Maniobras dilatorias de la izquierda municipal para conseguir la contratación de 25 asistentes sociales

La contratación administrativa de veinticinco asistentes sociales levantó ayer una larga polémica en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, por cuanto la aprobación del expediente estuvo a punto de quedar aplazada al no estar presente suficientes concejales socialistas y comunistas (se necesitaba la mayoría absoluta) para ello. Las maniobras dilatorias del equipo de gobierno hasta que llegaran al salón más concejales hicieron posible que el expediente fuera aprobado por 31 votos a favor y 18 en contra.

El concejal centrista Felipe Martín explicó el voto en contra de su grupo en base a que desconocen las directrices de la política sanitaria municipal y que mientras que no estén informados no pueden colaborar en contrataciones de esta clase. Una advertencia del secretario de la Corporación en el sentido de que en la sala solamente se encontraban veintinueve concejales socialistas y comunistas, y que hacían falta al menos dos más para completar la mayoría absoluta que requería el tema desencadenó una larga serie de intervenciones encaminadas a conseguir tiempo para que llegaran los concejales suficientes hasta completar el número necesario como para lograr que el expediente saliera adelante.Concejales socialistas y comunistas comenzaron a pedir el uso de la palabra para explicar la urgente necesidad existente en sus distritos de que las asistentes sociales fueran contratadas. Media hora después de iniciadas las exposiciones de los presidentes de junta, entraban en la sala los concejales socialistas González Escribano y Valentín Medel, con los que se completaba el número necesario para aprobar la contratación.

El portavoz centrista, José María Alvarez del Manzano, reaccionó con una violencia verbal poco usual en él ante la pérdida de una votación que en un principio consideraba ganada. Acusó al equipo de gobierno de falta de respeto a las formas democráticas y habló de que las contrataciones que en ese momento se habían aprobado suponen la entrada de forma irregular de gentes adscritas a determinados partidos que acaban con la categoría de funcionarios sin haber realizado oposiciones.

Los 2.500 funcionarios de José Luis Alvarez

Alonso Puerta, portavoz socialista, recordó al pleno que precisamente fue José Luis Alvarez, último alcalde digital, quien, antes de abandonar el Ayuntamiento, envió una carta de despedida a 2.500 trabajadores de la Casa de la Villa en la que les recordaba que habían entrado como contratados y, sin oposición, quedaban con categoría de funcionarios. «Alvarez del Manzano», dijo Puerta, «es un insensato al hablar de estos temas, porque los 2.500 funcionarios de José Luis Alvarez entraron por la puerta falsa».Felipe Martín intentó desviar el tema denunciado por Puerta al pedir que se dejara el problema, ya que ellos estaban más que escamados de ver cómo se estaban haciendo las contrataciones en el Ayuntamiento, especialmente las que conciernen a Sanidad.

Enrique Tierno, tras una larga serie de intervenciones en las que la acritud de las mismas alcanzaba cotas casi insólitas, pidió que se cortara el debate y se pasara a la votación. Efectuada ésta, con 31 votos a favor y 18 en contra, varios concejales tuvieron que retornar a la recién abandonada sala de sesiones, porque los siguientes expedientes eran sobre contrataciones y requerían también la mayoría absoluta de la sala.

Cuando ya la sesión parecía que se desarrollaba por sus cauces normales, un grupo de unas veinte mujeres sentadas en la tribuna pública interrumpió la sesión cuando, puestas en pie, comenzaron a proferir gritos contra el gerente municipal de Urbanismo y a exhibir pancartas en las que exigían la construcción de 190 viviendas en el poblado Roger de Flor, de Carabanchel, donde se construirán cuarenta menos de las previstas porque el suelo en que éstas se iban a levantar ha sido destinado para un mercado municipal. Enrique Tierno ordenó la expulsión de las mujeres, con la amenaza de enviarlas a la policía gubernativa. El grupo de mujeres esperó en la plaza de la Villa la salida del alcalde, con las pancartas extendidas y formando un cordón que cubría las puertas de salida. No obstante, el alcalde abandonó el Ayuntamiento por una puerta trasera.

Un cambio en la denominación de la avenida de los Caídos, en el pueblo de Vallecas, por el nombre de García Lorca, supuso una protesta de UCD por «errores en el expediente». El punto fue aprobado con el voto en contra de la oposición municipal.

Al finalizar el orden del día, la concejala Ana María García Armendáriz suscitó un nuevo debate, al protestar públicamente por el falseamiento de datos que, según ella, hizo el concejal presidente del distrito de Villaverde, García Horcajo, quien el día anterior había encabezado una manifestación de protesta por el incumplimiento de las promesas hechas por el Ministerio de Educación respecto a la construcción de nuevas plazas escolares en la zona. Ana Garcia Armendáriz aseguró que las promesas se estaban cumpliendo y que los retrasos se habían producido porque los solares cedidos por el Ayuntamiento no reunían las condiciones apropiadas.

Las intervenciones del equipo de gobierno tuvieron como objetivo el asegurar que el Ministerio de Educación sigue una política obstruccionista de cara al Ayuntamiento, de forma que los representantes municipales, aparezcan ante los vecinos como responsables de los incumplimientos de la Administración central.