Una bandera común

LOS ACTOS celebrados en Barcelona el pasado domingo pusieron fin, con la misma brillantez de su comienzo, a la Semana de las Fuerzas Armadas. La presencia de los Reyes, el significativo papel desempeñado por el presidente de la Generalidad y por el alcalde de la capital catalana y la participación popular en la parada militar fueron los rasgos más destacados de este homenaje a los tres ejércitos, a los que el artículo 8º de la Constitución encomienda la misión de «garantizar la soberanía e independencia de España» y «defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional».El servicio militar hace que prácticamente todos los españoles varones mayores de edad hayan formado parte durante una etapa de las Fuerzas Armadas, cuya estructura básica está compuesta por quienes han hecho de la milicia una profesión y una vocación.

Algunos sectores de la oficialidad tienden, sin embargo, a sobreponer sobre los hechos desnudos de nuestra cruenta guerra civil, librada hace más de cuarenta años, la interpretación ideologizada de que uno solo de los bandos contendientes era auténticamente nacional. El desgraciado corolario de esa falsa teoría seria que nuestras Fuerzas Armadas se consideraran vinculadas históricamente a los vencedores del conflicto bélico y excluyeran a los vencidos de la comunidad española.

Pero las Fuerzas Armadas, que deben amparar a todos los españoles por encima de creencias, ideologías y militancias, de los sectores y grupos que combatieron en la zona republicana o que se consideran herederos de su legado. Esa reconciliación que la Corona, los partidos políticos, la Iglesia, las fuerzas sociales, los intelectuales y la mayoría de los ciudadanos desean llevar a término, a fin de cerrar la brecha abierta en julio de 1936, que dividió a España en dos mitades enemigas, culminará cuando el Ejército se contemple a sí mismo y sea contemplado por la sociedad como una institución que integra todas las ideas y creencias y que acepta sin tomas de posición partidarias la historia entera de nuestro país.

De todos es conocido el enorme valor simbólico y emocional que para las Fuerzas Armadas tiene la bandera, que materializa una constelación de valores y virtudes propiamente castrenses, pero que también encarna el sentimiento de identificación nacional de todo el pueblo. No es esta una particularidad española, sino un rasgo común a los ejércitos y países del mundo entero, que contemplan en su bandera las señas de pertenencia a una comunidad formada a lo largo de la historia y que asume todo su pasado. A este respecto, nunca se subrayará lo suficiente el daño que en el plano simbólico causó la sustitución, en 1931, de la bandera de Carlos III por otra enseña. Esa decisión llevaría, cinco años después, a que los dos bandos de la guerra civil lucharan bajo banderas diferentes y los combatientes de la zona republicana identificaran la enseña bicolor no con España: sino con una parte de España. La aceptación incondicional de socialistas y comunistas de la bandera de Carlos III al comienzo de la transición puso fin a ese pleito simbólico. Las Fuerzas Armadas tienen que saber que en nuestro país siguen existiendo grupos, instalados en los campamentos de la ultraderecha, que se esfuerzan por ignorar esa reconciliación y siguen empeñados en enarbolar la bandera bicolor como enseña sectaria que perteneciera exclusivamente a una parte de los españoles.

La colaboración, sincera y sin reservas, de Jordi Pujol, presidente de la Generalidad, y de Narcís Serra, alcalde socialista de Barcelona, a la Semana de las Fuerzas Armadas y al homenaje a la bandera española ha sido una alentadora contribución a esas celebraciones. El acercamiento y el entendimiento entre las Fuerzas Armadas y el régimen democrático necesita planteamientos de fondo, pero también gestos que los hagan aflorar a la superficie.

El derecho de las comunidades autónomas a que les .ean reconocidas banderas y enseñas propias, garantizado por el artículo V de la Constitución, debe ser conjugado con la obligación, también constitucional, de ser utilizadas, «junto a la bandera de España, en sus edificios públicos y en sus actos oficiales». Asimismo, el derecho del catalán, el vasco o el gallego a ser lenguas oficiales en las respectivas comunidades autónomas, garantizado en el artículo 3º de la Constitución, tiene como correlato que «el castellano es la lengua española oficial del Estado» y que «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».

El intercambio de banderas entre el presidente de la Generalidad y el jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor rubricó simbólicamente esa aceptación íntegra y coherente de la letra y del espíritu de la Constitución, también patente en la presencia de la senyera junto a la bandera de Carlos III en las calles de Barcelona. Al igual que el discurso de salutación del alcalde de Barcelona al Rey, pronunciado en castellano y en catalán, fue cortésmente contestado por don Juan Carlos con una cita en el viejo romance del Principado. La Constitución reconoce a las nacionalidades históricas la protección y el uso de sus lenguas y el derecho a sus banderas y enseñas. Pero también establece, sin merma ni desmerecimiento para las comunidades autónomas, la unidad de la nación española, el carácter oficial del castellano como lengua del Estado y la existencia de una, bandera común a todos los españoles.