Justicia y razón de Estado

Siempre deben producir satisfacción los avances y mejoras de cualquier país en el camino hacia el perfecto Estado de derecho. Por ello nos alegra que el flamante Gobierno de Mitterrand haya suprimido la Cour de Súreté de l'Etat, el discutido tribunal que creara el general De Gaulle, contra viento y marea, el 15 de enero de 1963.Pero, en nuestro caso, es una noticia especialmente grata. Nos llega la nueva desde París como auténtica agua de mayo, en un momento oportunísimo, ya que ahora vuelven a rebrotar entre nosotros las aficiones por los tribunales especiales y especializados. Se quiere olvidar lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución. Se argumenta, como es habitual en la historia, con la llamada razón de Estado.

Hace dieciocho años, los franceses aceptaron que su ordenamiento jurídico se desfigurase con el Tribunal de Seguridad del Estado. Fracasaron luego los diversos intentos de remediar el mal gaullista. El continuismo De Gaulle-Pompidou-Giscard fue más real de lo que las apariencias indicaban. Sólo ahora, con decisiones como esta, acaso comience el anunciado cambio.

Pecado original

El Tribunal de Seguridad del Estado se implantó como respuesta airada del Gobierno a una decisión del Consejo de Estado.

No cabe decir que fuera un nacimiento honorable. El presidente De Gaulle, ocho años después, evoca en sus Memorias la irritación que le produjo la manera de comportarse los miembros del alto tribunal administrativo, a los que acusa de haber cometido una «intolerable usurpación» (Mémoire d'Espoir, t. 11, p. 53).

El Consejo de Estado, en efecto, anula, el 19 de octubre de 1962, la ordenanza del día 1 de junio del mismo año, por la que se estableció un tribunal militar para juzgar a los autores y cómplices de las infracciones relacionadas con los sucesos de Argelia. Francia vivía entonces unas horas dramáticas. El 22 de agosto, en Petit-Clamart, el presidente de la República sufre un atentado y son condenados a muerte Bestien Thiry y Canal. El primero es ejecutado, pero Canal no se conforma con el veredicto y recurre ante el Consejo de Estado, máxima instancia del orden administrativo. El alto tribunal declara ilegal el procedimiento seguido, sentencia, «por haber infringido los principios generales del Derecho».

La resolución se da a conocer el 19 de octubre, horas antes de que Canal hubiera sido ajusticiado. La conciencia de la nación francesa se conmueve al conocer que otro hombre ha sido ejecutado por aplicación de una norma ilegal.

Pero el Gobierno no estaba para estas sensibilidades jurídicas y, a la salida de la reunión del Gabinete, se emite un durísimo comunicado contra el Consejo de Estado: «El carácter de una intervención que claramente sale del dominio del contencioso-administrativo, que es el propio del Consejo de Estado, y que tanto por su objeto como por las condiciones, y el momento en que se produce, compromete la acción de los poderes públicos frente a la subversión ... ». Fue tal la irritación gubernamental que por un momento se temió que el Conseil d'Etat, la venerable institución que ha elaborado el Derecho administrativo, fuese arrinconado. El profesor Rivero se ve obligado a hacer en los periódicos un alegato a favor del Consejo, explicando al gran público lo que éste ha sido y es para el Derecho francés.

Justificar lo injustificable

El Tribunal de Seguridad del Estado, que aparece tres meses después con ese pecado original de menospreciar las decisiones de un alto tribunal de Justicia, ha venido sobreviviendo a todos los intentos de acabar con él, sea durante la presidencia de Pompidou, sea durante el mandato de Giscard d'Estaing. Por ejemplo, en junio de 1970, el Senado se pronuncia por la supresión, pero la otra Cámara parlamentaria, la Asamblea Nacional, lo salva en una votación tan violenta como las que en 1963 acontecieron con motivo del nacimiento de este tribunal.

Los miembros de la Cour de Sûreté de l'Etat salen al paso de las censuras que llueven sobre ellos con argumentos que a los españoles nos recuerdan los que utilizaban aquí, por la misma época, los magistrados del Tribunal de Orden Público.

Así, el 27 de febrero de 1965, el presidente Romerio asegura que no son una jurisdicción especial, sino especializada; no dependen del Gobierno y, en un gesto de audacia, llega a retar a sus críticos con las siguientes palabras: «Yo desafío al que sea a probar nuestra dependencia respecto a alguien. Yo puedo afirmar que en ningún caso, en ningún asunto, para ningún acusado hemos recibido la menor presión, ni directa ni indirectamente ».

Pero estas bravuconerías no convencen. Creo que fue Maurois el que escribió: «Nada resulta tan ridículo como el personaje que intenta justificar lo injustificable». La lectura del libro del fiscal general Raymond Lindon Justice: un magistrat dépose ( 1975) nos ilustra acerca de lo que ha sido este Tribunal de Seguridad del Estado que Mitterrand acaba de suprimir. Los que conocimos de cerca el Tribunal de Orden Público no necesitamos de razones añadidas.

Voz de la conciencia

La razón de Estado, como otras ideas nobles, ha servido para justificar cosas buenas, cosas malas y cosas regulares. Nunca debe invocarse en vano. Nunca ha de servir para instaurar o reinstaurar un tribunal de excepción.

Los Gobiernos, sin embargo, acuden con demasiada frecuencia a la razón de Estado, hasta terminar pervirtiéndola. Ocurre así en estos últimos lustros del siglo XX, y sucedía tiempos atrás. Unas palabras de Víctor Hugo, pronunciadas el 5 de abril de 1850, son altamente significativas: «Yo soy de aquellos que no dudarán jamás entre esta virgen que se llama la conciencia y esta prostituta que se llama la razón de Estado».

El Gobierno de Mitterrand, al acabar con la Cour de Sûreté de l'Etat, ha seguido, en esta ocasión, los dictados de la recta conciencia de Francia.