El acuerdo sobre empleo es la rampa del relanzamiento econonuco español, según García Díez

«El acuerdo sobre empleo es la rampa del relanzamiento económico español», según el ministro de Economía, García Díez. Pocas veces la capacidad de ilusión de un acuerdo ha dado unos resultados aparentemente tan esperanzadores como ha ocurrido con el recientemente firmado acuerdo nacional sobre el empleo. Durante semanas y semanas, en los últimos años, los españoles han vivido, masoquistas, revolviéndose entre los datos de una depresión cada vez más ilustrada: más paro, más inflación, más incertidumbre, más suspensiones de pagos, más tristeza... De repente, la Bolsa sube en progresión casi geométrica y entra en el sistema económico aire nuevo. Y se empieza a decir que hay posibilidades de que en un futuro no muy lejano toda la gama de desgracias anteriores comience a restar puntos: menos paro, menos inflación, etcétera. Y el brevaje mágico que parece haber aunado estas expectativas dicen que se llama acuerdo nacional sobre empleo. Esta medicina, ¿cura de verdad las enfermedades orgánicas o simplemente despeja los malestares psíquicos de la depresión económica?

Juan Antonio García Díez, ministro de Economía y Comercio, aporta aquí sus respuestas a todo ello. García Díez lleva cuatro años de ministro, excepto un intervalo de cuatro meses de destierro, por disidencia con Abril Martorell. Y pocas veces se ha sentido tan sinceramente satisfecho, con ganas de contagiar su buena nueva: todavía quedan esperanzas.-Pregunta. Desde un primer momento se ha distinguido entre los efectos psicológicos y los efectos reales del acuerdo nacional sobre el empleo. Para el ministro de Economía, ¿cuáles se pueden destacar entre los primeros?

Respuesta. Efectivamente, hay que diferenciar el propio contenido del acuerdo de sus efectos psicológicos, del hecho de que haya un acuerdo entre Gobierno, patronal y centrales sindicales. Esto último indica que cuando el país se enfrenta con situaciones difíciles responde bien, que las instituciones tratan de resolver juntas los problemas. Para el español medio, el que hayamos sacado -y utilizo el plural, no refiriéndome al Gobierno, sino a todos los interlocutores- adelante un acuerdo que era muy difícil de negociar tiene que darle esperanza.

P. ¿Es esta la esperanza que ha repercutido para que en los últimos días haya una cierta euforia -que arrecia con la subida de las bolsas en los medios económicos del país?

R. Yo creo que sí, que han coincidido un buen número de sucesos positivos que han sido suficientes para que la gente recobre la esperanza perdida. Se han juntado una figura que inspira respeto y confianza, como es la del presidente Calvo Sotelo; unos elementos internacionales que no son malos, sobre todo comparando con pasados tiempos, como son los de que el petróleo va a pasar un año de estabilidad en los precios e incluso de rebaja, aunque yo personalmente no creo mucho en grandes rebajas. Cada dólar que baja el barril, para nosotros es un alivio importante; se junta también el hecho del acuerdo sobre el empleo, que en el terreno económico da unas expectativas claras. La mezcla de todo esto ha producido un cierto cambio a favor en la atmósfera. Los españoles están hoy un poco más optimistas

P. Volviendo al acuerdo sobre el empleo y a sus efectos directos, es decir, a la posibilidad de creación de 350.000 puestos de trabajo. ¿Por qué esa cifra?

R. El compromiso del Gobierno es claro: que a finales de 1982 la población asalariada global sea la misma que ahora. Se estima que esto requiere crear 350.000 puestos de trabajo para sustituir a los que se pierdan durante el período. Esto es sólo una estimación; puede ser posible crear menos puestos de trabajo si se destruyen menos. 350.000 empleos es el máximo previsible de pérdida. A priori no se puede asegurar cómo se generarán esos puestos de trabajo, pero sí se puede montar una política económica que lo facilite.

