El Gobierno quiere para el otoño un nuevo acuerdo con EE UU y la entrada en la OTAN

El ingreso de España en la Organización del Tratado del. Atlántico Norte (OTAN) y la firma de un acuerdo de cooperación hispano-norteamericano son iniciativas paralelas y complementarias que el Gobierno español intentará culminar para principios del otoño entrante y, a ser posible, en el próximo mes de septiembre. Es en este marco político en el que se ha iniciado la renegociación del vigente tratado Madrid-Washington, que tomará, muy posiblemente, el rango de acuerdo ejecutivo, similar en contenido a los pactos bilaterales que Estados Unidos mantiene con otros países de la OTAN.

En los nuevos acuerdos, cuya primera ronda negociadora se acaba de celebrar en Madrid, la parte española espera incluir una garantía de defensa no automática y recíproca con Estados Unidos (para la zona de interés defensivo común), así como recuperar el control casi completo de las bases hispanas de utilización conjunta, por las que España espera recibir contrapartidas de cooperación tecnológica e industrial, asegurando la venta a Estados Unidos de parte del material defensivo que se incluye en los contratos.También el nuevo acuerdo podrá incluir una declaración que subraye el carácter democrático de los dos países firmantes y, aunque parece que mantendrá el actual número de bases militares hispano- norteamericanas, se contará con un sistema de control para la utilización por parte de Washington de dichas bases como puente de operaciones en terceros países.

El Gobierno que preside Leopoldo Calvo Sotelo y, en especial, el ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca, han decidido mantener esta negociación bilateral defensiva, al igual que el calendario y proceso de incorporación a la OTAN, al margen del Parlamento y de la opinión pública, como se desprende del secretismo impuesto a las negociaciones Madrid-Washington, sin que por el momento los portavoces oficiales informen sobre cuáles son las intenciones reales de esta articulación defensiva bilateral y multilateral. Hasta ahora, las declaraciones oficiales se limitan a decir que aún no saben qué tipo de acuerdo bilateral desean encontrar y a insinuar que éste ha de surgir durante la negociación.

En relación con la incorporación a la OTAN, todo parece indicar que el Gobierno desea concluirla en un plazo inmediato, en el otoño entrante, y a ser posible en septiembre, haciéndola coincidir con la entrada en vigor del nuevo acuerdo que sustituirá, al vigente tratado, que caducará el próximo día 21 de septiembre. Para culminar este proceso hará falta una reunión extraordinaria del Consejo Atlántico de primavera, celebrado tener el calendario del otoño citado. De lo contrario, el ingreso en la Alianza Atlántica podría culminar durante los debates del Consejo Atlántico de invierno, que tradicionalmente se celebra en Bruselas en el curso del mes de diciembre.

En todo caso, y según las propias declaraciones del Gobierno, el proceso de la adhesión a la OTAN deberá de estar acompañado de progresos en las negociaciones de adhesión con la CEE (hoy bloqueadas y a la espera de una decisión de reapertura que deberá adoptar el Consejo Europeo también en el otoño entrante) y de la puesta en marcha de las negociaciones hispano-británicas sobre Gibraltar, que desde hace varios meses permanecen estancadas a causa de la intransigencia británica y con motivo de la ambigüedad del compromiso negociador que los representantes de Madrid y Londres establecieron en Lisboa. Gibraltar incluye en su territorio una base militar de la OTAN, por lo que no se entendería el ingreso en la Alianza sin ningún tipo de resultados en este contencioso bilateral.

Asimismo no está clara del todo la actitud de los quince países aliados ante la incorporación de España, a pesar de la declaración de principio favorable que se hizo pública al término del Consejo Atlántico de primavera, celebrado a primeros de mayo. en Roma. Se ha sabido ahora que la delegación de Dinamarca -aunque se plegó a la actitud final favorable- declaró sus dudas sobre la oportunidad de esta ampliación de la OTAN, y, por otra parte, no se descarta que tras las recientes elecciones legislativas holandesas el Gobierno de La Haya que consiga una mayoría parlamentaria en los días próximos pueda cambiar de opinión, ya que en los Países Bajos, socialistas y progresistas se han declarado contrarios a la ampliación de la OTAN. En el plano interno queda por saber si el Gobierno ya inició sus consultas o los grupos parlamentarios o cuándo piensa hacerlas. En todo caso, en medios próximos a la Moncloa se insiste en que el PSOE se mantendrá en una negativa pasiva sin provocar una movilización popular que interfiera este proceso.

Acuerdo bilateral

En todo caso, el tema OTAN y el acuerdo bilateral están íntimamente ligados, ya que la coordinación defensiva bilateral y multilateral de España quedaría superpuesta si una y otra negociación fueran independientes. Si la cuestión OTAN encontrara obstáculos mayores, es intención del Gobierno establecer en el nuevo contrato una cláusula de salvaguardia o alternativa que permita el traspaso de la concertación del mando defensivo conjunto al marco aliado para cuando España ingrese en la Alianza.En cuanto al contenido del acuerdo, se sabe que Madrid desea incorporar en él la situación democrática hispana. No se descarta que en el preámbulo o en alguno de sus artículos se haga referencia a que Estados Unidos firma con un país democrático, como rectificación a los acuerdos anteriores que establecieron con el régimen del general Franco, y como garantía o aviso a las minorías golpistas.

Asimismo, es intención española el que el rango y contenido político del nuevo contrato sea similar a los que Washington mantiene bilateralmente con otros países de la OTAN. La principal ventaja de este tipo de acuerdos está en que ello permitirá, según la legislación norteamericana, que Estados Unidos compense a España con importaciones y compras en nuestro territorio de parte del material defensivo que abarca a los contratos, en sustitución de las viejas y poco democráticas «ayudas» o grants, que eran un simple alquiler de las bases. También la cooperación tecnológica y la realización de proyectos conjuntos figuraría entre las contrapartidas a recibir por la parte hispana, que, en el momento actual, subraya también su deseo de diversificar su aprovisionamiento defensivo, hoy casi totalmente dependiente de Norteamérica, en favor de otras fuentes como las europeas.

También es objetivo político primordial de la posición española la progresiva recuperación de la soberanía en los contratos, muy mermada en los anteriores acuerdos. La presencia militar hispana en las bases se aumentará, se establecerán visados de entrada del personal americano, la responsabilidad del mando militar hispano será mayor, se obligará a las fuerzas americanas a adquirir en España sus materiales de subsistencia (alimentos, ropa, etcétera).

En este capítulo, son temas importantes la cuestión de la garantía de defensa. Madrid espera conseguirla -el compromiso de defensa frente al ataque o conflicto con tercer país- con el carácter de no automática y recíproca, pero no extendida a toda el área de influencia americana, sino más bien a la zona de interés común. También parece España dispuesta a permitir la utilización de las actuales bases conjuntas por las fuerzas americanas ante terceros países, pero con un sistema de control previo o de consulta para caso concretos.

No parece, hasta el momento que se acepte la vuelta del armamento nuclear en territorio español, aunque sí se permitirá alguna escala técnica a buques o aviones dotados con estas armas previa consulta.

El nuevo acuerdo, que permitirá una más real cooperación en el mando militar conjunto en favor de España, puede quedar reducido de su actual rango de tratado al de «acuerdo ejecutivo».