El reto de la empresa pública

EL INI cumple cuarenta años cuando la crisis de confianza en la gestión de la economía mixta gana adeptos entre los votantes conservadores que recelan de la intervención creciente del Estado. El acuerdo sobre las ventajas de una economía mixta, que funcionó engrasadamente durante la larga etapa de prosperidad, empieza, por otro lado, a convertirse en desacuerdo cuando los distintos grupos sociales reaccionan ante la crisis con el gesto de ¡sálvese quien pueda!La preocupación por recuperar la buena imagen de la empresa pública y marginar sus privilegios ha debido influir en la nueva dirección del INI para hacer frente al difícil reto del próximo futuro. El proyecto de un INI presidido por una eficacia comparativa con la de la empresa privada y en el marco de una economía abierta a la concurrencia internacional nada tiene que ver con su origen autárquico o con la desconfianza hacia la iniciativa privada.

El Instituto atraviesa una profunda crisis financiera, derivada no sólo de la recesión general de la economía, sino también de 'Una gestión despilfarradora y de la adquisición forzosa de negocios privados cuyas quiebras han sido ocultadas por una ampliación tumefacta del sector público. A este respecto, convendría recordar que algunos de nuestros ardorosos liberales de hogaño no vacilaron antaño en valerse del INI como hospital de empresa desahuciadas, instrumento para socializar las pérdidas privadas o manantial de cargos bien remunerados y poco trabajados.

Para hacer frente a su mala situación, el INI, que no ge,neraba beneficios en el conjunto del holding, se ha endeudado a corto y a largo plazo. La carga de los intereses es hoy día tan onerosa que en la práctica impide su funcionamiento. Ahora bien, los bancos acreedores, nacionales y extranjeros, cuentan con la certidumbre de seguir cobrando los intereses y el principal de las deudas contraídas por las empresas del INI, las cuales cuentan con el aval del Instituto y del Estado. Esta pesada carga financiera resulta así un refugio bastante seguro para los prestamistas y un elemento de competencia desleal para empresas industriáles privadas, cuya situación puede ser menos desesperada, pero cuyas espaldas no están guardadas por el níanto protector del Estado.

Su precaria situación de tesorería ha obligado al INI, a lo largo de los distintos ejercicios presupuestarios, a recurrir a créditos extraordinarios para evitar el cierre de actividades de algunas empresas. Ahora bien, mientras se produce la tramitación y la aprobación de un crédito extraordinario, los proveedores no cobran y la bola de nieve de los impagados trastorna el funcionamiento de la economía industrial del país. La actividad de los gerentes se aleja así de las íneas de producción y se polariza en los despachos de los directores de los bancos.

El Presupuesto del Estado para 1982, en lugar de barrer la basura debajo de la alfombra, dará trasparencia y publicidad a las necesidades de financiación de las empresas del INI. El Estado se hará cargo a priori de las deudas, que importan aproximadamente 120.000 millones de pesetas. Una parte -45.000 millones- se instrumentará para sustituir los créditos anteriormente adquiridos por el INI, con el objetivo de ampliar su capital; esta aportación del Estado tendrá lugar por una sola vez. La otra parte de la deuda corresponde al déficit financiero previsto para el ejercicio de 1982. En contrapartida, el INI se compromete a no tramitar durante ese año ningún crédito extraordinario. Asimismo, el INI contrae la oblígación de reducir rápidamente el nivel de sus necesidades anuales de financiación en años futuros, hasta hacerlas desaparecer en un tiempo razonable.

Con esta orientación, el Gobierno planteará ante el Parlamento uno de los capítulos de su estrategia presupuestaria para el próximo ejercicio. Será preciso demostrar, en primer lugar, que la propuesta de financiación coyuntural del INI no supera los niveles de los créditos extraordinarios de otros años y, en consecuencia, no implica un incremento adicional de los déficit al final del ejercicio. Paralelamente deberá hacerse público un programa de saneamiento para los próximos años por parte del Instituto. En última instancia, las condiciones de financiación presupuestaría tendrán que guardar cierto paralelismo con las vigentes en el mercado, de manera que las empresas públicas no compitan deslealmente con las empresas privadas.

La dirección del INI asume ahora el riesgo de la transparencia. El Parlamento y la opiníón pública podrán estar informados acerca de cómo están funcionando unas empresas que son propiedad de todos, pero cuya gestión ha sido encomendada a determinadas personas. Este plantearñiento impone, como ha recordado el propio presidente del Gobierno, unas nuevas exigencias al Instituto. En primer lugar, la mala sítuación financiera obliga a practicar un auténtico programa de austeridad. Resultaría absurdo que las empresas públícas, por el solo hecho de serlo, fijaran unos niveles medios de salario superiores a las empresas privadas. En segundo lugar, debe quedar claro que el INI no absorberá en el futuro ningún negocio privado ruinoso, Y que las empresas públicas incapaces de sobrevivir sin ayudas artificiales serán liquidadas o cerradas. En definitiva, la recuperación de la identidad de la empresa pública exige cuentas muy claras, la aceptación de las reglas del mercado y de la competencia leal con las firmas privadas, la transparencia de la gestión y la renuncia a convertir sus mejores despachos en cementerios de elefantes para políticos momentáneamente caídos en desgracia.