Un pueblo burgalés se niega a pagar impuestos
Estas rotundas apreciaciones figuran en un documento que fue presentado ayer por el alcalde de Pinillos en una conferencia de Prensa celebrada en el Ayuntamiento de la localidad, con participación de numerosos vecinos. Todos mantenían una actitud firme. «Estamos hartos de atropellos», indicó un concejal cuando comenzó a enumerar las razones que les han inclinado a adoptar esta actitud.Fundamentan su negativa a pagar tributos en que la administración de Justicia está actuando, en su opinión, de una forma parcial con los hombres y mujeres de este pueblo, que en abril de 1975 iniciaron acciones judiciales para recobrar más de trescientas hectáreas, usufructadas en las últimas décadas por una familia de terratenientes locales, los Larrea, sin que hasta el momento hayan presentado pruebas de que son propiedad suya.
El motivo desencadenante de esta huelga tributaria ha sido la sentencia dictada el pasado 11 de julio por el juez de instrucción de Aranda de Duero, que condenó a veintitrés vecinos de Pinillos a un mes y un día de arresto mayor, al tiempo que les imponía multas de 20.000 pesetas. La sentencia establece una sanción más fuerte para el alcalde, Silverio de Diego, de UCD; dos meses de arresto mayor, inhabilitación temporal de su cargo y multa de 20.000 pesetas.
El juez de Aranda ha estipulado estas medidas contra los vecinos por considerarles culpables de un delito de coacciones contra la familia Larrea, perpetrado el 24 de febrero de 1979. La condena ha soliviantado a los habitantes del pueblo, que han pleiteado contra los terratenientes.
«Aquel día», recordaba ayer Sérvulo Higuero de Diego, «fuimos hasta una finca donde estaban arando los Larrea para llamarles la atención por haber incumplido el compromiso que habíamos establecido ambas partes ante el gobernador civil de Burgos, y que consistía en que nadie tocaría las tierras en litigio en tanto no hubiese una sentencia judicial. Al vernos, comenzaron a disparar. Once resultamos heridos y aquí están las pruebas». (En ese momento, Sérvulo Higuero se quitó el jersei para mostrar a las personas presentes en la conferencia de Prensa las marcas que tiene en la espalda ocasionadas por perdigones.)
La Audiencia de Burgos absolvió en diciembre del pasado año a cuatro miembros de la familia Larrea de las acusaciones de homicidio frustrado y asesinato en grado de frustración, por estimar que actuaron en legítima defensa. En base a esta decisión y por estimar que en los incidentes reseñados existió delito, el juez de instrucción de Aranda decidió sancionar a los vecinos con las penas mencionadas, penas que los afectados no piensan cumplir.
«Esto, desde luego, no es justo», asegura Prisciliano Higuero, uno de los vecinos que acompaña al alcalde en la sesión informativa. «No sé cómo se ha tomado esta decisión con tanta rapidez, y las denuncias que presentamos anteriormente contra los Larrea siguen pendientes». Valoración que corrobora el asesor jurídico de los vecinos de Pinillos, Carlos Carrasco, que se encuentra sometido a investigación judicial por su actuación en este contencioso.
Tanto el alcalde como los vecinos del pueblo enfrentados a los Larrea, la gran mayoría -ya que solamente cuatro familias emiten opiniones favorables a los terratenientes, diciendo que han dado de comer a mucha gente- lamentan el desinterés de la Administración y enjuician con rigor al partido del Gobierno: «UCD no cumple: mucho pico, pero luego, nada».
"Huérfanos de protección"
«Estamos huérfanos de la protección de las instituciones que debieron ser creadas para la defensa de los intereses públicos, pero que en la práctica funcionan como salvaguardia de las conductas más antisociales de unos pocos», señalan en la nota que han difundido para anunciar su renuncia a pagar los impuestos.
La gente de Pinillos opina que el Estado no les ayuda, y reclaman de la opinión pública, del Parlamento, de la Corona y del Gobierno atención hacia su problema. Los vecinos reclaman una reforma de la estructura judicial, solicitan que se establezca la figura de los jurados y recaban a los restantes pueblos de España que se pronuncien sobre su actitud.
El conflicto entre los vecinos de Pinillos y la familia Larrea comenzó en 1975, al iniciarse los trámites para la concentración parcelarla. Fue entonces cuando los Larrea no pudieron aportar documentos de propiedad sobre la totalidad de las hectáreas que se asignaban; únicamente pruebas de que les pertenecen 339 hectáreas de las 2.000 que tiene el pueblo.
Inmediatamente fue presentada una demanda judicial para reclamar las 329 hectáreas cuya propiedad no atestiguaba, a la familia, que está pendiente de resolución definitiva, como lo están otras querellas en las que se acusa a los Larrea de sembrar en caminos vecinales. Los momentos de tensión han sido numerosos, pero ninguno como el registrado el 24 de febrero de 1979 y que ha sido el detonante de la radical actitud adoptada ayer.
Sin embargo, la violencia puede resurgir el mes próximo, ya que los vecinos han decidido sembrar en las tierras que consideran usurpadas por los terratenientes y que ahora los hombres de Pinillos defienden con mayor vehemencia que nunca, porque hace dos semanas los terrenos en litigio fueron inscritos en favor del pueblo en el Registro de la Propiedad de Aranda de Duero. Un hecho al que los Larrea, que habitualmente residen en Madrid, no conceden validez, según aseguró el asesor de los vecinos de Pinillos.
«Seguro que intentarán amedrentamos de nuevo», concluyó el concejal Prisciliano Higuero, «pero es imposible que venzan a todo un pueblo que no pide sino lo suyo».
