El Gobierno se defiende de las acusaciones de frenar las transferencias

Las duras críticas formuladas el martes por representantes del Gobierno vasco a la Administración central, por lo que ellos consideran la práctica de la política del frenazo en materia autonómica desde hace meses, fueron respondidas ayer por miembros cualificados de la Administración central. El secretario de Estado para las Autonomías, el delegado del Gobierno en el País Vasco y el director general de Desarrollo Autonómico desmintieron rotundamente que las críticas formuladas por las autoridades vascas respondan a la realidad.«Yo no tengo más remedio en un momento como éste que salir al paso de las supuestas frustraciones: lo que se ha hecho aquí en un plazo muy corto es realmente gigantesco», manifestó Marcelino Oreja.

Manuel Broseta, secretario de Estado para las Autonomías, se pronunció en términos parecidos en el curso de una conferencia de Prensa, convocada para dar cuenta de diversos temas relacionados con el Ministerio de Administración Territorial. «Sé que las palabras están gastadas, pero yo tengo que afirmar rotundamente que no hay parón autonómico en absoluto», manifestó Broseta. Lo que sucede, según él, es que al margen de los acuerdos políticos a los que se llegue en la comisión mixta están los problemas técnicos.

En esta línea de argumentación, Julio Viñuela, director general de Desarrollo Autonómico, manifestó que la mayor racionalidad que se pretende en los traspasos de competencias a las comunidades autónomas ocasiona retrasos que no son imputables a motivaciones políticas. «Después del acuerdo político viene la realización de los inventarios de inmuebles y todo tipo de bienes, hasta los más insignificantes, que van a ser objeto de transmisión», afirmó Viñuela. La transferencia de un servicio puede afectar en ocasiones a varios miles de funcionarios, lo que obliga a efectuar relaciones exaustivas sobre sus condiciones económicas, domicilio, vivienda, destino etcétera. «Cuando los decretos de traspasos se hacen mal», señaló, «la experiencia nos demuestra que la rectificación a posterior¡ es mucho más complicada».

Manuel Broseta dio cuenta en la conferencia de Prensa del estado en que se encuentran los diferente proyectos de Estatuto de Autonomía, y mostró su confianza en alcanzar el objetivo defendido por las fuerzas parlamentarias de cerrar en 1983 la fase constituyente de las comunidades autónomas.

Los estatutos

Recordó Broseta que, de los estatutos uniprovinciales están ya dictaminados por la ponencia correspondiente del Congreso, los de Asturias y Cantabria. El de Murcia está en la fase de presentación de enmiendas, y el de Rioja está pendiente de publicación en Boletín Oficial de las Cortes para que se inicie su período de enmiendas.El proyecto de Estatuto andaluz, único que se tramita por la vía del artículo 151, también se encuentra pendiente de pasar a la Comisión Constitucional, una vez que ayer la ponencia finalizó su dictamen. Antes del 1 de julio se pretende la aprobación de este proyecto para que en octubre pueda ser sometido a referéndum de ratificación, coincidiendo con las elecciones al Parlamento gallego.

El proyecto de Estatuto de Canarias está pendiente de pasar a ser dictaminado en ponencia, una vez que el pasado día 31 finalizó el período para la presentación de enmiendas, que han sido numerosas. El borrador de Estatuto de Castilla-León está en la fase final de elaboración. La asamblea de parlamentarios y diputados provinciales ha sido convocada para el día 28 de junio, y es probable que sea aprobado el proyecto. En situación similar se encuentra Extremadura.

El viernes próximo, el proyecto de Estatuto del País Valenciano será sometido al Plenario de Parlamentarios, como paso previo a la aprobación del texto por la asamblea mixta de parlamentarios y diputados provinciales. Las diferencias existentes entre sectores enfrentados de UCD no constituyen un obstáculo insalvable en opinión de Broseta. Aragón ya tiene concluido su borrador.

Castilla-La Mancha es la región más rezagada, ya que hasta el pasado día 24 de mayo no se produjo el pronunciamiento favorable de la provincia de Guadalajara. Carece de borrador de Estatuto. Baleares ha seguido un procedimiento contrario al que se ha dado en el resto de las regiones.