El "Libro Blanco de la Justicia" aborda con seriedad los males de la organización judicial

El llamado Libro Blanco de la Justicia, que aborda de una manera sistemática, por primera vez en muchas décadas, los crónicos problemas de organización y de funcionamiento de la administración judicial española, fue presentado ayer a los medios informativos en la sede del Consejo General del Poder Judicial. Federico Carlos Sainz de Robles, presidente del órgano de gobierno de la Magistratura española, resaltó ante los periodistas que el plazo de ejecución de las medidas propuestas no debe exceder del año 1982, habiendo sido evaluado su coste en unos 50.000 millones de pesetas, que deberían ser absorbidos en el próximo presupuesto del Estado.

Elaborado con afán de rigor y autoexigencia, el llamado Libro Blanco de la Justicia, que constituye en realidad la primera memoria sobre el Estado y actividades de la justicia que el Consejo General del Poder Judicial envía al Gobierno y a las Cortes Generales, ha tenido en cuenta, según manifestó el portavoz de dicho organismo, Gonzalo Casado, la actual coyuntura económica de España, lo que no obsta para que «estemos ante un horizonte esperanzador de apoyo al Poder Judicial, sin ningún tipo de cicaterías, ya que los temas de defensa, educación y justicia, al menos en el mundo occidental, son prioritarios en cuanto a temas de Estado». Con el Libro Blanco, el Consejo General del Poder Judicial pretende poner fin a una política de medidas parciales que sólo son parches de discutible eficacia, y plantear y resolver los problemas de la Administración de Justicia con una óptica general y exhaustiva.Sin complejos, el Libro Blanco -un volumen de cerca de cuatrocientas páginas, dividido en cinco grandes capítulos- entra a fondo en las causas de la crisis de confianza en la justicia, analizando la duración y costes del proceso, el estado de la oficina judicial, que perpetúa en lo sustancial el estilo del siglo XIX, tanto en su instalación como en su organización, las condiciones del personal al servicio de la Administración de Justicia -con especial atención a los médicos forenses-, las relaciones con el ministerio fiscal, los abogados y los procuradores, así como el estado de las leyes procesales. Igualmente se abordan temas particularmente conflictivos, como los problemas específicos derivados de los estatutos de las comunidades autónomas, el jurado y las relaciones entre justicia e información. En este último aspecto, el Libro Blanco subraya que «en momentos como el presente, en que tenemos por principal objetivo la ardua tarea de reforma y modernización de la Administración de Justicia, el Consejo General necesita de la asistencia de la opinión pública, y es obvio que los medios de comunicación de masas tienen un papel decisivo a la hora de concitar esa asistencia».

Objetivos de la reforma

Los objetivos inmediatos de la reforma, que el Consejo General del Poder Judicial aborda «desde el serio compromiso de contribuir al fortalecimiento y prosperidad del Estado social y democrático de derecho y desde la función que la Constitución le asigna», se centran en tres grandes apartados: demarcación judicial, medios personales y materiales de la justicia e instrumentación normativa. La primera es calificada de anacrónica, y ha dado como resultado la existencia de órganos judiciales al borde del colapso, junto a otros que, racionalmente, han de ser suprimidos. El Libro Blanco, desde la perspectiva del máximo rendimiento sin mengua de las garantías procesales y del acercamiento de la justicia al justiciable, expone algunas soluciones que van desde la creación de nuevos juzgados a la supresión de otros y reducción de plantillas, pasando por el reforzamiento de algunas salas y secciones de audiencias.En cuanto a los medios personales, el Libro Blanco resalta la escasez del número de jueces con que cuenta actualmente España, que es, sustancialmente, idéntico al de hace un siglo (en la actualidad existen unas ochenta vacantes que, unidas a las que se produzcan cuando se cubran las 35 plazas de juzgados de familia que comiencen a funcionar en septiembre próximo, serán unas 125). En este terreno se proponen cinco tipos de plantilla de personal auxiliar, debidamente retribuido, con el fin de que la oficina judicial se adapte, en cuanto a productividad y eficiencia, a las necesidades del justiciable. El Consejo General del Poder Judicial estima que para cubrir adecuadamente las previsiones sobre demarcación y plantillas sería suficiente con la íntegra dotación presupuestaria de la ley de 16 de noviembre de 1979. Esta ley prevé la siguiente plantilla total: 1.310 jueces, 358 fiscales, 1.051 jueces de distrito, 343 fiscales de distrito, 843 secretarios, 1.116 secretarios de juzgados de distrito, 571 médicos forenses, 3.802 oficiales, 5.700 auxiliares y 3.433 agentes.

En cuanto a los medios materiales, el Libro Blanco hace un estudio de los locales, tanto de los existentes como de los que se necesitan para órganos judiciales de nueva creación, e insiste en la necesidad de dotarlos del mobiliario y utillaje indispensables para el funcionamiento de una oficina moderna. Respecto a la instrumentación normativa, es decir, nuevas leyes procesales, tanto civil como penal, el Consejo espera la decisión del Parlamento, pero ha articulado sus propuestas en forma tal que puedan ser acogidas por las nuevas disposiciones sin incidir en aumentos de gasto público.