La pesca y el uso de la fuerza

El español lleva muchos años preguntándose qué es lo que sucede con nuestros barcos pesqueros que cada dos por tres son apresados, vituperados y sancionados. ¿Ha podido, puede o podrá España hacer algo para paralizar tales hechos?Pues bien, estos hechos, que no dudamos en calificarlos de atropellos que van contra las más elementales normas del derecho internacional, o, mejor dicho, los países que los realizan se trasladan a la época de las cavernas, donde la norma se regía por la del garrote, ante la pasividad más absoluta del Gobierno español, continúan corroborando nuestra afirmación de que seguimos poniendo en práctica la política del sparring.

Actuación de la Comunidad y de Marruecos

Aunque en ciertos aspectos el problema es diferente y el atropello es aún mayor por parte de los países de la Comunidad, el hecho de llegar al apresamiento sin base jurídica alguna, no nos queda más remedio que introducir en el mismo saco tanto a aquéllos como a Marruecos, pues la ilegalidad es común a ambos.

Como preguntárselo a los países de la Comunidad y/o a Marruecos sería exponerse a recibir la callada por respuesta, nos vamos a dirigir a los responsables del Gobierno español para que nos digan en qué norma del derecho internacional se basan esos países para proceder al apresamiento constante de pesqueros españoles y, en el caso de que tal norma no exista -yo tengo la total y absoluta certeza de que no existe, y pocas veces somos tan tajantes-, ¿por qué España no contesta a la fuerza con la fuerza?

No me vale que me pongan por ejemplo que un país tan fuerte como Estados Unidos optó por someterse a la arbitrariedad del Perú cuando, como país pionero, se adelantó a ampliar su zona económica a doscientas millas, ya que el caso no admite comparación.

Olvidándonos de un arma tan poderosa como el Convenio de Londres sobre la Pesca de 1964, la pesca realizada por Estados Unidos en la plataforma continental peruana no tenía la importancia que para España tiene el pescar donde, de forma tradicional e in veterada, siempre lo ha hecho, y el dejar de faenar en esos caladeros supone la ruina de una riqueza económica que no tiene parangón en aquel país. Por otra parte, un enfrentamiento con el Perú podría haber tenido unas consecuencias políticas, entre Hispanoamérica y Estados Unidos de gran magnitud, que hubiesen perjudicado enor memente a este último país. Además, si comparamos el valor obtenido por Estados Unidos en pesca con el gigantesco mercado que la totalidad del continente americano supone para el Tío Sam, aquél resulta insignificante.

El uso de la fuerza

En derecho internacional siempre se ha considerado que el apresamiento de un buque en tiempo de paz, del que no haya sospechas fundadas de que sea pirata o esté practicando el contrabando, es un acto de guerra o, al menos, de uso de la fuerza. Ante el uso de la fuerza, cualquier país está autorizado por la Carta de las Naciones Unidas, en legítima defensa, para contestar con la fuerza.

Un caso reciente, que encaja perfectamente en él contexto que estamos estudiando, es el del buque mercante norteamericano Camagüez en aguas de Birmania. Estados Unidos, ante el apresamiento de dicho barco, no dudó un instante: dando un golpe de mano, rescató el buque mediante un desembarco realizado por sus fuerzas armadas. Nadie dijo una palabra y se encontró la acción de guerra como normal, a pesar de que el Camagüez era sospechoso de transportar contrabando de guerra.

La Constitución española

En virtud de la Constitución, uno de los cometidos de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía española. Pues bien, el apresamiento de un buque que enarbola el pabellón español -nos vamos a olvidar de los ametrallamientos y de los asesinatos- es un acto ilegal de fuerza que atenta clarísimamente contra la soberanía española.

Luego la pregunta es: si el rescate en la mar de un barco español, que ha sido ilegalmente apresado por una potencia extranjera, viene apoyado por la Carta de las Naciones Unidas y por la Constitución española, ¿cómo es posible que las Fuerzas Armadas permanezcan cruzadas de brazos ante tanto ultraje de la soberanía española?

Esta pregunta se la hago a los ministerios de la Presidencia, Asuntos Exteriores, Agricultura y Pesca y de Defensa, en la seguridad de que si demuestran que nuestra tesis es errónea habrán aliviado a todo el pueblo español y, en especial, al mundo pesquero, de un interrogante que les tiene confundidos, avergonzados y sumidos en una gran tragedia.

Si el problema es insoluble no tendrán más remedio que resignarse y buscar soluciones por otros derroteros.

Conclusión

Siendo enemigo acérrimo del uso de la fuerza y de la violencia desearía que la política a seguir por el Gobierno español fuese la siguiente:

1. Tratar de que se apliquen los principios del derecho internacional.

2. Demandar a las partes que nos están perjudicando ante el Tribunal Internacional de La Haya, con base en los principios del derecho internacional y en el Convenio de Pesca de Londres de 1964.

3. Tratar de convocar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta que con menos motivos otros países lo han hecho, obteniendo con ello grandesventajas, por ejemplo, Panamá.

4. Debemos de olvidarnos del arbitraje, de la negociación, de la represalia y otros medios pacíficos como la retorsión, admitidos en el derecho internacional, en la seguridad de que no servirían para nada.

5. Amagar con la fuerza, en el caso de que el Consejo de Seguridad no encuentre razones suficientes para su convocatoria, para lo cual la Armada española debería acompanar a nuestros pesqueros constantemente, evitando el apresamiento si por la fuerza un país extranjero tratase de apresar uno de nuestros pesqueros.

6. Ante estos hechos, el peligro de enfrentamiento bélico sería lo suficientemente grave que el Consejo de Seguridad no tendría más remedio que ser convocado. La mayoría de los quince países que lo forman votarían una resolución favorable a España -no olvidemos lo propicio de la ocasión, puesto que España es miembro en la actualidad de dicho Consejo- y Francia, ¡nuestros entrañables amigos los franceses!, y/o el Reino Unido se verían obligados a usar el derecho de veto, lo cual supondría una gran victoria moral para España, que, a no dudar, reportaría ventajas indudables a nuestro país, como lo fue para Panamá el veto que se vio obligado a usar Estados Unidos durante la convocatoria del Consejo de Seguridad que tuvo lugar en Panamá en 1973.

Tenemos muy pocas esperanzas de que el Gobierno español conteste a la opinión pública las preguntas hechas, pero sería interesante que la oposición las recogiera y se las plantease ante el Congreso de los Diputados.

Al Gobierno español y a Europa le debemos recordar lo siguiente:

La democracia espaflóla está tambaleándose y, por lo menos, está sufriendo bruscas sacudidas. En 1936 acabó por derrumbarse y sobre sus detritos se fraguó la segunda guerra mundial. Demos robustez a la economía española por aquello de que la economía y la política son inseparables y en el desmoronamiento de la democracia española de 1936, el delito por omisión lo cometieron las que presumen ser las grandes democracias europeas, y en la actualidad son autores del delito internacional, por comisión, del hundimiento de una muy importante parte de la economía española.

Marruecos también debe dirigir sus pensamientos en este sentido, sin olvidarnos de nuestros hermanos los portugueses.

Y que conste que no nos olvidamos de la picaresca de nuestros pescadores, picaresca que es usada por todas las flotas pesqueras del mundo, en mayor o menor grado, pero que no justifican jamás el uso de la fuerza, sino el sentarse, si presumimos de civilizados, alrededor de una mesa para discutir las infracciones.