Los países más pobres de la CEE acogen con escepticismo el proyecto de reforma comunitaria

La Comisión Europea hizo público ayer en Luxemburgo el proyecto de reformas de la CEE, que deberá ser discutido a partir del próximo otoño por los diez países miembros del Mercado Común Europeo. El documento, de veinticinco páginas, ha sido acogido con cierto escepticismo por los países más pobres de la CEE, porque la Comisión no ha pedido al Consejo de Ministros que aumente en un tanto por ciento concreto el actual nivel de los recursos propios, que está fijado en el 1% de los ingresos estatales en concepto de impuesto sobre el valor añadido (IVA).Los catorce comisarios, que aprobaron el mandato por unanimidad, se limitan a considerar que «la actividad comunitaria no podrá ser desarrollada si, de una forma artificial, el presupuesto de la CEE sigue limitado por ese techo de los recursos propios».

Italia, Grecia, Irlanda y Dinamarca son los países teóricamente más interesados en el aumento del famoso 1%, mientras que Francia y, sobre todo, la República Federal de Alemania, que es quien más paga en la actualidad, se oponen rotundamente. El Reino Unido se limita a barrer para casa y continúa exigiendo que su aportación al presupuesto comunitario sea reducida considerablemente, dado que el Reino Unido no se beneficia casi de la política agraria común. En la conferencia de Prensa que concedió ayer el presidente de la Comisión, Gaston Thorn, arremetió contra un cierto renacimiento del nacionalismo-económico, que se detecta en los países de la CEE, y consideró que los comisarios no se habían excedido en el cumpli miento del mandato entregado por el Consejo de Ministros el 30 de mayo de 1980 porque no es posible encarar la actual problemática de la Comunidad desde un punto de vista exclusivamente contable. «La CEE», dijo Thorn, «no es sólo un mero presupuesto anual».

En términos generales, las reformas propuestas por la Comisión son las siguientes: política de precios agrícolas fundada en la aproximación de los precios comunitarios a los de los principales países competitivos, exportación más activa, favoreciendo los contratos a largo plazo y establecimiento de objetivos de producción teniendo en cuenta la situación del mercado internacional producto por producto y consecuente adaptación (es decir, moderación) de la política de precios de garantía. Para las regiones más pobres que generan productos excedentarios se estudiaría la introducción de ayudas directas a los ingresos de los agricultores.

Thorn aludió al desafío que supone la ampliación de la CEE, es decir, el ingreso de España y de Portugal, y señaló que debían ponerse en evidencia los problemas de la agricultura mediterránea buscando una política común de mercados y de estructuras que permita mejorar la situación actual.

Esta búsqueda debería fundarse en los principios de equivalencia y de equidad, es decir, en la no discriminación de los productos mediterráneos en el conjunto de la PAC, y en la necesidad de que los cambios que deban introducirse no impliquen un deterioro de las condiciones existentes para los otros productos. Algo así como un imposible, sobre todo si el Consejo de Ministros sigue negándose a aumentar los recursos propios del Mercado Común, porque parece muy difícil destinar más dinero a los productos mediterráneos.

La ayuda, tal vez, podría venir de forma indirecta a través de los fondos regional y social. Para el primero, la Comisión estima que deben introducirse modificaciones importantes, de forma que los programas se concentren más sobre las regiones desheredadas. El fondo social, por su parte, debería tener objetivos más ambiciosos y no limitarse al mero reciclaje de trabajadores de sectores en crisis.