El gobernador civil de Valladolid confirma el expediente a FN

Las formaciones y realización de actuaciones de carácter paramilitar son los principales cargos incluidos en el expediente abierto por el Gobierno Civil de Valladolid a Fuerza Nueva, tras los sucesos ocurridos el pasado domingo en la segunda concentración nacional de Fuerza Joven.El gobernador Román Ledesma confirmó también ayer a EL PAIS que «hay otras cosas», aunque no especificó cuáles, y que el contenido de los discursos pronunciados en el teatro Calderón, entre ellos el de Blas Piñar, ha sido remitido al ministerio fiscal por si hubiese delito. En las intervenciones se registraron ataques a la Monarquía y se denunció la tortura de miembros de Fuerza Joven a manos de la policía.

El gobernador civil de Valladolid considera, no obstante, que la situación no es preocupante, ni ha variado desde que hace varios meses remitió la actividad de la extrema derecha en Valladolid. «Lo del domingo», aseguró, «fue un hecho aislado motivado por una reunión de carácter nacional que dio lugar a sucesos anómalos como ha ocurrido otras veces en otras ciudades. No hay motivo para la inquietud ni ha cambiado nada. Yo, al menos, no he advertido nada ni tengo datos para sospecharlo».

Ledesma precisó que no va a haber por el momento más actuaciones, «sino que estamos a la espera de que Fuerza Nueva presente su pliego de descargos y alegaciones para resolver el expediente e imponer sanciones si hubiese lugar. No hay razón para pensar», agregó, «que se vaya a producir un recrudecimiento de actividades violentas ni que vayan a variar las cosas. Pero si ocurriera, sea quien sea el que lo protagonice, actuaremos con la máxima energía para mantener el orden y la paz ciudadana. De cualquier forma, repito que no hay motivos para pensar en nada de esto».

Por otra parte, el jueves se celebró en la Audiencia Territorial un juicio contra los ultraderechistas Fernando Santander, delegado provincial de Fuerza Joven, y Jesús Martín Fernández de Velasco, por su presunta participación en el intento de agresión al gobernador civil registrado en octubre de 1979 a la salida del entierro del sargento de la Guardia Civil Recio, muerto por un ex compañero de la Benemérita en Santander. El fiscal pidió seis meses y un día de prisión menor para los acusados, y el abogado defensor solicitó la absolución de los acusados.