Un administrador judicial controlará la situación económica de las empresas implicadas en el fraude

El número de fallecidos por la intoxicación de aceite adulterado se eleva a 126 (118 es la cifra oficial), con la confirmación, por parte de Sanidad, de la muerte por esta causa de una mujer, ocurrida el pasado domingo en el Hospital Clínico de Madrid. La víctima, de 74 años, había reingresado el día anterior. También se ha incrementado a 1.108 la cifra de hospitalizados en toda España. Por otra parte, la Audiencia Nacional ha nombrado un administrador judicial para las empresas implicadas en el fraude del aceite.

El Juzgado de Instrucción Central número 2 de Madrid ha nombrado al empresario catalán Domingo Rubio Canals administrador judicial para las empresas intervenidas por su posible responsabilidad en el tema del aceite tóxico. El administrador judicial, que previsiblemente nombrará a su vez delegados para cada una de las sociedades involucradas, tiene como función elaborar un informe de la situación económica de cada empresa. Dicho informe deberá ser remitido al juez, quien ordenará, a la vista de esa información, la Iiquidación o la continuidad de estas empresas.El Juzgado de Instrucción Central número 2 de Madrid ordenó la intervención judicial y la inmovilización y bloqueo de las cuentas bancarias al producirse el procesamiento de los presuntos responsables.

Con el nombramiento de Domingo Rubio Canals, el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid atiende la solicitud planteada en este sentido por los representantes de RAPSA, Raelca y otras empresas involucradas en el fraude, cuya actividad ahora está paralizada, según informa nuestro corresponsal en San Sebastián José Luis Barbería.

Asimismo, ayer prestaron declaración en la Audiencia Nacional nuevos afectados, suscriptores de la querella presentada por la OCU contra los responsables de la intoxicación. Los declarantes fueron cinco, en nombre propio y de otras doce familias.

Por su parte, una comisión de afectados, integrantes de la asociación provincial de Madrid, con sede en Leganés, mantuvo ayer una entrevista con el secretario general del PCE, Santiago Carrillo.

Los procesados por la adulteración del aceite que sean declarados culpables por el juez podrán sufrir penas de hasta 30 años de prisión cada uno, según recoge Europa Press de fuentes judiciales.

Estas penas son las máximas que se pueden imponer a quienes incurran en los delitos 346 y 528 del Código Penal -referidos, respectivamente, a los atentados contra la salud pública y la estafa-, en los que piensan apoyarse algunos de los acusadores particulares personados en el sumario.

Hasta el momento, hay veintiséis personas detenidas en relación con el envenenamiento de aceite, de los cuales doce están procesadas.

Aglomeración en el canje de aceite

Con una aglomeración de público -un promedio de doscientas personas en los cinco supermercados habilitados-, se reinició ayer en Madrid el canje del aceite adulterado, que continuará hasta la última semana de septiembre. Más adelante, se emprenderá una nueva operación canje para todas aquellas personas que no hubieran podido acudir en las fechas actualmente marcadas.

Cerca de tres millones de litros de aceite virgen de oliva tiene almacenados la Comisaría de Abastecimientos y Transportes para cambiarlos por el producto tóxico que entreguen los consumidores. De esa cantidad, dos terceras partes corresponderán a provincias, y el resto, a Madrid.

Con referencia al consumo de aceite tóxico, el secretario de Estado para el Consumo, Martínez de Genique, declaró ayer a Europa Press que ninguno de los enfermos ingresados recientemente ha consumido aceite envenenado en los últimos treinta días. «Hace veinte días que no se ha detectado ningún producto tóxico ello no quiere decir que no existan, pero al menos no producen envenenamiento», dijo. También indicó que serán invertidos doscientos millones de pesetas para la contratación de personal inspector para desarrollar una campaña en cuatro frentes: carnes, leches, grasas y alcoholes.

UGT pide la dimisión de tres ministros

La comisión ejecutiva confederal del sindicato Unión General de los Trabajadores (UGT) hizo ayer pública una nota en la que pide «la dimisión de los ministros de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, Economía y Comercio y Agricultura y Pesca, pues considera que «el desdichado caso del envenenamiento por aceite viene a evidenciar la corruptela que existe en el sector alimentario español y las pocas medidas que para solucionar esta situación han adoptado los sucesivos Gabinetes de UCD».