La plaza de toros de Vista Alegre no será derribada en ningún caso

La plaza de toros de Vista Alegre, edificio neomudéjar inaugurado en 1908, propiedad el torero Luis Miguel Dominguín, no será derribada en ningún caso por contar con la protección del Plan Especial Villa de Madrid, según afirmó ayer el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento madrileño, Eduardo Mangada, quien añadió que la sentencia del Tribunal Supremo por la que se declaran edificables los terrenos sobre los que se levanta el coso, no supone ninguna amenaza para el edificio.

Eduardo Mangada precisó que hasta ayer, jueves, el Ayuntamiento no había recibido comunicación de la sentencia, pero que la postura política municipal ante el tema es la de mantener la plaza. «El planeamiento de la ciudad está cambiando y este edificio concreto está protegido por el Plan Especial», afirmó Mangada, « por lo que la palabra jurídica es, en este caso, difícil de cumplir».Respecto a la sentencia de la sala cuarta del Tribunal Supremo, por la que se declaran ¡legales las construcciones de la calle Boix y Morer, el primer teniente de alcalde afirmó que es prácticamente imposible que se lleguea demoler el edificio. «Al igual que en el caso anterior», dijo, «no hemos tenido una comunicación formal de la sentencia, pero hemos solicitado un informe a nuestro servicio contencioso para adoptar una postura pública. De todas formas, intentaremos adaptar el acatamiento de la sentencia a los resultados de la revisión del Plan General de Madrid, sin llegar a los derribos».

Las construcciones de la calle de Boix y Morer, son construcciones de lujo levantadas sobre zona verde a partir de 1970, por la sociedad inmobiliaria Aldebarán, a la que estaba vinculado el entonces alcalde Juan de Arespacochaga. Ya en 1973, una sentencia del Tribunal Supremo declaraba ¡legales las construcciones.

La tramitación de los expedientes para conseguir licencias de construcción va a ser notablemente reducida, a fin de conseguir que la solicitud tenga una rápida respuesta. De esta forma, el plazo medio que transcurre desde la petición de la licencia hasta su consecución, unos 160 días, se verá reducido a un máximo de sesenta días, según aseguró Eduardo Mangada.

El concejal señaló que esta medida forma parte de la reestructuración de la Gerencia Municipal de Urbanismo y sale al paso de las acusaciones de determinados sectores por las que se ha asegurado que con el actual equipo de gobierno municipal se había producido un grave estancamiento en la concesión de licencias, extremo que afectaba negativamente a la crisis del sector de la construcción.