El Reino Unido ha pedido a la CEE que presione a España para reducir las barreras aduaneras a los productos comunitarios

El ministro británico de Comercio, Cecil Parkinson, ha planteado ante sus colegas de la Comunidad Económica Europea (CEE) la necesidad de presionar a España para que reduzca sus tarifas aduaneras frente a los productos comunitarios, y muy especialmente en cuanto a automóviles, bebidas alcohólicas, chocolate y generadores eléctricos. Al parecer, la CEE ordenará al comisario encargado de las negociaciones para la adhesión y de toda la política mediterránea, el italiano Lorenzo Natali, que advierta muy seriamente a Madrid sobre la posibilidad de renegociar el actual acuerdo preferencia de 1970.

La irritación británica, que, según portavoces de la CEE, comparten otros países, aumenta día a día no tanto por razones achacables a España, sino por la grave crisis que atraviesa su propia industria automovilística. Hace menos de seis meses, cinco parlamentarios del Reino Unido plantearon ante el Parlamento Europeo una pregunta en la que se reclamaba la renegociación del actual acuerdo con nuestro país, y calificaban la situación de «auténtico escándalo comercial». La misma tesis defendió el presidente de la British Leyland, sir Michael Edwards, quien expresó ya el pasado mes de septiembre su inquietud por el aumento de las importaciones de vehículos procedentes de España. Según Edwards, el Reino Unido compró en 1979 cerca de 67.000 automóviles españoles.Cecil Parkinson señaló que la situación seguía deteriorándose y que, por parte española, se estaba produciendo una auténtica «distorsión» del acuerdo del setenta, sin que los comunitarios hayan reaccionado. En concreto, el ministro británico se queja de las exportaciones españolas de Ford Fiesta, que, afirma, llegan al mercado comunitario con una tarifa de sólo un 4%, mientras que los coches procedentes de la CEE no pueden entrar en España más que en una cantidad determinada y, además, con una tarifa que, por unos conceptos y otros, alcanza el 46%.

Parkinson añadió que el mismo problema se planteaba con otros muchos productos, entre ellos el whisky o el chocolate, y advirtió que el Reino Unido apoya el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, pero que no está dispuesta a sufrir los perjuicios de un acuerdo firmado cuando la situación industrial española era muy diferente.

Siempre según fuentes comunitarias, la irritación del ministro del Reino Unido fue compartida por otros países -entre ellos, Irlanda-, que llegaron a hablar de discriminación. Al parecer, la Comisión Europea planteará nuevamente al Gobierno de Madrid en fecha muy próxima la necesidad de que disminuya tajantemente sus tarifas aduaneras frente a los productos de los diez, arguyendo además que ésta sería una buena manera de preparar a la industria española cara a la adhesión.

La Comisión Europea y el Consejo de Ministros de la CEE han defendido hasta ahora en las negociaciones hispano-comunitarias para la adhesión que España deberá abrir completamente sus fronteras a los productos comunitarios desde el momento mismo de la entrada de nuestro país en el Mercado Común, mientras que la delegación española habla siempre de períodos transitorios para determinadoscapítulos, aunque sin precisar todavía los productos concretos ni el período de adaptación.

En cuanto a la posible distorsión del acuerdo de 19710, los negociadores españoles han señalado repetidamente que el balance fue negativo para España durante vakios años y que sólo desde hace tres o cuatro comienza a experimentarse una «recuperación a nuestro favor». La Comisión Europea, por su parte, ha afirmado ya en varias ocasiones que los países miembros podían plantear en el seno de la comisión mixta de seguimiento del acuerdo los distintos problemas, y que sólo en este caso ella podría actuar en consecuencia.

Los datos que facilita la Comisión respecto, por ejemplo, a las tarifas aduaneras aplicadas por España no coinciden, por otra parte, con los proporcionados por el ministro británico. Según afirmaba Lorenzo Natali en diciembre del año pasado, España establece un contingente cuantitativo de importación de vehículos automóviles comunitarios por valor de 1.748 millones de pesetas y unos derechos que van del 38% al 29,4%, según el número de plazas del coche. Frente a países terceros, es decir, no miembros de la CEE, los derechos aduaneros aumentaban hasta un 48,9% y un 37,4%, respectivamente.