La extradición de Linaza

Los JUECES franceses ha n estimado que el presunto etarra Tomás Linaza, al que se acusa de la muerte de un consejero municipal y de la de seis guardias civiles, debe ser entregado por el Gobierno francés a las autoridades españolas, y han subrayado el carácter odioso de sus crímenes y la naturaleza común de sus delitos, a los que no se puede apellidar de políticos. Es ahora el Gobierno francés el que tiene que decidir finalmente la extradición o no del acusado, y, sin duda, esta es una de las decisiones más graves sobre las que de manera inmediata se ve abocado a pronunciarse el presidente Mitterrand.La extradición de Linaza es la primera que la justicia francesa recomienda en el caso de terroristas de ETA reclamados por el Gobierno español y acusados de crímenes de sangre. Se rompe así una larga y culpable tradición inhibicionista del país vecino en la ayuda a la democracia española en su lucha contra la amenaza terrorista. La opción de Mitterrand es enormemente delicada. Si no concede la extradición podrá decirse entonces que, en efecto, hay democracias de primera y segunda categoría para el Gobierno de París. Este no tuvo empacho en entregar a las autoridades de sus respectivos países al abogado Croissant o al intelectual Toni Negri, ninguno de los cuales estaba relacionado directamente con actos de sangre y a los que se acusaba de connivencias en algunos casos menores y quién sabe si inexistentes con organizaciones terroristas. De lo que ahora se trata es de saber si los crímenes monstruosos y masivos, como aquéllos de los que se acusa a Linaza, tienen amparo detrás de la frontera de Irún, como lo tuvieron en su día a este lado los delincuentes y asesinos de la OAS, que gozaron del apoyo y la benevolencia de la dictadura franquista. No se puede decir que el tradicional derecho de asilo francés -que honra a las instituciones y a la historia del vecino país- se venga abajo o pueda sentirse amenazado si el presidente decide esta extradición, solicitada con gran bagaje de pruebas por el Gobierno español y referida a un hombre acusado de cobardes actos criminales. Sólo razones de una peculiar prudencia política que tratara de no irritar a los refugiados vascos o de evitar el contagio de la cuestión autonomista al denominado Euskadi norte podrían mover la mano de Mitterrand en sentido negativo. De nada entonces valdrían las palabras. Si esto es así, si la extradición no es concedida, nos tememos que estaríamos asistiendo al comienzo de la reedición del ominoso pacto de no intervención, que arrojó en la pasada guerra civil a los demócratas españolas a la derrota frente a la sublevación fascista. ¿Qué más quieren en efectivo los líderes del golpismo en este país que la demostración de que no existe solidaridad internacional en Europa frente a la amenaza armada del terror contra las instituciones democráticas españolas?

La extradición de Linaza debe concederse, no obstante, también con garantías por parte de las autoridades españolas. Lo sucedido en el caso Arregui y el triple homicidio de Almería, que reúne todas las apariencias de un infame y repugnante crimen, pueden servir de excusa al radicalismo abertzale para demostrar la brutalidad de algunos miembros de los cuerpos de seguridad españoles, y orquestar con ello una campaña contra la extradición. Pero, excusas aparte, ambos casos -y tantos otros más por desgracia- son también razones que avalan la necesidad de que sea la Administración de justicia y no el aparato, policial -mucho menos. utilizando la legislación antiterrorista- quien se encargue del acusado si éste es entregado por el Gobierno francés. Esta cautela, que a algunos les parecerá vergonzante, obedece a motivaciones políticas estimables, y demostraría por parte del Gobierno la voluntad de hacer justicia nada más y no la de incurrir de nuevo en errores pasados. Linaza tiene derecho a un juicio justo en este país. Si es un delincuente debe ser tratado como tal. Pero no debe ni cazársele como a un tigre ni aplastar o vulnerar sus derechos como hombre y como ciudadano.

El asesinato de un policía nacional, anteanoche en San Sebastián, en un atentado que causó graves heridas a otros compañeros suyos, pone de relieve, por lo demás, que la deleznable condición del terrorismo etarra sigue provocando víctimas sin cuento en su agresión contra las libertades públicas en este país. Sólo una acción eficaz de los órganos de justicia contra el bandidaje que actúa en Euskadi podrá en último término erradicar la violencia como sistema inhumano y cruel de expresión de las propias ideas. Lo mismo que sólo un esclarecimiento. puntual de los sucesos de Almería, de los del Banco Central, de lo que pasó con Arregui y de tantas y tantas historias negras similares podrá devolver la confianza y la credibilidad al Gobierno en el terreno de la política del orden público.