Los pactos autonómicos incluyen un acuerdo, hasta ahora secreto, para sanear el Ayuntamiento de Barcelona

Los acuerdos autonómicos firmados el pasado viernes por el Gobierno, UCD y PSOE serán un verdadero balón de oxígeno para el Ayuntamiento de Barcelona, cuya situación financiera es, desde hace años, la peor entre las corporaciones locales españolas. Fuentes próximas al PSOE han informado a EL PAIS que, junto a los textos firmados y ya publicados íntegra o parcialmente, los pactos incluyen un acuerdo que sacará de la penuria a la hacienda barcelonesa. Este pacto, hasta ahora secreto, no es ajeno en su lectura política a la rivalidad entre los socialistas, que controlan el Ayuntamiento, y los nacionalistas de Jordi Pujol.

Según las citadas fuentes, cuya información no ha sido confirmada ni desmentida en los medios del Ayuntamiento y de la Administración consultados por este periódico, el «acuerdo por el que se aprueban determinadas medidas en relación con la situación económico- financiera del excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona» ha requerido menos tiempo de negociación que los anteriores. Su principal impulsor ha sido el propio alcalde, Narcís Serra, a quien algunos ambientes políticos catalanes consideran muy probable participante en la próxima carrera hacia la presidencia de la Generalidad.El texto iba a ser inicialmente firmado por el Gobierno y el PSOE, con carácter bilateral, al igual que el acuerdo sobre tributos locales. Sin embargo, la ausencia final de comunistas, aliancistas y nacionalistas llevó a incluirlo en, el paquete sometido a negociación general, integrado por los principales acuerdos: el político-administrativo, que limita el número de las autonomías; el económico-financiero, que armoniza el proceso, y el proyecto de ley de fondo de compensación territorial, que prevé para 1982 el reparto territorial de 180.000 millones de pesetas de inversión pública en proporción favorable a las zonas más deprimidas.

Su contenido es más positivo para el Ayuntamiento de Barcelona que las soluciones barajadas a finales de mayo, cuando la Corporación atravesó incluso por dificultades para pagar las nóminas y llegó con Madrid a un principio de acuerdo. Se trataba, por una parte, de cubrir parte del déficit de 1980 con un crédito de 6.000 millones de pesetas, negociado entre Hacienda, Banco de Crédito Local y bancos y cajas, en el que la Administración se haría cargo de los intereses, y por otra, de cubrir el déficit de 1981 con garantías y mayores transferencias de la Administración.

Compromisos

La solución acordada ahora sigue casi al pie de la letra y llega a ser incluso más generosa que las recomendaciones de la comisión interministerial creada al efecto en marzo pasado. Se basa, muy en resumen, en los siguientes puntos:

- Crédito extraordinario con cargo a los Presupuestos del Estado por valor de 8.009,3 millones de pesetas, para cubrir el déficit real de 1980.

- Compromiso de que los ministerios de Hacienda y Administración Territorial estudiarán la fórmula más conveniente para cubrir el déficit ordinario de 1981. Las soluciones estarán en función con el previo cumplimiento por el Ayuntamiento de una serie de medidas, entre ellas las exigidas por la comisión interministerial mencionada, el acomodo paulatino de las retribuciones de los funcionarios locales a las de la Administración civil del Estado (el programa deberá concluir a finales de 1983), someter el presupuesto de inversiones a una comisión de seguimiento y control de los compromisos adquiridos, y pacto de liquidación de deudas del Ayuntamiento con la MUNPAL, con un mínimo de 2.000 millones en 1981.

- Autorización al Banco de Crédito Local de España para que refinancie los intereses y amortizaciones que debía haber pagado el Ayuntamiento a 30 de diciembre de 1981, así como los previsibles a 31 de diciembre próximo, procedentes de los tres últimos años. Las condiciones de la operación serán 11,20% de interés y cinco años de amortización, a partir de enero próximo.

Estos acuerdos serán complementados con las previsiones del acuerdo general para las corporaciones locales, y especialmente con las relativas a la financiación del déficit por transportes públicos. En efecto, el transporte público es el principal origen de los déficit anuales del Ayuntamiento de Barcelona que, además de los transportes de superficie, tiene municipalizado el Metro. Como ya se ha informado, además de prever un futuro impuesto municipal para financiar el déficit de los transportes públicos de superficie (podrá alcanzar hasta un máximo del 0,50% del valor catastral atribuido a la vivienda en la contribución territorial urbana), el acuerdo señala que los Presupuestos Generales del Estado pagarán el 50% de las pérdidas de dichos transportes en 1980, el 40 % de 1981 y el 15 % de 1982.

