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Martín Villa explica a una delegación del PNV los pactos autonómicos

Si la modificación del contenido de los acuerdos entre UCD y PSOE en materia autonómica resultara prácticamente imposible, el Gobierno vasco solicitará seguramente -en la entrevista que mantendrá hoy en Madrid con el Gobierno central- que los mencionados pactos no afecten a la comunidad autónoma. El presidente del Gobierno vasco, Carlos Garaikoetxea, en unas declaraciones concedidas ayer a EL PAÍS, calificaba de muy grave el hecho de que se intentara aplicar el contenido de los llamados pactos autonómicos -con su actual redacción- en el País Vasco. Aunque el curso político se inicia con un punto de referencia -los pactos autonómicos- que ha ensombrecido el panorama de contactos entre el Gobierno central y el Gobierno vasco, las dos administraciones intentarán, durante la entrevista de hoy, realizar todo esfuerzo negociador para superar las discrepancias. En este sentido, el lendakari Carlos Garaikoetxea declaraba a nuestro periódico que su gabinete está «asumiendo la responsabilidad de agotar toda posibilidad negociadora», y que buena prueba de ello era la importancia que le estaban concediendo al primer contacto oficial entre los dos Gobiernos después del período vacacional.

El ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa; el delegado del Gobierno para el País Vasco, Marcelino Oreja, y Manuel Broseta explicarán hoy, de forma oficial, a los representantes; vascos el contenido de los acuerdos en materia autonómica. Por su parte, el consejero de Trabajo, Mario Fernández, el asesor del lendakari y portavoz nacionalista en el Congreso de los Diputados, Carlos Vizcaya, y el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Luis Uriarte, expondrán los desacuerdos del gabinete vasco frente a los pactos firmados entre UCD y PSOE.

El presidente del Gobierno vasco, Carlos Garaikoetxea, hacía especial hincapié en que la aplicación de los mencionados acuerdos -con su actual redacción- serían perjudiciales para la comunidad autónoma: «Espero que se imponga un sentido de la responsabilidad en el Gobierno central y que se enmiende el contenido de los pactos para evitar así el realizar una auténtica vulneración del Estatuto».

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