El Senado acepta la comisión investigadora del aceite tóxico

El Pleno del Senado aprobó ayer por unanimidad la propuesta del Gobierno de formar una comisión parlamentaria para investigar las causas y consecuencias de la intoxicación por aceite adulterado. El presidente Leopoldo Calvo Sotelo, al ser emplazado por la oposición para colaborar con la comisión, aseguró que el Ejecutivo prestará los medios necesarios de todo tipo para que se logren los objetivos propuestos.

El Senado, al dar luz verde definitiva a esta comisión, no reprodujo el debate del Congreso sobre el aceite tóxico, en parte porque la sesión se limitó a la aprobación de la propuesta del Gobierno y por la coincidencia general en la idea de que ya se han dicho muchas palabras y son más necesarios los hechos.No obstante, todos los grupos de la oposición expresaron su mayor o menor desconfianza sobre el resultado práctico de la comisión, y en concreto los socialistas reafirmaron, aunque sin demasiada insistencia, sus tesis de que el Gobierno es políticamente responsable, mientras Calvo Sotelo insistía en que no hay responsabilidad de ninguna de las administraciones públicas, incluyendo entre éstas la central, las regionales y las municipales.

El presidente añadió que nadie debe ver intención dilatoria en esta iniciativa, puesto que el Gobierno es el primer interesado en obtener resultados y llevar a las víctimas la seguridad de que hará cuanto esté en su mano por ellas, no por beneficencia, sino por justicia, y de que se irá poniendo remedio a los fallos que pueda haber.

La oposición, escéptica

La oposición socialista, aunque adelantando su voto favorable, se mostró escéptica sobre los resultados de la comisión, a la vista de otras experiencias, y amplió sus críticas a la situación alimentaria en general; citando casos como el de la intoxicación por mejillones, «que ha afectado a una cifra de gente que sería increíble si se tratara de langosta», según afirmó Juan José Laborda, al señalar que el problema está en que la mala situación alimentaria afecta sobre todo a las clases populares.Laborda, en nombre del Grupo Socialista, emplazó al Gobierno a prestar a la comisión los medios necesarios de todo tipo, anunciando que de no ser así su grupo presentaría una proposición de ley para lograrlo. Rafael Vallejo, del Grupo Socialista Andaluz, sostuvo que el Gobierno es responsable al no haber logrado su misión de proteger a los ciudadanos frente al comportamiento criminal de los defraudadores, y excusó a los ayuntamientos porque éstos no tienen ni autonomía ni medios para actuar en este tema.

Josep Andréu y Abelló, del Grupo Cataluña, Democracia y Socialismo, opinó que la culpa no es del actual Gobierno, sino que la situación alimentaria viene de mucho antes; y en este sentido, afirmó que hay que buscar países del Tercer Mundo para encontrar una situación alimentaria como la española, con tan altas cotas de corrupción.

El portavoz de UCD, Francisco Villodres, coincidió en que se debe esclarecer la verdad, que es la primera exigencia popular, y se mostró contrario a los recelos sobre el éxito de la comisión.