La reconversión textil o la tentación autoritaria

La industria del textil y de la confección está afectada por una grave crisis que tiene profundas raíces estructurales. La progresiva obsolescencia de la maquinaria, como consecuencia de la baja de inversiones, determina una caída de la productividad y un nivel de costes no competitivos. Por otra parte, la industria se basa fundamentalmente en un mercado interno protegido que sufre más que en otros sectores la caída de la demanda, generando un exceso de oferta que no ha sabido canalizarse por la vía de la exportación.En el campo tecnológico, el bajo nivel de la investigación -tanto pública como privada- trae aparejada una elevada dependencia del exterior, sobre todo en relación con la maquinaria textil. También en el campo del diseño y de la moda el déficit de la industria española es evidente, sobre todo en relación con los competidores europeos, en especial franceses e italianos.

Es decir, que esta industria se encuentra afectada por una crisis de estructuras que no tendrá solución con simples medidas de coyuntura.

De ahí entonces la importancia de la reconversión de este sector industrial, que abarca por sí solo a 7.200 empresas y a 420.000 trabajadores (el 95% de las empresas y el 67% de los trabajadores afectados por toda la reconversión industrial), y que exige en consecuencia una elaboración seria y responsable del plan de reconversión, y obliga a escapar de las improvisaciones, los apresuramientos y la superficialidad.

Sin duda alguna, el acierto o el error en la elaboración de este plan, y también en su aplicación, determinará la suerte del sector en el futuro a mediano y a largo plazo.

La alternativa

La alternativa es clara: o se crea un instrumento idóneo dotado de los organismos adecuados para transformar, profunda y radicalmente la industria, modernizándola tanto tecnológica como organizativamente, hasta convertirla en competitiva a nivel europeo y mundial, o se sigue con los primitivos sistemas industriales y comerciales, que basan la rentabilidad de las empresas en relaciones laborales autoritarias y de superexplotación, con jornadas de trabajo agotadoras y salarios de hambre.

La elección de una de esas alternativas constituye el dilema que el plan debe resolver y que separa a empresarios y trabajadores en las soluciones que proponen para salvar la industria y promover una política adecuada contra el creciente paro que soporta el sector.

Para los trabajadores es claro que la modernización de la maquinaria exige asegurar su amortización a la mayor brevedad, pero es también evidente que ese mayor aprovechamiento de la maquinaria, con la introducción de más turnos, reclama una reducción de la jornada que compense en parte al trabajador y le permita participar, aunque sea minimamente, en los beneficios que la tecnología moderna trae consigo, además de armonizar las jornadas con las vigentes a nivel europeo.

También es importante el estricto cumplimiento del convenio colectivo y el ANE en materia de reducción de horas extras y segurar un régimen de jubilaciones anticipadas que termine con la actual contradicción que obliga a un hombre de 60 años a seguir trabajando para poder subsistir mientras jóvenes de 20 o 25 años están parados, con o sin subsidio de desempleo. A ello debe sumarse una muy bien pensada política de revalorización de los puestos de trabajo y de reconversión profesional que permita recolocar el excedente de mano de obra que pudiera provocarse.

Por otra parte, las particularidades del sector determinan que no puedan aplicársele recetas de moderación salarial factibles en otros sectores industriales pero inadecuadas para el textil. Por ello deben desecharse las pretensiones empresariales que tratan de aprovechar la circunstancia para reducir -aún más- los magros ingresos de los trabajadores. Es sabido que los salarlos del textil y la confección son los más bajos en la actualidad y, en consecuencia, reclamarle más sacrificios a un obrero que apenas alcanza las 27.83 1 pesetas mensuales, por una parte, es una flagrante injusticia, y por la otra, una nefasta política económica que fundamenta la, competitividad de las empresas en un virtual subsidio de los propios trabajadores.

El buen funcionamiento de la reconversión debe asegurarse mediante un responsable control y seguimiento de su aplicación, por parte de los trabajadores, tanto a nivel de cada empresa -por medio de los comités, delegados y secciones sindicales- como a nivel general -por medio de una comisión tripartita (centrales sindicales-intertextil-Administración)-, que fiscalice la marcha del plan, colabore en las decisiones y participe en las eventuales rectificaciones que puedan ser necesarias.

La revolución tecnológica

En definitiva, se trata de reconocer que estamos viviendo una profunda revolución tecnológica que no sólo modifica las técnicas industriales, sino que cambiará radicalmente el mundo de las relaciones laborales, creando condiciones de trabajo distintas, reemplazando las viejas formas autoritarias por sistemas de participación obrera cada vez más avanzadas y cada vez más eficientes.

Sin embargo, pareciera como si la magnitud de la problemática sobrepasara la comprensión de algunos sectores, que pretenden reducir el plan de reconversión textil a una serie de ayudas económicas de parte del Estado para las empresas (subvenciones y créditos a bajo coste y largo plazo) y un medio para asegurarse relaciones laborales más flexibles y baratas.

No todos parecen haber comprendido la trascendencia de la cuestión. El proceso de discusión y elaboración del plan entre centrales sindicales, empresarios y Administración, iniciado el 25 de junio, se ha visto distorsionado Por exigencias empresariales menores y por la fijación de plazos preconcebidos más por razones políticas que técnicas o económicas. Esas razones políticas fueron las que impulsaron al Gobierno, el 31 de julio, a dictar un real decreto sobre el tema, cuando la comisión negociadora no había concluido la elaboración del plan y las partes anunciaban su deseo de seguir negociando.

Con esa medida se intentó impedir la participación de las centrales sindicales o reducirla a una mera formalidad vacía de contenido real y se soslayó la expresa voluntad de empresarios y trabajadores. Desconocer esa voluntad de las partes y caer en la tentación autoritaria de resolver la cuestión con un decreto es, por una parte, burlar, los principios del ANE y la legafida¿ vigente y, por otro lado, aumentar la conflictividad laboral y condenar al fracaso a la reconversión textil.

A pesar de haberse dictado el real decreto, las partes continúan elaborando el contenido definitivo del plan y, por tanto, es imprescindible que se atienda a los resultados de esa negociación y se incorporen los acuerdos a los que se arribe, si no se quiere perder la oportunidad de lograr una solución de fondo que dote a España de una industria textil moderna y competitiva y se consiga un instrumento eficaz para luchar contra la desocupación.