Vía libre a una propuesta comunista para regular la asistencia letrada al detenido

El Pleno del Congreso de los Diputados dio ayer vía libre a la tramitación de una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Comunista para la regulación del precepto constitucional sobre asistencia letrada al detenido, por 131 votos favorables, 11 en contra y 128 abstenciones. Cinco diputados centristas no siguieron la indicación de voto marcada por el representante del Gobierno, Javier Moscoso -abstención-, y se unieron al voto negativo de los seis diputados de Coalición Democrática presentes en el hemiciclo.

El ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, manifestó a EL PAIS que, aunque técnicamente la propuesta comunista es muy deficiente, el Gobierno había querido, mediante la abstención centrista, admitirla a trámite, por responder a una necesidad de justicia y a un planteamiento constitucional. Según el listado de la votación, votaron negativamente los centristas Ramón Alvarez de Miranda, Miguel Herrero, Luis Berenguer, Santiago Rodríguez Miranda y Gabriel Cisneros, alguno de ellos probablemente por error.La propuesta comunista, que fue presentada a la Mesa del Congreso unos días antes del frustrado golpe de Estado del 23 de febrero, contiene la regulación de una serie de medidas que garanticen al detenido el total respeto a su integridad física, el conocimiento de las causas de su situación, los derechos que la ley le reconoce y la forma de ejercitarlos. El comunista Josep Solé Barberá insistió en la necesidad de que se cumpla de forma rigurosa la Constitución, que en su artículo 17.3 establece con claridad que «toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca».

El centrista Javier Moscoso, que intervino en nombre del Gobierno, recordó que no sólo existe el compromiso constitucional, sino también el emplazamiento contenido en la ley que suspende determinados derechos individuales para que se elabore esta ley. Manifestó su coincidencia en la oportunidad y en la conveniencia de la iniciativa legislativa, así como su discrepancia respecto al contenido,

Moscoso estimó que la referencia a que será el abogado quien instruirá al detenido sobre sus derechos no es correcta, ya que corresponde a la autoridad que detiene instruir sobre los derechos y garantías del detenido. En todo caso, insistió en que la iniciativa era loable y que posiblemente se acumule al proyecto de ley de enjuiciamiento criminal, que próximamente remitirá el Gobierno a la Cámara.

Una proposición no de ley sobre participación de los municipios en la fijación de criterios para la distribución de los impuestos estatales fue aprobada casi unánimemente, a propuesta de la Minoría Catalana. Seguidamente, el comunista Jordi Solé Tura inició la defensa de otra proposición no de ley sobre el proceso autonómico de Canarias. Señaló que había sido presentada año y medio antes y que, por no tener sentido ahora defender la vía del artículo 151 para la autonomía de Canarias, retiraba la propuesta.

El centrista Fernando Bergasa intentó intervenir. El presidente Landelino Lavilla se lo impidió inicialmente, pero ante la propuesta de Miguel Herrero le concedió la palabra. Se produjo lo que el socialista Jerónimo Saavedra calificó de debate atípico, en el que los centristas dijeron que no se habían cumplido los requisitos del artículo 151 y la izquierda defendió lo contrario.

Interpelaciones

El ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa, manifestó ayer ante el Pleno del Congreso que el Gobierno entiende que sólo existe una nación, la española, y el término nacionalidades sólo identifica a ciertas comunidades autónomas. El ministro respondía a una interpelación de Manuel Fraga sobre la ley por la que el Parlamento catalán declaró fiesta en Cataluña el 11 de septiembre, usando los términos nación y nacional referidos a la comunidad autónoma.Manuel Fraga afirmó que esta ley, la primera aprobada por el Parlamento de Cataluña, según sus datos, tiene un lenguaje que se aparta claramente de la Constitución, y preguntó al Gobierno si no cree conveniente que sea impugnada ante el Tribunal Constitucional.

Martín Villa, tomando pie en la interpelación, expresó su deseo de dejar claros estos conceptos, según los entiende el Gobierno. Así, afirmó que no hay más nación que la española y que el término nacionalidades únicamente designa comunidades autónomas diferenciadas por razones históricas, lingüísticas y culturales dentro de la nación española.

Asimismo, aseguró que el Gobierno quiere un Estado fuerte con unas autonomías reales, eficaces y solidarias, y sobre el caso concreto de la ley catalana, puntualizó que el Gobierno está en desacuerdo con el uso de la palabra nación, que se hace en el preámbulo, y entiende que la mejor solución al problema es la ley sobre armonización del uso de estos términos, cuyo proyecto ha sido remitido a las Cortes.

Por su parte, el diputado centrista por Segovia y vicepresidente primero de la Cámara, Modesto Fraile, interpeló al ministro de Hacienda sobre los presupuestos de las diputaciones provinciales para este año. Fraile se quejó de que una orden del Gobierno fijó en 747 pesetas por persona la cantidad que las diputaciones debían consignar en su presupuesto por ingresos del impuesto general sobre tráfico de empresas, aunque luego esa cantidad subió a 1.600 pesetas, que el diputado siguió considerando insuficiente.

El ministro Jaime García Añoveros explicó que el impuesto aludido disminuyó al ser modificada la legislación; aclaró que las cifras dadas no son fijas, sino mínimos de referencia.