Una historia de cien días

HAN TRANSCURRIDO cien días desde que el aceite adulterado causó la primera muerte. Hasta el momento el gigantesco fraude alimentario ha contabilizado 89 víctimas y los afectados superan los 10.000 casos, según informaciones solventes.Algunos de los presuntos autores materiales de este sangrante delito de conspiración contra la salud pública están detenidos, y jueces y magistrados se encargan ya de establecer sus responsabilidades criminales y un juicio justo impondrá las penas que estos despreciables comportamientos merecen.

Sin embargo, el envenenamiento por adulteración de aceite de colza desnaturalizado no es un capítulo que la sociedad española deba archivar con los argumentos de los males inevitables ni la resignación de quienes creen luchar contra lo imposible. Un Estado moderno tiene que ser capaz de impedir estos tráficos ilícitos, y los responsables del aparato gubernamental tienen una responsabilidad política a la que deben de hacer frente. Los contribuyentes, además, así lo van a exigir.

El presidente del Gobierno, en, su última comparecencia pública antes de comenzar las vacaciones, mostró su preocupación por las consecuencias del fraude y anunció el nombramiento de una alta personalidad que asumiría las responsabilidades de control y sanción en materia de consumo alimentario. Esta intervención del señor Calvo Sotelo es manifiestamente insuficiente y parece destinada más bien a dejar correr el tiempo que salve del gong a tres de sus ministros que deben rendir cuentas de su gestión ante los contribuyentes que sufragan los cuantiosos gastos de la Administración pública.

La actuación del ministro de Sanidad en todo este asunto no ha hecho otra cosa que llenar de desprestigio a todo el Ejecutivo. A estas alturas la sociedad española carece de una información oficial sobre la identidad, condiciones sociales y circunstancias personales de las víctimas. Se ignora exactamente el número de afectados y permanecen en el secreto de los iniciados las secuelas y consecuencias que el envenenamiento ha podido causar entre las personas que tomaron tan mortífera grasa. Este país se merece una administración sanitaria superior a la que Sancho Rof puede hacer frente.

Por su parte, el ministro de Economía y Comercio debiera de aclarar a la. opinión pública cómo su director general de Importación no se sintió alarmado ante el desmesurado crecimiento de importaciones de aceite de colza desnaturalizado para usos industriales, cuando los indicadores de coyuntura del sector secundario no indicaban precisamente un relanzamiento de la economía. Los departamentos ministeriales están para vigilar y controlar estos extraños flujos del comercio exterior, y el olvido o la negligencia administrativa es siempre exigible en un Estado democrático.

El actual ministro de Agricultura, cuya vocación principal parece consistir en acumular trienios en el departamento, debiera también ofrecer algunos razonamientos solventes que justificaran la irracional política de grasas vegetales que instrumenta su departamento.

De cualquier manera, el tenebroso asunto de la adulteración de aceite debiera de merecer. una mayor atención de nuestra clase política, enfrascada muchas veces en sesudos jeroglíficos y majestuosas definiciones, mientras que honrados contribuyentes encuentran la muerte de -una manera incivilizada o, al menos, poco corriente en el modelo de sociedad y nivel de desarrollo en que nos encontramos. Capítulos similares en países del Tercer Mundo han merecido mayor rigor y seriedad.

Cien días han transcurrido ya desde que el aceite adulterado se cobró la primera víctima. La respuesta de la Administración, hasta el momento, ha sido totalmente insatisfactoria. No queremos pensar que se está dejando correr él tiempo para ocultar las responsabilidades políticas en que ha incurrido el Gobierno. En un sistema democrático los actuales ministros de Sanidad, Comercio y Agricultura deberían presentar su dimisión. La credibilidad de los ciudadanos en sus administradores está en juego.