Terrorismo, pueblo y justicia

Está fuera de toda duda que el gran reto que tiene planteado ahora nuestra sociedad es combatir de forma urgente y eficaz el terrorismo -sea cual fuere su origen, signo o naturaleza-, y que para ello es necesario hacer más, mucho más, que proferir enérgicas repulsas o estallar en unánimes condenas.Imprescindible resulta que todos y cada uno de nosostros -¡los ciudadanos que nos dimos la democracia!- tomemos el compromiso de defenderla directa y personalmente, utilizando para ello todos los medios legales que nos concede la Constitución que aprobamos el 6 de diciembre de 1978.

Uno de esos medios -quizá el más eficiente dentro de un Estado de derecho- sea el derecho a participar en la administración de la justicia que haya de aplicarse a quienes atentan contra la vida de las personas y la pacífica convivencia social, máximos bienes ultrajados constantemente por el terrorismo. La defensa de estos valores no puede ni debe quedar confiada exclusivamente a unos jueces profesionales, por probos y competentes que sean, tal y como si el resto de los ciudadanos fuéramos indiferentes o incapaces.

Piénsese, por ejemplo, que las mujeres, que componen una parcela muy numerosa e importante de nuestra sociedad, en la que empiezan a reivindicar los derechos que secularmente les habían sido negados, carecen prácticamente de representación activa y directa en la justicia profesional, al haber muy pocas de ellas ejerciendo funciones de magistrado, juez o fiscal.

De ahí la enorme importancia práctica y profundo contenido ético-social que tiene el artículo 125 de la Constitución, al consagrar el derecho de los ciudadanos (¡que son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna!) a participar en la justicia penal a través del jurado y, por tanto, en los procesos por terrorismo y bandas armadas.

Recientemente se ha creado, dentro del ámbito penal de la Audiencia Nacional -tribunal considerado ya por algunos como jurisdicción especial continuadora del de Orden Público-, una nueva sección que, según anunció a la Prensa el Gobierno, iba a estar dedicada a conocer y juzgar delitos de terrorismo, y compuesta exclusivamente por magistrados profesionales, puesto que el prometido y obligado desarrollo legislativo del jurado sigue en «ignorado paradero»...

Con esta actitud, el actual Gobierno no ha hecho más que hacerle el juego, una vez más, a los tradicionales contestatarios del jurado, que basan su elitista oposición en la desconfianza y desprecio que les merece la denominada «masa de ignorantes» que componemos la inmensa mayoría de los ciudadanos que no somos jueces de carrera

Participación en la justicia penal a través de jurados

Sin embargo, no debiera olvidarse que aún están muy frescos los ecos del denominado Manifiesto de la Libertad, leído ante el pueblo congregado en España con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas, que subrayó categóricamente que «el pueblo no se ha conformado con ser espectador, sino que se sabe protagonista de su historia y que quiere comportarse como tal». Si esto es cierto, y si también lo es -tal y como se proclamó públicamente- que «un auténtico grito de ¡Viva España! no encierra una verdad distinta que el de ¡Viva la Constitución! -, quién -nos preguntamos- será capaz de negar ahora a nuestro pueblo -¡que tantas muestras de altísimo comportamiento cívico ha venido mostrando con su serenidad y cordura a través de los múltiples y variopintos avatares sufridos por nuestro incipiente desarrollo democrático! - su derecho a participar en la administración de justicia penal -que es la justicia por antonomasia por la calidad de los valores que comporta- a través del tribunal del jurado, representación de la suprema función de hacer justicia mediante la ordenada simbiosis de elemento jurídico-profesional, con la diversidad de otras inteligencias, culturas, profesiones, oficios y experiencias que conforman realmente una expresión más completa de nuestra sociedad.

Y es precisamente por ello que desconocer y callar obstinadamente la participación de los ciudadanos en la justicia, mediante el jurado, en los nuevos proyectos legislativos preparados por el Gobierno para su próxima deliberación parlamentaria (ley de Enjuiciamiento Criminal y ley Orgánica del Poder Judicial), o tan siquiera seguir retrasando el compromiso formalmente asumido de desarrollar pronta y adecuadamente el artículo 125 de la Constitución, resulta especialmente doloroso en estos momentos, por cuanto es una nueva forma de despreciar los valores democráticos, impidiendo a los ciudadanos defenderlos y reiterar, una vez más, su decisión de vivir en una sociedad libre, justa y pacífica.

Cuando se dé al pueblo la oportunidad que viene reclamando, de responder a la llamada en favor de la democracia por el camino de su participación en la justicia penal, será precisamente cuando habremos encontrado una nueva y válida fuente para vigorizar la colaboración ciudadana frente al terrorismo.