El juez admite a trámite las querellas presentadas contra la inmobiliaria Promocisa

El juez encargado de las querellas presentadas por los afectados por la presunta estafa inmobiliaria de Promocisa, en las urbanizaciones que estaba construyendo en Móstoles, Torrejón de Ardoz y Villalba, ha aceptado éstas a trámite, y ha comenzado a citar a todas las partes implicadas en el tema y que aparecen, en el texto de las querellas, como presuntos responsables. Los responsables de Promocisa, por su parte, hicieron público ayer un comunicado, dirigido a los medios informativos, en el que insisten en ofrecer todo su patrimonio empresarial a cambio de una solución al problema.

Una vez que el juez encargado del caso ha admitido a trámite las querellas presentadas por los casi 3.000 afectados por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y alzamiento de bienes, comenzará una larga serie de citaciones a todos los implicados, que podría comenzar, incluso, antes de que comiencen las vacaciones oficiales de la Justicia, en el mes de agosto.Los representantes de los compradores afectados y sus asesores celebraron en la tarde de ayer una prolongada entrevista con el secretario general del PSOE, Felipe González, quien manifestó su decisión de exigir con toda firmeza al Gobierno una toma de posición pública respecto al problema de Promocisa, en función de las innegables responsabilidades políticas que le corresponden en virtud de sus actuaciones. También declaró la intención de que el Grupo Parlamentario Socialista acelere la respuesta del Gobierno a la interpelación parlamentaria presentada, con el objeto de que pueda verse la misma en los primeros días de septiembre, cuando se reanude el período de sesiones.

Los responsables de Promocisa hicieron llegar ayer a los medios informativos una carta en la que insisten en que la solución al problema planteado está en el convenio que había sido suscrito con la Administración y que el nuevo ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Luis Ortiz, no ha querido reconocer, tras su toma de posesión. Ese escrito es la primera reacción de los responsables de Promocisa después de que los afectados se hayan decidido a la presentación masiva de querellas contra ellos.

En la carta, enviada a los medios informativos a través de sus abogados, los tres socios de Promocisa, Josefa Polo, Luis Constantino Jiménez Redondo y Saturnino Divasson, hacen historia de la sociedad regentada por ellos y aseguran que, en los quince años en los que ha estado funcionando la empresa, han promovido la construcción de 25.000 viviendas, todas ellas en el área de influencia de Madrid. De ese número, sólo 2.500 están «en construcción, a la espera de poder ser entregadas a sus adquirentes».

La investigación hecha por el abogado del Estado Santiago Marín, a instancias del Gobierno, centra, para los responsables de Promocisa, la posible solución al caso, en base al convenio suscrito con posterioridad y al ofrecimiento, reiterado por éstos en distintas ocasiones, de todo su patrimonio para poder hacer frente a la falta de liquidez de la sociedad, motivo inmediato de la paralización de la construcción de las viviendas.