Nuestra asistencia psiquiátrica en los ochenta, casi un desastre
Dentro del anacronismo y el caos que, en opinión de numerosos expertos, define la asistencia psiquiátrica que padecemos, todos los sectores implicados en ella, incluso la propia administración sanitaria, reconocen el estado de subdesarrollo e inadecuación del sector psiquiátrico.Sin embargo, las necesidades de cuidados psiquiátricos de la comunidad son muy elevadas: según estimaciones restrictivas, se puede afirmar que en la comunidad existen entre un 1,5% y un 2% de enfermos mentales graves, y que aproximadamente el 10% de la población necesita de algún tipo de atención psicológica. Muchos de los trastornos psíquicos se acompañan de una situación de minusvalía psicosocial, generalmente transitoria, que en ocasiones se ve incrementada y se hace permanente por la inadecuación de la asistencia prestada.
Los recursos actuales son inadecuados e insuficientes para hacer frente a la totalidad del problema. La asistencia pública en psiquiatría está basada casi exclusivamente en instituciones psiquiátricas cuya propia existencia no corresponde a los tiempos que vivimos, ni al grado de evolución de la sociedad española, ni al de los conocimientos científicos en materia de salud mental. Según datos oficiales (1975), existen 42.858 camas de hospitales psiquiátricos. De ellas, el 55% perterece a las diputaciones provinciales; el 27%, a órdenes religiosas, y sólo el 5%, a sanidad nacional. El 45% de las camas es de construcción anterior a 1900, a las que habría que sumar, sin duda, el 24% clasificadas como de fecha desconocida (INE, 1966). Pero para su justa valoración hay que tener en cuenta que el 80% de esas camas se ve permanentemente inmovilizado durante años por un mismo sujeto (el 84% en las 6.568 camas de Cataluña).
Consultas ineficaces
Existe una profunda y real separación entre los centros de asistencia psiquiátrica existentes y las redes de asistencia sanitaria general. Las consultas de neuropsiquiatría de los ambulatorios de la Seguridad Social, dado su ambiguo planteamiento, la sobrecarga de pacientes, la escasa dedicación de los psiquiatras, y la ausencia de otros profesionales de la salud mental, resultan ineficaces y en ningún caso pueden considerarse como integrantes de una red de asistencia psiquiátrica extrahospitalaria.
Las acciones de tipo preventivo están totalmente ausentes, incluso en la dimensión de la prevención secundaria (detención y tratamiento precoz), y ello es debido no sólo a la inexistencia de servicios en la comunidad con responsabilidad sanitaria sobre ella, sino también la falta de participación de los médicos generales en las tareas de asistencia psiquiátrica y salud mental. Lo mismo se puede decir de los aspectos rehabilitadores y de los programas de educación sanitaria de la población en salud mental.
La escasez de recursos humanos cualificados, difícil de precisar en el caso de los psiquiatras por su pluriempleo y desigual distribución geográfica, es notoria en cuanto se refiere a personal colaborador no médico debidamente formado y se registra además la práctica ausencia de especialistas en planificación, programación y administración en salud mental.
De todo lo anterior se puede concluir que, en realidad, no existe un auténtico dispositivo de asistencia pública en psiquiatría que satisfaga, mejor o peor, las necesidades de la población, y lo que es peor: lo que hay establece una imagen deformada de lo que la asistencia psiquiátrica debería ser, condicionando negativamente su desarrollo.
Es difícil pensar que la situación actual pueda cambiar sin una actuación político-sanitaria que proceda desde el exterior de la propia organización asistencial. Los condicionamientos impuestos por la asistencia manicomial a los profesionales, a los pacientes, a las familias y a la sociedad en general son difícilmente modificables desde dentro. La realidad es que todos los intentos llevados a cabo desde el hospital psiquiátrico han acabado fracasando.
Dentro de las actitudes de marcado inmovilismo que caracterizan a la sociedad española, a la administración sanitaria, a los poderes políticos e, incluso, a los propios profesionales de la psiquiatría, se ocultan factores e intereses muy diversos: desde la reticencia de la Administración a asumir nuevas responsabilidades hasta el peso del sector privado en el modelo actual (el 27% de las camas de hospitales psiquiátricos son propiedad de órdenes religiosas, y la práctica privada de la psiquiatría permanece floreciente aun en la crisis económica actual.
Una de las cuestiones que dificulta la salida de este inmovilismo es la lucha del hospital psiquiátrico por seguir manteniendo su papel protagonista, lucha que muchas veces se encubre bajo actitudes aparentemente progresistas y radicales que tienden a perpetuar la discriminación y marginación del enfermo.
