Solicitada la legalización del Sindicato Democratico de Prisiones

Un grupo de funcionarios pertenecientes a diversas prisiones españolas ha solicitado ante el Ministerio del Interior la legalización del Sindicato Democrático de Prisiones (SDP), entidad organizativa que se presenta corno alternativa a la actual Asociación Profesional de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias, por considerar que ésta «se encuentra ocupada por altos cargos y está muy vinculado a la Administración », según declararon a EL PAÍS dos miembros de la comisión gestora, Alfonso Ayarra y Juan Castaños.De hecho, en los estatutos del SDP se prohíbe la afiliación al sindicato de todos aquellos que «hayan sido designados por la Administración para ocupar en la institución penitenciaria con cargo político o de confianza, de carácter permanente y mientras dure esta situación, salvo acuerdo expreso de la comisión ejecutiva». La SDP, que durante la primera quincena del próximo mes de noviembre celebrará su primer congreso en Madrid, se declara abierta a todos aquelios funcionarios de Prisiones «que creen en la Constitución y en las libertades democráticas y que piensen que hay que cambiar la imagen social y conseguir una situación socioeconómica digna para nuestro cuerpo».

Los promotores de este sindicato creen que no les va a ser denegada su solicitud de legalización, porque ya existe un precedente, la Unión Sindical de Policías, y porque aspiran a que en el futuro estatuto de la Función Pública se les considere con iguales derechos y obligaciones que a los restantes miembros de la Administración pública, incluido el derecho a la huelga.

En su declaración de principios, el SDP puntualiza que «no nos planteamos exclusivamente objetivos reivindicativos, sino que abordaremos también aquellos aspectos que colaboren a un mayor servicio a toda la sociedad española, en general, y a la población reclusa, en particular». Entre otras cosas, exigirán la creación de un cuerpo de asistentes sociales para el interior de las cárceles, así como la atención al delincunente, una vez le sea concedida la lirtad. «En Inglaterra, Francia y EE UU», señalaron los citados jortavoces de la comisión gestora «existe la posibilidad de que el preso que ha estado trabajando durante los años en que cumplía la condena en el interior de la cárcel pueda cobrar un seguro de desempleo una vez en libertad. Nosotros deseamos una regulación similar en España».

En nuestro país existen alrededor de 5.000 funcionarios de Prisiones y la proporción con la población reclusa está estimada en un funcionario por cada doscientos presos.