Los madrileños deben a sus ayuntamientos 14.896 millones en concepto de contribución urbana

Un 30%, aproximadamente, de los madrileños no paga la contribución urbana, impuesto del que se nutren los ayuntamientos a la hora de contabilizar los ingresos para sus presupuestos. A lo largo de los últimos diez años, el volumen de recibos impagados asciende a 14.896 millones de pesetas. Lo grave, según manifestó ayer José Borrell, delegado de Hacienda de la Diputación Provincial, es que los recibos no se pagan porque son incobrables, están plagados de errores (dirección incompleta, cifra equivocada o similares), y hasta ahora el Ministerio de Hacienda no ha hecho ningún caso a las ofertas de la Diputación para solucionar este estado de cosas.

El 30 de diciembre de 1980, el pleno de la Diputación aprobó renunciar al servicio de recaudación de la contribución urbana, a no ser que a lo largo de este año el Ministerio de Hacienda consintiera en modificar sustancialmente el sistema. Este no puede ser más arcaico, según Borrell. En síntesis, se trata de que el Ministerio pasa a la Diputación, anualmente, los recibos de todos los madrileños que deben pagar la contribución urbana, para que este organismo los cobre, pase lo recaudado a Hacienda y ésta, a continuación, lo reparta entre los ayuntamientos de la provincia.El primer fallo, por la importancia de las consecuencias, es que los padrones fiscales no están actualizados. El 30% de los recibos, por término medio, está mal extendido, y puede ocurrir, y ocurre en muchas ocasiones, que una persona esté aguardando su turno durante horas ante la oficina de recaudación para que al final le digan que su recibo no aparece y, tenga que marcharse sin pagar. Por otra parte, en provincias como la de Madrid, que ha sufrido un aluvión tremendo de nueva población en pocos años, existen miles de familias, en los pueblos cercanos, sobre todo, que no están censadas a efectos Fiscales. En Fuenlabrada, según el ejemplo que puso José Borrell, sólo se puede cobrar el 30% de la contribución, y queda sin pagar el restante 70%. La actualización de los padrones, llevada a cabo por la Diputación y el Ayuntamiento conjuntamente, ha permitido aumentar el número de recibos de 22.550, en 1979, a 36.694, en 1980. Esta situación es injusta, en primer lugar para los vecinos, puesto que unos pagan y otros no; es injusta para los ayuntamientos, puesto que cuentan con menos ingresos para acometer obras necesarias, y es injusta para la Diputación, que es sólo la intermediaria en el sistema, pero se lleva las críticas de los contribuyentes, que ven su rótulo en las puertas de las oficinas de contribución.

"Atajar el mal de raíz"

La Diputación ha puesto en funcionamiento una serie de convenios con los ayuntamientos que lo soliciten para actualizar los padrones. Hasta ahora, Fuenlabrada, Majadahonda, San Lorenzo de El Escorial, Pinto, Paracuellos del Jarama, Villanueva del Pardillo y Los Molinos se han beneficiado ya de esta iniciativa, y el próximo año lo harán, al menos, Villaviciosa de Odón, El Molar y Arganda del Rey.Pero para solucionar el problema de una vez por todas, la Diputación pide que el Ministerio de Hacienda le traspase todas las competencias y poder así reorganizar a fondo el servicio. En estos momentos, la Diputación no tiene competencias para nada, ni siquiera para ampliar las plantillas de recaudadores, o simplemente para trasladar recaudadores de una zona bien cubierta a otra peor dotada, por ejemplo.

El nuevo sistema permitiría incluso, en colaboración con los ayuntamientos que lo descaran, establecer un único sistema recaudatorio para los impuestos municipales, ya que actualmente la Diputación tiene un servicio y cada ayuntamiento otro propio.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda y, desde este año, el Consorcio de Gestión de Contribución Urbana. han hecho oídos sordos a estas peticiones, alegando fundamentalmente falta de medios. Así las cosas, la Diputación ha tenido que encargarse de confeccionar los recibos nuevos en los municipios citados anteriormente, remitir cartas a las personas en cuestión, dándoles información sobre lo que deben pagar y dónde, meter las cartas y enviarlas, pero con el membrete de Hacienda, ya que la Diputación, al ser sólo un intermediario, no puede remitirlas directamente.