La Justicia contra los desaprensivos

CINCO MIL personas han pasado esta semana por los hospitales españoles tras haber ingerido mejillones en mal estado, y, al parecer, una persona ha muerto a consecuencia de la intoxicación. Este puede ser el balance de urgencia de una nueva prueba del estado de indefensión en que se encuentran los consumidores.En esta ocasión, en contraste con la epidemia del aceite, la respuesta de la Administración ha sido fulminante y se ha optado por considerar a los ciudadanos personas mayores de edad, responsables de sus actos, que merecen conocer los previsibles peligros que para su salud constituyen unos mejillones distribuidos con insuficiente depuración. Sólo a última hora se ha entablado una polémica absurda entre la Junta de Galicia y el aparato estatal sobre las responsabilidades a repartir entre ellos.

Mientras dura esta pelea de endoso de culpas entre miembros de UCD, los ciudadanos desconocen todavía que se hayan tomado medidas gubernativas o judiciales contra los presuntos responsables de los hechos que han alarmado este fin de semana a los habitantes de veinticuatro provincias españolas y dañado en su salud y, en más de un caso, en sus economías. En estos temas, donde la dictadura, con sus contundentes argumentos represivos, hacía imposible que se divulgaran las innumerables fechorías que se cometieron contra los consumidores, es necesario que se actúe con ejemplaridad y rapidez. Los indicios racionales que la Administración posee sobre dos depuradores de El Grove -A-13 y A-18- son elementos suficientes para que la administración de Justicia ponga en marcha las medidas cautelares que garanticen el esclarecimiento definitivo de las responsabilidades administrativas y penales a que hubiere lugar.

Aunque sin duda el Código Penal padece carencias severas respecto a este tipo de delitos, la tipificación de aquellos que atentan contra la salud pública está bien clara, y aunque las penas sean a nuestro juicio muchas veces ridículas si se comparan con el mal causado -véase el propio caso de la colza-, por menores que sean dichas penas parece que el fiscal debería agilizar las actuaciones contra los desaprensivos que han enviado al hospital a 5.000 personas este fin de semana. Nadie puede asegurar que en una colectividad de cuarenta millones de habitantes no existan desaprensivos que desprecien el derecho a la vida, pero lo que sí se está en condiciones de exigir es la rapidez de la respuesta de la administración de Justicia frente a quienes incurren en esos comportamientos. Porque el argumento de que la intoxicación ha sido menor y sólo ha producido vómitos, aparte de que puede resultar falso, es irrelevante de principio y sólo podría ser exhibido como atenuante en un juicio, pero no como justificativo de la impunidad en que los responsables del hecho parecen vivir.