La ley de la Función Pública, necesidad urgente para el proceso de regionalización de la enseñanza
La ley general de la Función Pública es una necesidad urgente del proceso de regionalización de la enseñanza en España, en opinión de Ramón Martín Mateo, catedrático de Derecho Administrativo y ex rector de la Universidad del País Vasco, que en la segunda jornada del seminario sobre la «Regionalización de la enseñanza en España y en la América Latina», que tiene lugar esta semana en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, disertó ayer sobre el tema Competencias territoriales sobre educación en el Estado de las autonomías.
En opinión del profesor Martín Mateo, la ausencia de dicha ley, si no llega a entorpecer profundamente el proceso, sí que puede estar contribuyendo a oscurecerlo, facilitando ciertas incomodidades, preocupaciones y hasta alguna que otra tensión entre los funcionarios de la enseñanza de las comunidades autónomas.Una ley de la función pública que el ponente contempla como un imprescindible marco general de referencia que permita a todos conocer las reglas del juego y que siente las bases para la garantía del principio constitucional de la igualdad de todos ante la ley lleva implícita la garantía de la necesaria uniformidad de derechos de todos los funcionarios, sin excluir, por supuesto, aspectos tan importantes como el de las retribuciones. En el posterior coloquio se suscitaría el inevitable problema de la actual inquietud del funcionariado respecto al mantenimiento de su derecho a la movilidad, es decir, de qué se va a respetar en el derecho de los funcionarlos de las comunidades autónomas para trasladarse de un territorio a otro del Estado. Esta garantía del derecho a la movilidad de los funcionarios, en opinión del ponente, es uno de los primeros y fundamentales aspectos que la futura ley de la función pública debe contemplar.
El profesor Martín Mateo hizo una exposición comparativa de los diversos modelos de organización territorial de la enseñanza, empezando por el «sistema centralizado integral», que tiene sus raíces en la Revolución Francesa y que está impregnado, consecuentemente, del principio soberano de la igualdad. El sistema francés, introducido en España por las Cortes de Cádiz, se asentó en nuestro país y constituye todavía el esquema dominante.
En segundo término, el conferenciante se refirió al «sistema nacional de gestión centralizada», característico de los países nórdicos, como Suecia, y cuyo rasgo esencial consiste en que la cúspide del poder marca las pautas de organización del sistema educativo, pero que abre ciertas posibilidades de flexibilización, particularmente en el ámbito municipal. Los verdaderos operadores inmediatos del sistema, en este caso, son las entidades municipales.
Finalmente, el ponente expuso los rasgos del sistema federal, característico de la República Federal de Alemania, donde el Estado central asume una mera función coordinadora. Constitución sanciona la soberanía educativa de los lander, los cuales, a través de una conferencia de ministros responsables de la educación, arbitran permanentemente las fórmulas necesarias de cooperación entre los diversos Estados.
El profesor Martín Mateo señaló la trascendencia del Estatuto de Centros Escolares como importante marco de referencia para la iniciación del proceso de regionalización de la enseñanza en España. Afirmó, a este respecto, que la sentencia del Tribunal Constitucional, en relación con las competencias educativas previstas inicialmente por el Estatuto de Centros, dibuja con bastante claridad el camino por el que, inevitablemente, va a discurrir el proceso de regionalización de la enseñanza.
La visión general del profesor Martín Mateo sobre los pasos iniciados es bastante optimista, ya que la aproximación de las responsabilidades educativas a la comunidad social tiene que producir excelentes frutos en muy poco tiempo, aunque él observa una inexplicable ausencia del planteamiento del papel que va a corresponder a los municipios en todo este proceso de regionalización. Martín Mateo cree que «el municipio es el gran olvidado en todo el complicado debate que comporta la puesta en funcionamiento de la descentralización educativa.
Virgilio Velasco, vicesecretario de educación y cultura de Alianza Popular, mantuvo, en la sesión de la tarde del lunes, un vivo debate con los cursillistas de este seminario, al suscitar el polémico tema de la libertad de enseñanza en el contexto de su exposición sobre el programa educativo de Alianza Popular.
La posición de AP ante la cuestión de la regionalización de la enseñanza es clara: hay un énfasis especial en la concepción de la autonomía educativa desde postulados que parecen reclucir la cuestión a los términos de una mera descentralización administrativa y un énfasis también en la permanente defensa de la «indisoluble unidad de la nación española», que el ponente de esta ocasión parece ver amenazada si no se matiza suficientemente el sistema de regionalización que se arbitre para el futuro.
Virgilio Velasco insistió mucho en las dificultades que, en su opinión, puede generar el problema lingüístico. «Hay que hacer una distinción», dijo, «entre lo que significa enseñar la lengua de la región, con lo que esto puede comportar, y de hecho com porta, de discriminación para los que no la conozcan ».
«Dudo mucho, por ejemplo», afirmó, «que la física nuclear pueda ser aplicada en las lenguas vasca o catalana».
