Los senadores de UCD afirman que no se recorta la ley de Divorcio

El portavoz de UCD en el Senado Francisco Villodres, y los ponentes centristas en la ley de divorcio Francisco Ruiz Risueño, Luciano Sánchez Reus y Alfonso Porta Vilalta, manifestaron ayer que su grupo ha respetado el proyecto tal como venía del Congreso, sin hacer más modificaciones que las decididas por la ejecutiva del partido, y siempre respetando el espíritu de la ley.Según explicaron en una reunión con informadores, se ha mantenido la coherencia con el programa de UCD, que rechaza el divorcio por mero acuerdo, y con la doctrina más actual, que tiende a la sustitución del divorcio con culpa por el divorcio por ruptura. Negaron que el Senado esté haciendo la ley más conservadora, entre otras cosas porque tampoco es cierto que el Senado sea más conservador que el Congreso.

Sobre los dos cambios principales introducidos, Villodres manifestó que se ha rescatado simplemente el texto del artículo 87 que aprobó la Comisión del Congreso, y que se eliminó accidentalmente en el Pleno. También dijo que este artículo, por el que el juez puede denegar el divorcio en ciertos casos, sólo es aplicable a petición de uno de los cónyuges, y por tanto no puede invocarse cuando existe acuerdo entre ellos, y anunció que una enmienda del senador centrista José María Pardo, que restringiría las facultades del juez, será retirada para evitar reabrir la polémica.

En cuanto a la modificación del procedimiento de mutuo acuerdo -disposición adicional sexta-, los ponentes insistieron en que la facultad que se ha concedido al juez de proponer pruebas sólo se refiere a la aprobación del convenio regulador, en cuanto afecta a los hijos, al igual que la intervención del fiscal.

Intervención obligatoria del abogado

Los ponentes centristas defendieron también la necesidad de que en el procedimiento de mutuo acuerdo sea preceptiva la intervención de abogado y procurador. Porta manifestó que «en este tema coincidimos todos, porque el procedimiento requiere una técnica, aunque puede que no sea complicada, y se trata de evitar la sobrecarga de trabajo que los posibles errores acarrearían a los juzgados».

Al insistir varios informadores en que una cosa es la conveniencia de la intervención y otra su obligatoriedad, así como en las posibles motivaciones económicas de la abogacía profesional, Risueño concedió que el tema es discutible y ha causado problemas y polémicas tanto en UCD como en el PSOE, pero advirtió que si no se tienen medios económicos se presta de oficio un servicio gratuito.

Sánchez Reus, por su parte, negó vivamente que los casos llevados de oficio puedan retrasarse por falta de atención del abogado. Finalmente, Villodres puntualizó que este tema se introdujo en el Congreso de los Diputados, ya que la cláusula no figuraba en el primitivo proyecto del Gobierno.