P. ¿Y cuál es esa política económica? ¿En qué difiere de la aplicada hasta el momento?

R. En primer lugar, la inversión pública que figurará en los Presupuestos Generales del Estado, que todavía están sin terminar, pero que se estima en un incremento de 150.000 millones de pesetas, alrededor del 23 % más que en 1981. Hay que pensar que estamos pensando en un año con menos inflación, lo que quiere decir que en términos reales supone un incremento superior. Dentro del propio acuerdo hay mecanismos previstos que crean directamente empleo; por ejemplo, los contratos subsidiados para quien está en el desempleo o los contratos en formación o en prácticas para jóvenes, sobre los cuales se harán convenios concretos con las organizaciones empresariales; por ejemplo, el mecanismo establecido de jubilación a los 64 años, que va ligado al principio de que el que sale de una empresa es sustituido por otro trabajador, etcétera. Después está lo que para mí es más importante: la capacidad del sector privado de crear empleo porque se le ha fijado un marco más favorable que el que había hasta ahora. El Gobierno está dispuesto a asumir, aunque no lo dice el texto del acuerdo, un compromiso de política económica que consiste en que en 1982 el crédito al sector privado crezca tres puntos por encima de la inflación que prevemos, es decir, que haya un crecimiento real del crédito de tres puntos. Esto da un margen muy importante para la inversión privada, que, por otra parte, está ya reanimándose algo, aunque en cifras muy modestas todavía. En 1980 tuvimos formación bruta de capital positiva y este año seguirá así. Para hacer posible este objetivo de tres puntos de crecimiento real del crédito hay que actuar en algunos terrenos: el déficit presupuestario, dejándolo entre 3,6 y 3,8 puntos del PIB; también tenemos que moderar el crecimiento de los gastos de la Seguridad Social, para que el incremento se quede por debajo del 14%; y si tenemos mejoras en la recaudación que nos permitieran financiar más gasto, en vez de hacer esto último, se descargarían las cuotas, además del 1 % a que nos hemos comprometido en el pacto. Hay otro punto que tampoco aparece en el texto del acuerdo y es que en la nueva ley de Presupuestos vamos a introducir algún estímulo fiscal al ahorro y a la inversión, y concretamente un sistema de cuentas de ahorro bloqueadas con desgravación fiscal para los pequeños y medianos ahorradores, que es un sistema que funciona en Alemania desde hace algún tiempo y que lo hace bastante bien. Por último, vamos a intentar acercar los tipos de desgravación que hoy hay en inversiones, que privilegian mucho a unos tipos de inversión respecto a otros. Por supuesto, también vamos a tratar de que el presupuesto inicial y el presupuesto final se parezcan lo más posible...

P. ¿Y los costes financieros?

R. En este momento se puede afirmar que las medidas de liberalización del pasado mes de enero no han venido acompañadas de una subida en el coste del dinero con carácter general. Pensamos que, si se mantiene una situación monetaria como la prevista, no hay motivos para que haya subidas significativas del coste del dinero. Sería deseable que se frenase un poco el crecimiento de los tipos pasivos, en donde quizá hay un exceso de competencia por captar recursos, que presiona sobre el sistema. Pero este freno se debe producir en la libertad del mercado, sin dar, por supuesto, marcha atrás en la liberalización del sistema.

P. ¿Y cómo está evolucionando el sector público en cuanto a creación de puestos de trabajo?

R. El sector público siempre está creando puestos de trabajo. Ha creado puestos de trabajo en la Administración y ha creado empleo a través de la inversión pública directa e indirecta. Es dificilísimo cuantificar esta cifra de empleo, lo que si se puede es afirmar que, como tendencia, por la inversión pública directa se generaran bastante menos puestos de trabajo de los que figuran en el acuerdo que a través de la inversión privada. Lo que ocurre es que con los contratos subsidiados se puede hablar de decenas de miles de empleos.

