Las minorías nacionalistas, invitadas a participar en la negociación autonómica

Delegaciones de los cuatro partidos mayoritarios no consiguieron el pasado domingo, después de reunirse por espacio de nueve horas, un acuerdo definitivo sobre el desarrollo autonómico. Subsisten discrepancias entre UCD, PSOE, PCE y AP sobre las relaciones entre las comunidades autónomas y las diputaciones, así como en torno al sistema para elegir a los miembros de las asambleas.

Los partidos mayoritarios, que volverán a reunirse el próximo miércoles para tratar de eliminar diferencias en torno a estas cuestiones, han decidido invitar a los partidos nacionalistas a estas negociaciones. Calvo Sotelo telefoneó el domingo a Garaikoetxea para que designe a una persona que pueda sumarse a las negociaciones en representación del PNV. Un ofrecimiento similar recibió ayer, a través de Juan Rovira, el líder de Convergencia y presidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol. Asimismo, los principales partidos del Estado han acordado consultar con sus organizaciones regionales el contenido de estas negociaciones.La participación del PNV se presenta difícil. Todo está pendiente de una conversación que habrá de celebrar Marcos Vizcaya, el hombre en quien ha delegado Garaikoetxea, con el ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa. Los nacionalistas condicionan su presencia, según manifestó ayer Marcos Vizcaya a EL PAÍS, a recibir garantías de que podrán incidir en los acuerdos y que no son convidados al humo de las velas.

Las relaciones entre el Gobierno y el PNV atraviesan momentos difíciles, como quedó en evidencia durante la entrevista que sostuvieron la pasada semana Calvo Sotelo y Garaikoetxea. Según fuentes nacionalistas, Calvo Sotelo no se siente vinculado a los pactos de interpretación sobre el Estatuto de Guernica que suscribió en su día Adolfo Suárez, y se atiene a una interpretación literal de texto autonómico. El malestar del PNV se ha visto incrementado por el conocimiento del informe de los expertos sobre la economía en las comunidades autónomas, informe que técnicos del partido nacionalista han calificado de «malo y preocupante».

En la cumbre del domingo quedó también de manifiesto que existen divergencias sobre otras cuestiones además de las relativas a las relaciones de las comunidades autónomas con las diputaciones y al sistema electoral para los Parlamentos. En efecto, los partidos mayoritarios no han llegado a acuerdos sobre otros dos aspectos: la inviolabilidad de los miembros de los Parlamentos autónomos y el voto de censura constructivo para la hipotética sustitución de un Gobierno autónomo.

Sin embargo, los participantes en la cumbre señalaron que se había avanzado en las negociaciones y que el gran pacto autonómico no es inviable. Manuel Broseta, secretario de Estado para las comunidades autónomas, manifestó que se había dialogado «en un clima de voluntad y entendimiento, que permite hallar soluciones satisfactorias para todos los grupos políticos».

Críticas del PCE y AP

María Izquierdo, secretaria de política autonómica del PSOE, declaró a su vez que se había producido un gran avance «que tiende a garantizar y asegurar el proceso autonómico español». Las valoraciones más críticas fueron realizadas por portavoces del PCE y AP. los partidos que se han incorporado recientemente a las negociaciones iniciadas hace varias semanas por UCD y PSOE.

Así el comunista Enrique Curiel señaló que su partido mantiene el criterio de máxima proporcionalidad en el sistema electoral y está en desacuerdo con el principio de que un presidente de Diputación pueda ser elegido por mayoría simple y, en cambio, se exija mayoría absoluta para su cese. Otro dirigente del PCE, Carlos Alonso Zaldívar, manifestó ayer a Efe que nadie puede pedir a los comunistas que cierren su espectro electoral y se rompa su partido.

Los representantes de Alianza Popular en la negociación, Álvaro Lapuerta y Jorge Verstrynge, insistieron en que es necesario reformar el título VIII de la Constitución. Los portavoces aliancistas insistieron en que su partido rechaza el criterio de que la inmunidad sea considerada un privilegio de los parlamentarios y no de las Cámaras.

Paralelamente, el presidente de AP, Manuel Fraga, criticaba en Castellón la iniciativa de solicitar un dictamen técnico sobre las autonomías. «Es intolerable» , dijo, «que un Gobierno inexperto se lanzara a hacer unas autonomías, para cuatro años después tener que pedir un dictamen de cómo se hacen las autonomías. Esto es la más notable revelación de incompetencia que ha dado la historia de los Gobiernos españoles en los últimos dos siglos».