La adhesión de España a la CEE puede retrasarse hasta 1985

La adhesión de España a las Comunidades Económicas Europeas (CEE) puede retrasarse, como mínimo, hasta 1985 si las negociaciones sobre el capítulo agrícola no se inician seriamente el próximo otoño, lo que parece, de momento, muy difícil. Esta es la opinión que ha podido recoger EL PAIS en medios próximos a la Comisión Europea.

Las negociaciones se encuentran en la actualidad totalmente paralizadas, y Madrid limita sus actividades a un nuevo contacto, a nivel diplomático, con París para intentar aclarar el alcance del incidente Chandenagor, ocurrido el pasado lunes. La repentina dureza de la posición francesa, que además de seguir bloqueando la discusión agrícola planteó como condición previa a la discusión del informe industrial la aceptación por parte de España del impuesto sobre el valor añadido desde el momento mismo de la entrada en vigor del tratado, sorprendió por igual a los españoles y a los miembros de la Comisión Europea, que esperaban exactamente lo contrario. Tanto es así que, al parecer, el presidente del Consejo de Ministros, lord Carrington, preguntó a su colega francés, Claude Cheysson, si la postura de Chandenagor era compartida por todo el Gobierno de París, a lo que Cheysson respondió que sin ninguna duda.Sin embargo, el problema principal no lo plantea, a juicio de expertos españoles, la situación del capítulo industrial o fiscal, sino que la imposibilidad de avanzar en las negociaciones sigue procediendo de la negativa francesa a discutir siquiera aspectos laterales del informe agrícola. Las mismas fuentes señalaron que el Gobierno de Madrid debía ser consciente del enorme interés que tiene la CEE en las cuestiones relativas al IVA, interés que no es exclusivo de París.

Si la posición francesa no experimentara un cambio considerable el próximo otoño-tal y como, al parecer, el presidente del Gobierno, Calvo Sotelo, creyó haber entendido a FranQois Mitterrand-, los negociadores españoles se encontrarían frente a tres posibilidades: considerar que el nuevo retraso está injustificado y regresar a casa hasta que la CEE resuelva sus problemas y se decida a llamar a Madrid de nuevo, lo que parece descabellado dada la situación política y económica española; realizar un cambio total de estrategia y acudir a Bruselas con «las cartas en la mano» exponiendo unilateralmente la auténtica postura negociadora de España, lo que descartan los responsables de la misión, o, tercera posibilidad, continuar como hasta ahora, manteniendo una fuerte presión sobre Francia a todos los niveles. Algunos expertos españoles estiman que una buena forma de aumentar esa presión sería presentar el próximo mes de septiembre un documento completo sobre el capítulo agrícola, de forma que el Consejo de Ministros comunitario se viera obligado a responder o a cometer un gesto difícilmente de recibo en términos diplomáticos.

La posibilidad de seguir bloqueando el capítulo agrícola español aparece relativamente fácil para Francia. El próximo mes de noviembre, los jefes de Gobierno y de Estado de los diez se reunirán en Londres para discutir las reformas internas de la Comunidad (el llamado mandato de 30 de mayo), pero nadie espera que los diez lleguen a ninguna solución en lo relativo a la política agraria común (PAC).