Situación imposible

Según medios allegados a la Administración, el Ayuntamiento de Barcelona padece desde hace años una «situación hacendística imposible». Esta fue paliada en 1975, 1976, 1978 y 1979 por los llamados presupuestos de liquidación de deudas municipales, en los que el de Barcelona ha tenido siempre la mayor participación, y que consistieron en créditos oficiales a diez años y a devolver con los intereses por anualidades, en un 50% con cargo a los Presupuestos del Estado, y en la otra mitad con cargo a los propios ayuntamientos.

Los grandes déficit de la Corporación barcelonesa se atribuyen fundamentalmente a que es la que presta mayores servicios públicos. Además de reunir bajo su protección el Metro y el transporte urbano de superficie, tiene a su cargo un elevado número de camas de hospital, que en Madrid son soportadas en mayor medida por instituciones como la Seguridad Social, la Diputación o la Cruz Roja.

Pero son muchos quienes también atribuyen la dimensión de sus déficit a la pésima gestión de la Hacienda municipal desde los tiempos del alcalde Porcioles, que tuvo continuidad notable en la política electoralista de Socias, quien quería ganar posiciones ante las primeras elecciones democráticas. Tales actitudes crearon compromisos que deben ser arrastrados todavía cada año. Gráficamente, el ex vicepresidente del Gobierno Abril Martorell solía decir al referirse a Barcelona: «No pago déficit de ayuntamientos que tienen guardias a caballo, cascos con plumero y delirios de grandeza».

Así las cosas, el Ayuntamiento de Barcelona es probable que deje el liderazgo por déficit municipales o acorte sus distancias con otras corporaciones, que no obstante se verán también beneficiados y podrán mantener en conjunto la línea de quiebra de los aumentos crecientes. El año 1980 fue ya mejor que el anterior, cuando los déficit superaron los 50.000 millones de pesetas. En ello ha influido en gran medida el fuerte incremento de las transferencias del Estado a los ayuntamientos desde los Presupuestos de 1980 y 1981, año este en que el aumento nominal ronda el 50%.

En cualquier caso, observadores políticos apuntan que los logros del alcalde socialista de Barcelona podrían enfurecer más a los detractores de los acuerdos autonómicos, y especialmente a los nacionalistas de la Generalidad, que han quedado al margen. Hasta ahora éstos han sido los críticos más duros, junto a los nacionalistas vascos y a Fraga Iribarne, a quien parece haberle hecho mayor daño el nuevo freno que podrían suponer tras el acuerdo nacional de empleo para la operación de la gran derecha, seguida de anticipo de elecciones generales.

Ayer mismo, en unas declaraciones recogidas por la agencia Europa Press, Ramón Trías Fargas, diputado nacionalista y consejero de Economía y Finanzas de la Generalidad, afirmaba que, «sorprendentemente, la Generalidad no dispone aún de los textos completos» de los acuerdos, en lo que parece una alusión a que hay más de lo publicado.

«Las primeras cifras que cita la Prensa (véase EL PAIS del pasado domingo) permiten hacer una valoración negativa», dice Trías, «del Fondo de Compensación Interterritorial. Desde luego, son muchas las formas para acabar de empobrecer a España, y UCD, como corresponde a un partido débil, ha escogido la más fácil y la más rápida».

Según Trías Fargas, el 7,41% de participación de Cataluña en los 100.000 millones de pesetas del Fondo de Compensación ha sido obtenido (2.304 pesetas por habitante en Cataluña, 15.782 en Extremadura) «saltándose la letra y el espíritu de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y, desde luego, del Estatuto de Autonomía. La letra -porque de otros índices que prevé la ley, como sería el caso del nivel mínimo de servicios y déficit de equipamientos que favorecen concretamente a Cataluña- se salta el espíritu, porque, por ejemplo, cuando se habla de saldo migratorio se tiene en cuení a únicamente la emigración, que representa ciertamente un índice de pobreza en favor de Extremadura y Andalucía, pero no de la inmigración, que representa un índice de riecesidades de inversión pública en regiones como Cataluña. Se da también poca importancia al índice de paro.

Defensa del ministro de Hacienda

Declaraciones como las anteriores han provocado una réplica del ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, quien dijo ayer a la agencia Efe que la ley del Fondo de Compensación entrará en las Cortes antes del día 1 deoctubre próximo, junto a los Presupuestos del Estado para 1982, y que tiene un efecto redistributivo importante. «Esto», añadió, «no quiere decir que vayamos a empobrecer a las regiones ricas para enriquecer a las pobres, ya que la aplicación del efecto redistributivo se hará de tal forma que ninguna región resulte perjudicada respecto a los niveles actuales de inversión. Ninguna región perderá nivel económico».

En opinión de García Añoveros, la ley del Fondo no es más que un desarrollo de la LOFCA, si bien ésta determinaba que un mínimo del 30% de las inversiones públicas se incluirían en el Fondo, y se ha llegado al 40% de las inversiones reales, no sobre el total de los 825.000 millones. Recordó que queda el 60% de las inversiones, el cual, aunque se distribuirá con criterios de solidaridad, atenderá a la política económica general del Gobierno.