Entregadas a Sancho Rof las declaraciones sumariales sobre la neumomía tóxica

El abogado García Pablos ha facilitado al ministro de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, Sancho Rof, las declaraciones sumariales de los diez procesados en el caso del aceite tóxico, relativas a las manipulaciones a las que ha sido sometido el aceite de colza, según la agencia Efe. Por otro lado, distintas fuentes administrativas consultadas por EL PAÍS apuntan que se está llevando a cabo una auténtica guerra abierta entre los ministerios implicados en el control del aceite desnaturalizado, tras la crisis de Gobierno abierta con la dimisión de Fernández Ordóñez. Estos ministerios serían los de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, Economía y Comercio, Agricultura, Industria y Hacienda.

En la entrevista mantenida entre García Pablos y Sancho Rof, el primero declaraba que «la Administración habría podido acceder a estos datos de vital importancia para las investigaciones, a pesar del secreto sumarial, si hubiera solicitado una prueba pericial, que estoy seguro», afirmó, «que el juez no hubiera denegado».

En cuanto a los 2.000 millones de pesetas que la Asociación de Afectados que representa García Pablos pide al Gobierno, este señaló que le parece una cantidad mínima, ya que apenas son 200.000 pesetas por afectado. «No obstante», dijo, «son un adelanto para atender necesidades urgentes, independientemente de las responsabilidades penales y administrativas que se deriven. Lo que está claro es que con un plato de lentejas no me van a atar las manos para llevar las investigaciones hasta el final». García Pablos manifestó que la prueba pericial solicitada por él al juez está dirigida hacia los funcionarios.

En relación a cómo se van a canalizar estas ayudas, en la tarde de ayer se llevó a cabo una reunión entre el director del Programa Nacional de Atención y Seguimiento de los Afectados, doctor Manuel Evangelista Benítez, y el presidente de la Asociación de Afectados, doctor Antonio Corralero.

Cuatro ministerios afectados por la colza

Por otro lado, la crisis ministerial abierta en estos momentos por la dimisión de Fernández Ordóñez ha hecho tambalear la precaria seguridad de varios ministerios, implicados en el comercio, importación y control del aceite.

Esta inestabilidad se puso al parecer de manifiesto en el último Consejo de Ministros del pasado 20 de agosto, cuando se decidió crear la Secretaría de Estado para el Consumo, con lo que se intentaba ganar tiempo ante la situación creada por el envenenamiento masivo. Sin embargo, según ha podido saber EL PAÍS, en este Consejo de Ministros no se utilizó el informe de la Comisión de Expertos que, encabezada por Martín Retortillo, había enviado días antes al presidente del Gobierno, Calvo Sotelo, y del que, todavía, no se ha dado a conocer el contenido. Mientras tanto, se dejaba en una vaga promesa la creación de un Ministerio de Agricultura y Alimentación.

En cuanto a las competencias y posibles responsabilidades, tanto las asociaciones de afectados como la Prensa y los partidos políticos han ampliado su marco de petición de dimisiones desde la primera etapa, en la que se pedía la dimisión del ministro de Sanidad, Sancho Rof, a una segunda, en la que se piden las dimisiones de los ministros García Diez, de Comercio; Lamo de Espinosa, de Agricultura; Ignacio Bayón, de Industria, y García Añoveros, de Hacienda.

Sin embargo, las distintas competencias y responsabilidades están recogidas de manera clara en la legislación actual, según la cual corresponden: al Ministerio de Sanidad, «la inspección de los productos alimentarios cuando son tóxicos o perjudiciales para la salud».

A Economía y Comercio, «el control e inspección de la venta ambulante y domiciliaria, cuando se lleva a cabo sin etiqueta ni precio».

A los ayuntamientos, «la persecución y sanción de la venta ambulante de productos alimenticios»

A Economía y Comercio, «el control del consumo o destino de los productos», en este caso del aceite.

Al Ministerio de agricultura, «la inspección en origen, en sus aspectos de fraude económico, no sanitario».

A Economía y Comercio, «la concesión de licencias de importación».

Al Ministerio de Hacienda (Aduanas), «la autorización del desnaturalizante (anilina al 2%), y su inspección, ya que está desnaturalizado en el exterior». La legislación exige, por otra parte, que Aduanas autorice expresamente el desnaturalizante a emplear solicitado por la empresa importadora.

A los ministerios de Industria y Energía y Economía y Comercio, «la vigilancia del destino, expresado en la licencia de importación ».

Finalmente, al Ministerio de Industria y Energía, «su autorización, inspección y control», por tratarse de una envasadora no aneja a instalación agraria.