No se han cumplido las órdenes de la Junta para mejorar el mercado de Bayona
Una comisión de la Consejería de Sanidad de la Junta de Galicia hizo ayer una inspección en la polémica plaza de abastos provisional de Bayona (Pontevedra), con el fin de comprobar si se han realizado las reformas ordenadas por aquel organismo para adecuar las condiciones del establecimiento a las normas de higiene y salubridad pública exigibles.
La visita de los técnicos de la Consejería provocó la manifestación de las tensiones contenidas en la villa relacionadas con la política del alcalde, Benigno Rodríguez Quintas. Los técnicos han preferido no hacer declaraciones, a la espera de lo que resulte de su informe, aunque parece evidente que la mayoría de las modificaciones exigidas no llegaron a realizarse: continúa siendo insuficiente el espacio del mercado, no se han practicado desagües ni se modificó el desnivel del piso para facilitar la recogida de aguas residuales de los puestos.Las frutas y verduras siguen exponiéndose en ese mismo suelo; la ventilación sólo se ha aumentado practicando ocho ventanucos en uno de los frentes; no se aumentó la capacidad de los frigoríficos, etcétera. Aunque ayer no se presentaron bastantes vendedoras, presuntamente a instancias del propio alcalde, por lo que la inspección no pudo comprobar las aglomeraciones que se producen en el mercado todos los días.
Mientras la polémica sobre las instalaciones provisionales del mercado se iba enconando, por la villa han comenzado a circular amenazas, incluso de muerte, para algunas personas significadas en su oposición a la política municipal de Rodríguez Quintas, quien sé mantiene en un mutismo absoluto para los medios de comunicación que han informado de estas cuestiones, negándose a hacer declaraciones que se le han solicitado para conocer su versión de los hechos.
Algunas de las vendedoras que hace un mes se encerraron durante veinticuatro días en el antiguo mercado, hoy demolido, manifestaron a EL PAIS que el alcalde las había amenazado con multas si hablaban. Dos ya han sido multadas con 5.000 y 6.000 pesetas, por negarse a ceder parte de un puesto de venta a otra vendedora.
