las formuladas por escrito. El diputado socialista manifestó que intentaba encontrar respuestas posibles al no procesamiento de los suboficiales y números de la Guardia Civil que hicieron uso de las armas y maltrataron de obra al teniente general Gutiérrez Mellado. Respecto a la segunda pregunta, reconoció que ya estaba contestada, al haber pedido el ministerio fiscal el procesamiento de todos los guardias civiles. Sanjuán centró su intervención en la última pregunta, relativa a la apertura de expedientes gubernamentales contra los asaltantes del Congreso, obteniendo el ministro de Defensa la respuesta antedicha.

Interrogatorio de once guardias civiles

En su intervención, el ministro de Defensa recordó que las instrucciones dadas al fiscal sólo se dieron cuando se conoció que el sumario había sido concluido sin que se procesara a los guardias civiles. Puntualizó que «la democracia no sólo consiste en la libertad de expresión, que tiene su máxima consagración en el Parlamento, sino también en el respeto a la división de poderes y, en este caso, a los tribunales de justicia».

En su relato de la actuación del fiscal togado, Alberto Oliart recordó que éste, en su escrito de conclusiones provisionales. ha solicitado como prueba «el interrogatorio en plenario de tres cabos y ocho números de la Guardia Civil que se destacaron por su actuación el día de autos, formando parte de la fuerza ocupante del Congreso». Añadió que lo procedente es que el Consejo Supremo de Justicia Militar, una vez que practique las pruebas pertinentes y dicte sentencia respecto de todos los procesados en la causa, en el caso de estimar que resultaran cargos contra otras personas no sometidas al procedimiento, haga uso de la facultad recogida en el artículo 792 del Código de Justicia Militar y remita testimonio de particulares a la autoridad judicial de la I Región Militar, «para que se inicie por separado causa contra dichas personas».

Respecto a las instrucciones dadas por el Gobierno al fiscal togado, Alberto Oliart leyó un documento según el cual se solicitaba al juez instructor que prestara preferente atención, para su posible procesamiento, a los miembros de la Guardia Civil en quienes se comprobara alguna de las circunstancias siguientes: primera, que con anterioridad al asalto del Congreso hubieran realizado alguna actividad relacionada con el mismo; segunda, que su participación en el asalto al Congreso no la efectuasen encuadrados en su unidad y bajo el mando de sus jefes naturales, sino que lo hicieran libre y voluntariamente con conocimiento de los sucesos que se iban a producir y a disposición de mandos que no eran los de su unidad, y tercera, que ya dentro del Congreso se destacaran por haber realizado hechos violentos o de otra índole, que significasen mayor participación en los mismos».

El ministro de Defensa dio cuenta de que la resolución del Consejo Supremo de Justicia Militar fue, no obstante, la de elevar a plenario las actuaciones sin acordar ningún procesamiento de los guardias civiles afectados por la solicitud del fiscal togado.

Reorganización de las escalas de suboficiales

La Comisión de Defensa aprobó el proyecto de ley sobre reorganización de las escalas especial y básica del Ejército de Tierra, que pretende aplicar a los cuerpos de Suboficiales, Especialistas. Oficinas Militares y Escala Auxiliar la simplificación de la legislación relativa a ingreso y permanencia en los citados cuerpos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 1 de octubre de 1981

Más información

  • El ministro de Defensa compareció ante la comisión correspondiente