P. ¿Qué gana y que pierde el Gobierno con este acuerdo? ¿Cuál es el coste de la operación?

R. El Gobierno ha ganado una base más clara para aplicar su política económica y una atmósfera esperanzadora de que las cosas pueden ir mejor. También gana puntos en la lucha contra la inflación. En cuanto a lo que pierde, hay que corregir el verbo; ni más que decir qué pierde, hay que decir qué pone. Bueno, pues pone una pérdida de libertad en algunas decisiones porque las compromete ya, pone 350.000 millones de pesetas para la Seguridad Social, pone un compromiso a exigir de empleo y una amplia participación de las centrales sindicales en varias instituciones, lo que lleva consigo para estas últimas un empuje para su consolidación. En cuanto al coste en pesetas para el Estado, está la diferencia de lo que hubiéramos puesto en Seguridad Social si no hubiera habido acuerdo, que son 25.000 millones de pesetas menos; en cobertura y subvenciones a contratos de desempleados, el 40% de las medidas extraordinarias, que son de 15.000 a 20.000 millones de pesetas; el compromiso de situar a los funcionarios en el tope menor de la banda salarial, es decir, en el 9%, que pueden suponer otros 12.000 millones. Este es el tipo de costes directos que, desde el punto de vista presupuestario, el acuerdo puede suponer.

P. ¿Hay pactos secretos con las centrales o con CEOE, laterales al mismo acuerdo?

R. Respecto a lo que se ha dado en llamar el «pacto secreto» con las centrales sindicales, he de decir que, al margen y después de la firma del acuerdo sobre empleo, establecimos con las centrales sindicales que en los proyectos de presupuestos de los próximos tres años se incluiría una partida de ochocientos millones de pesetas para apoyar la consolidación sindical. Yo creo que España necesita sindicatos fuertes y que ahora y en el futuro inmediato es conveniente apoyar el desarrollo sindical. Y me parece que hay pocas formas más claras y más legales de hacerlo que a través de un presupuesto que tiene que aprobar las Cortes. Esto no afecta al destino definitivo que se dé al patrimonio sindical, ni a los derechos que otros, sean organizaciones empresariales, sea el Estado, tengan sobre ese patrimonio. A quien afecta es a las propias centrales, que verán disminuida cualquier liquidación futura en la cuantía de las subvenciones que se les conceden, y que durante tres afios renuncian a reclamar la liquidación del patrimonio. Y en cuanto a edificios vacíos, lo que decimos es que, previa negociación, se asignarán en usufructo a organizaciones de empresarios y trabajadores, lo que parece razonable.

P. ¿Qué mensaje se les puede ofrecer al millón y medio de parados que hay ahora de que van a volver a trabajar en algún momento cercano de su vida?

R. Hay un doble mensaje. En pnmer lugar, estamos tratando de cubrir y proteger mejor a quien desgraciadamente está parado; segundo, estamos invirtiendo la tendencia de la economía. Durante los dos o tres últimos años la economía ha estado destruyendo empleo; lo que estamos buscando ahora es frenar la destrucción de empleo, para luego empezar a crear empleos netos. Siempre hemos dicho que el problema del paro no le vamos a poder resolver en dieciocho meses; lo que estamos haciendo es sentar bases ... » .

P. Todo esto está muy bien, pero al parado no le sirve de mucho decirle que a partir de dentro de dos años empezará a tener esperanzas de trabajo...

R. Bueno, lo que ocurre es que los parados no siempre son los mismos: entran y salen. Hay muchísima movilidad, el millón y medio de parados de hoy no son los de hace tres meses, ni los de dentro de un año. Aparte del componente de fraude que existe en los registros por ejemplo, hay gente que tiene trabajo y está registrada en la oficina correspondiente porque quiere un trabajo mejor. La estadística cuenta a estas personas como registrada en busca de empleo...

P. Casi por último, cabe hacerse la pregunta de ¿qué hubiera ocurrido si no hubiese habido pacto? ¿No hubiera expresado el Gobierno exteriormente un similar optimismo?

R. De ningún modo. Las perspectivas hubieran sido, sin la menor duda, peores, y a mayores elementos de incertidumbre, el Gobierno hubiera tenido que aplicar una política presupuestaria y monetaria bastante más dura. Los salarios se hubieran movido en niveles más altos y ni siquiera hubiéramos tenido la seguridad de estar conservando el poder adquisitivo porque la inflación hubiera sido más alta, hubiéramos tenido más desempleo, expulsando más gente del sistema productivo. La economía española, en resumen, hubiera contínuado en una zona de bastante atonía,