El Gobierno francés aprobó ayer la nacionalización de la banca y de once grupos industriales estratégicos

Tal como lo había prometido el presidente francés, François Mitterrand, durante su campaña electoral de la primavera última, el Gobierno, en Consejo de Ministros, decidió ayer la nacionalización del crédito y de los once grupos industriales del país que aglutinan los sectores estratégicos. En el mismo momento, decidió suspender la cotización de todos los valores bursátiles nacionalizables. Los medios económicos estiman que esta última iniciativa, inhabitual, es «torpe e inicua» y que «el principio de las nacionalizaciones anuncia el desorden».

El Consejo de Ministros examinó ayer el proyecto de las nacionalizaciones que serán efectuadas a partir del momento en que sea aprobado definitivamente por la Asamblea Nacional. El texto definitivo sobre las nacionalizaciones y las modalidades de realización de las mismas será aprobado por el Gobierno el próximo día 23 del mes en curso. La suspensión de la cotización en bolsa de los valores nacionalizables se mantendrá hasta que sea depositado en la Asamblea Nacional el proyecto de ley que consagrará la extensión del sector público francés.

Medidas "simbólicas"

Después de tres meses largos de espera por parte de la opinión y de confrontaciones serias entre las dos principales tendencias del Gobierno mitterrandista, el Consejo de Ministros de ayer clarificó, en la medida de lo posible, el tema de las nacionalizaciones, que constituye el proyecto más simbólico de la izquierda gala. El más importante, o revolucionario, es el de la descentralización. Las nacionalizaciones afectan a once grupos industriales y al sector bancario. De los once grupos sólo pasarán al 100% de la propiedad del Estado: Thomson-Brandt, Saint Gobain Pont à Mousson, Rhône Poulene, Pechiney Ugine Kuhlman y Compagnie Général de Electricité. El 98% de las dos empresas siderúrgicas Usinor y Sacilor, ya alimentadas por los poderes públicos, pasará ahora a manos del Estado, de igual manera que el 51% de los dos grandes del armamento francés: Dassault y Matra.

La banca queda prácticamente en manos del sector público. Los tres principales establecimientos del género, Crédit Lyonnais, Banque Nationale de Paris y Société Générale, ya habían sido nacionalizados por el general Charles de Gaulle. Y ahora el Gobierno, de 340 bancos existentes en Francia, deja sólo cincuenta, considerados pequeños, en el sector privado.

Las participaciones extranjeras de estos bancos serán negociadas. Y, en principio, no serán nacionalizadas las industrias en las que participa la banca; aunque, tanto en este caso como en el de los grupos industriales, el Estado podrá apropiarse de filiales que considere interesantes.

Los bancos extranjeros no se verán afectados

La indemnización de estas nacionalizaciones será justa, explicó ayer el portavoz gubernamental. En los textos, las intenciones de los socialistas serían las siguientes: la amortización será hecha por medio de obligaciones amortizables en quince años y a un interés sujeto a revisión periódica que, actualmente, sería del 16%.

Con el lanzamiento de este proyecto, el Gobierno de Mitterrand inicia la gran batalla de su septenio. La oposición conservadora valora como nefastas e inútiles las nacionalizaciones. Los ministros que se consideran moderados en el interior del Gobierno, como el de Economía, Jacques Delors; el del Plan, Michel Rocard; el de Comercio Exterior, Michel Jobert, han pleiteado el minimalismo en materia de nacionalizaciones. Se asegura que Delors «amenaza con su dimisión todos los días» a causa de este tema. Mitterrand ha querido ser fiel a sus promesas electorales, y con este instrumento económico en sus manos cree poder alcanzar su objetivo máximo: reducir el desempleo al mínimo. Cuantitativamente, el sector público francés no aumenta excesivamente: del 12% pasa al 17,5% aproximadamente. Pero la industria nacionalizada, en mayoría, es la más estratégica y la más rentable. Nueve de las once industrias francesas más importantes pasarán a manos del Estado a partir del momento en que la Asamblea Nacional, el próximo, mes de octubre, apruebe la ley propuesta por el Gobierno.