El Ayuntamiento aprueba el presupuesto de inversiones con el voto en contra de UCD

El presupuesto municipal de inversiones, cuya cuantía es de 19.247 millones de pesetas, fue aprobado ayer por el pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el curso de una sesión extraordinaria, en la que el grupo de concejales de UCD votó en contra, e incluso su portavoz, José María Alvarez del Manzano, anunció que está dispuesto a hacer uso del artículo 110 de la ley de Procedimiento Administrativo, para que el Consejo de Estado se pronuncie sobre la validez del acuerdo plenario.

El programa de inversiones se desarrollará durante el bienio 1981-1982, y la mayor parte del presupuesto, el 80%, será destinado a las delegaciones de Obras y Servicios Urbanos, Saneamiento y Medio Ambiente y Gerencia Municipal de Urbanismo. Se trata de equipar correctamente a los barrios más desfavorecidos de la ciudad, construir viviendas municipales y crear reserva de suelo. En palabras de Alonso Puerta, portavoz del grupo socialista, la realización del programa significa la plasmación de la política municipal de izquierdas, anunciada en la campaña electoral.José María Alvarez del Manzano rechazó el expediente en base a defectos formales (no existen los proyectos técnicos de cada una de las obras programadas, no se conoce la carga financiera exacta ni el tipo de interés, tal como exige el decreto de 5 de junio de este año sobre presupuestos de inversiones), y, en cuanto al contenido del programa, tuvo calificativos de electoralismo, demagogia y fantasmagórico.

Joaquín Leguina, concejal responsable de Hacienda, defendió el programa de inversiones asegurando que es uno de los proyectos más ambiciosos de este Ayuntamiento por cuanto va a intentar modificar las desigualdades urbanísticas e, incluso, sociales que caracterizan esta ciudad. «UCD está haciendo aquí la oposición de la póliza, porque nosotros hemos respetado la legalidad, aunque omitiendo las puntitas de la ley UCD sabe también», continuó Leguina, «que el Reglamento de Haciendas Locales está totalmente obsoleto. No podemos precisar cuál va a ser la carga financiera, porque hay varias clases de interés. En cuanto a los proyectos técnicos, cualquiera que efectúe una inversión pública sabe que esos proyectos no pueden estar totalmente terminados en el momento de la aprobación del presupuesto. Pienso que hay que adaptar la legalidad a la realidad, y en base a esta idea hemos realizado el expediente».

Alonso Puerta, portavoz del grupo socialista, añadió que UCD había presentado una enmienda al programa de inversiones de la que el equipo de gobierno ha recogido el 25 % de las propuestas, pese a conocer previamente que UCD votaría finalmente en contra. «No ha habido ninguna demagogia ni electoralismo en la realización del programa, porque lo único que se ha considerado es eI mapa de necesidades. Los recursos municipales son escasos y hay que elegir entre las actuaciones más urgentes».

Eduardo Mangada, portavoz comunista, pidió que se cortara el ya lar o debate y se pasara a la votación. « Lo único que está aquí claro es que UCD», dijo Mangada, «tiene una clara voluntad de que el equipo de gobierno municipal no tenga capacidad de dirigir. Es la primera vez que se hace un programa pormenorizado y la oposición carece de base legal y de razón para echar atrás un programa tan ambicioso ».

Realizada la votación, con el resultado de 32 síes y quince nos, Alvarez del Manzano hizo uso de la palabra para referirse a su disconformidad con el expediente aprobado y para anunciar que «dada la duda jurídica que le planteaban las condiciones en que el expediente había salido adelante», haría uso del artículo 110 de la ley de Procedimiento Administrativo, para que el Consejo de Estado se pronunciara sobre la legalidad o ilegalidad del plan de inversiones aprobado.

Legalismos en lugar de los dos tercios

Si la exigencia de que al menos dos tercios de la Corporación hubiera seguido en vigor para sacar adelante el presupuesto de inversiones aprobado ayer en el Ayuntamiento madrileño, es totalmente seguro que un programa de la envergadura de este hubiera quedado paralizado. Sin embargo, el real decreto de 16 de enero de este año y el ele 5 de junio, en los que se establecen medidas de régimen jurídico sobre las corporaciones locales, posibilitan la adopción de acuerdos por mayoría simple en temas presupuestarios de forma que la amenaza de paralización ya anteriormente utilizada por la oposición del Ayuntamiento madrileño ha dejado de preocupar a la mayoría que forma el gobierno municipal.No obstante, la tranquilidad de actuación de los gobiernos municipales queda fuertemente amenazada por las disposiciones legales que se desarrollan en el decreto-ley de 5 de junio, en el que se establecen tal cantidad de requisitos que su cumplimiento supone, cuando menos, un notable retraso en la realización de los proyectos. Ya cuando se hizo público el decreto de junio, un portavoz del equipo de gobierno calificó su texto de obstaculizador, por cuanto la exigencia de memorias detalladas, certificaciones de los ingresos de financiación o precisión de los intereses, supondría, cuando menos, grandes retrasos y dificultades legalistas.

La oposición de UCD en el Ayuntamiento de Madrid ya utilizó el mecanismo de los el os tercios como arma arrojada con ocasión de la aprobación del presupuesto especial de la Gerencia Municipal de Urbanísino de 1979. En aquella ocasión, los concejales ucedistas se negaron a abandonar el salón de plenos municipal y se negaron a volver a él (y, con ello, a posibilitar la marcha normal del Ayuntamiento), en tanto no llegara a un acuerdo con la mayoría de izquierda en el tema de la presidencia de juntas de distrito.