Los obispos recuerdan a los católicos que no pueden hacer uso de la ley de Divorcio

«Lamentamos seriamente la aprobación de una ley que daña gravemente la estabilidad del matrimonio y deja además de manera tan amplia al arbitrio de los cónyuges la disolución del mismo»,dice la nota sobre el matrimonio y el divorcio de la Comisión Permanente de los obispos españoles. La declaración, que no quiere ser un documento sobre la ley de Divorcio, sino una reflexión sobre las consecuencias que de él se derivan para los católicos, ofrece, sin embargo, un primer juicio sobre la recien aprobada ley de Divorcio.

Su valoración crítica es doble: por un lado, la nueva ley introduce «un modelo de familia inestable y temporal que contradice el modelo canónico hasta ahora vigente, estable y permanente», comentaba el portavoz del episcopado, Antonio Montero. Los obispos han luchado consecuentemente por el reconocimiento legal de un doble tipo de matrimonio: el canónico y el civil, al que no tendrían acceso los católicos. En segundo lugar, lamentan la ausencia de la cláusula de dureza que hubiera dado más atribuciones al juez en casos de matrimonio con mutuo acuerdo.El portavoz de los obispos manifestó que el documento ha sido aprobado por unanimidad. EL PAÍS, sin embargo, ha podido saber que los puntos conflictivos fueron aprobados por mayoría, imponiéndose por primera vez en la Comisión Permanente este tipo de decisión. En el segundo punto del documento, donde se hace una valoración de la ley de Divorcio, había partidarios de un texto más amplio en que se dejaba constancia de que tal ley vulnera los derechos del matrimonio canónico, tal y como queda determinado en los acuerdos entre la Iglesia y la Santa Sede. Díaz Merchán, alterando los usos del colectivo, pidió votación sobre su inclusión, ganando la mayoría favorable a una suavización del texto.

La ley es, sin embargo, un hecho, y el presente documento se centra en las consecuencias para los católicos del nuevo modelo de familia aprobado. En efecto, la experiencia en otros países con leyes semejantes anuncia lo que va a ocurrir en España: que va a haber católicos que se casen sólo por lo civil y que no van a faltar católicos con matrimonios deshechos que se acojan a la susodicha ley y luego se vuelvan a casar.

En la medida en que «estos fracasos matrimoniales no siempre comportan una pérdida de la fe», como decía Antonio Montero, se plantea una delicada situación para tales creyentes, puesto que, de acuerdo con la normativa canónica existente, estos católicos se encuentran en una situación irregular. El documento recuerda a los fieles católicos que «no pueden hacer uso en conciencia de las posibilidades civiles que les brinda la ley de Divorcio», ya que el matrimonio canónico es indisoluble.

El documento no detalla en qué consiste esa irregularidad, pero es sabido que los católicos casados sólo por lo civil o los divorciados que se vuelven a casar no pueden acercarse a la eucaristía ni al confesonario. Los obispos se muestran dispuestos a encontrar una solución pastoral que respete las exigencias canónicas y se haga cargo de la situación de los afectados.

Para desarrollar todas estas circunstancias, los obispos anuncian un próximo documento-guía que se hará público en la asamblea plenaria del mes de noviembre. Este nuevo documento, cuyas grandes líneas han sido ya pergeñadas, recogerá el material elaborado desde hace dos años por la comisión de pastoral y que no había sido hasta ahora tomado en consideración por demasiado aperturista. Para la elaboración del mismo se tendrá en cuenta el documento publicado por los obispos italianos en abril de 1979, calificado por Antonio Montero como «espléndida pastoral de los obispos italianos», pero que en Italia provocó una considerable polémica porque no todos entendían que se tratara de un texto innovador.

El Papa no vendrá a España

Otro punto tratado ha sido el del proyectado viaje del papa Juan Pablo II a España. Durante estos días se han sucedido repetidas informaciones provenientes de la comisión permanente en el sentido de que el Papa vendría a España. En la declaración final se habla de «una prudente reserva sobre la posibilidad de que llegue a realizarse en las fechas previstas». Bajo esta formulación eufemística se esconde el convencimiento de los miembros de la comisión permanente de que el Papa no podrá ya realizar su viaje a España en octubre del presente año.