Los carros blindados continúan en las calles de Casablanca
Una dura polémica enfrenta ahora en Marruecos a Gobierno y oposición tras la huelga general organizada el pasado sábado y los violentos disturbios que originó, cuyo balance oficial asciende a 66 muertos, mientras que la oposición habla de más de doscientos.
Los edificios públicos de Casablanca y Rabat seguían ayer vigilados por carros de combate, mientras dirigentes de la central única obrera, Confederación Democrática del Trabajo (CDT) y de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), detenidos el domingo, permanecían encarcelados.Todo tipo de rumores circulaba ayer por Casablanca, capital económica del país, desde la inminenteauración de un toque de queda hasta la próxima convocatoria de una nueva huelga general de 48 horas.
La oposición, sin embargo, no parece proyectar ninguna nueva acción revindicativa, aunque sus dirigentes lanzan duras acusaciones contra el Gobierno, omitiendo, intencionadamente, cualquier mendel rey Hassan Il. A las críticas formuladas el lunes por la USFP desde París -su secretario general, Abderrahim Buabib, se encuentra en la capital francesa- se añadieron ayer las del buró político deI Partido del Progreso y del Socialismo (PPS, comunista).
El PPS pidió ayer la "dimisión del Gobierno", que "asume colectivamente la entera responsabilidad de la situación explosiva", y exigió su sustitución por un Gabinete de izquierdas.
Paralelamente, el Gobierno, por boca del ministro del Interior, Driss Basri, afirmó el lunes por la n en una reunión celebrada en Casablanca con diputados y representantes de los empresarios, que "arecos nunca permitiría a nadie atentar contra su dignidad y su reputación" porque sería un coportamiento de "alta traición".
Según la agencia de prensa oficial Map, los parlamentarios solicitaron al Gobierno una actitud de "mayor firmeza contra todos aquellos que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos".
La única nota de distensión corrió a cargo del editorial publicado ayer por el diario Al Maghrib, órgano del Partido de los Independientes (gubernamental), en el que se insiste en la necesidad de promover "un nuevo diálogo", que debe desarrollarse en un clima ée "concordia e indulgencia".
El miedo de que la tensa situación interna repercuta negativamente en la guerra del Sáhara occidental es compartido por todas las fuerzas políticas.
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