Aprobada una proposición de ley socialista para declarar festivo el 6 de diciembre
El Pleno del Congreso aprobó tramitar ayer, prácticamente por unanimidad, una proposición de ley socialista por la que se declara fiesta nacional el día 6 de diciembre, aniversario de la aprobación en referéndum de la Constitución. El partido del Gobierno advirtió que intentará modificar la proposición para que la fiesta no sea laborable. Entre otras cosas, el Pleno aprobó también que el Gobierno envíe a las Cortes un plan sobre el consumo y tráfico de drogas y productos alcohólicos.
En su defensa de la proposición de ley sobre la fiesta nacional, que se llamaría «Día de la Constitución», Gregorio Peces-Barba dijo que se pretende llenar un vacío existente desde que España se incorporó a la democracia, como es la falta de una fiesta en la que se solidaricen todos los españoles.Fijando ésta en el aniversario de la aprobación de la Constitución, se mostraría que España renuncia al odio y la violencia como motores de la política y acepta que el sufragio universal y el juego de las mayorías es el camino de la convivencia. Peces-Barba agregó que, frente al golpismo y al terrorismo criminal, los españoles tienen a la Constitución como barrera, y así lo han mostrado en la manifestación posterior al intento de golpe de Estado y los recientes dos minutos de silencio contra el terrorismo y por la democracia.
El centrista Miguel Herrero, en representación del Gobierno, aprobó la iniciativa en términos generales, pero objetó que la Constitución es «algo demasiado abstruso para llegar a la sensibilidad del pueblo». El portavoz centrista dijo que no conviene mitificar la norma fundamental y razonó la necesidad de que si el 6 de diciembre se convierte en fiesta, no lo sea a efectos laborales, argumentando, entre otras cosas, que la mejor manera de adherirse a la Constitución es mediante «la febril producción de manufacturas y mentefacturas».
Tras la votación, que sólo, recogió siete votos negativos, expresaron su apoyo a la iniciativa los portavoces del Grupo Mixto, Ramón Tamames; Comunista, Jordi Solé Barberá; de la Minoría Catalana, Miguel Roca, y cerró el debate, de nuevo, el portavoz socialista.
El Pleno celebró también la elección de José María de Areilza como presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el cual inició un breve discurso a los diputados, en el que resaltó el apoyo unánime de todos los grupos españoles a su candidatura y la significación que ello tiene de unión de todo el pueblo para los fines comunes.
Areilza subrayó que Europa significa la democracia y el sentido del progreso y afirmó que la integración de España en la vida europea exige, pues, un comportamiento democrático o, dicho de otra forma, que «no se puede entrar en Europa con una dictadura, con un régimen impuesto».
El Pleno votó las dos enmiendas del Senado al proyecto de ley regulador del cuerpo de controladores aéreos. El Grupo Socialista se opuso a la primera de ellas, que suprime en el proyecto una frase, de modo que se puede dar paso al Ejército del Aire en unas funciones que son competencia de la Administración civil, según explicó el diputado Enrique Sapena. La enmienda fue aprobada al votar a favor UCD con el apoyo de otros grupos.
Sin embargo, el partido del Gobierno fue derrotado en su apoyo a la segunda enmienda, que introducía en la regulación de los derechos sindicales de los controladores la limitación de que éstos no estén en contradicción con intereses de la defensa nacional. Unicamente votó a favor UCD, que sumó 121 votos, y lo hicieron en contra todos los demás grupos, incluida la Minoría Catalana, que sumaron 124, excepto el Grupo Vasco, que se abstuvo. Asimismo, el Pleno aprobó el proyecto de ley de medidas urgentes sobre la educación.
El Pleno aprobó después la tramitación de una proposición de ley de Coalición Democrática, por la que se modifica el Estatuto de los, Trabajadores, en el sentido de que .se introduce la palabra anual en el apartado 3 del artículo 29, que establece que el interés por mora en. el pago de los salarlos será del 10%, UCD apoyó la proposición indicando que conviene concretar esté tema, ya que se han producido casos prácticos en reclamaciones de trabajadores.
Sin embargo, comunistas y socialistas se opusieron argurmentando que la modificación propuesta irá en perjuicio de los trabajadores, ya que, al establecerse el recargo anual, a las empresas les conviene, retrasar el pago de los salarios, siempre que sea durante menos de un año, mientras que sin la modificación cualquier retraso supondría directamente un recargo del 10%.
Finalmente, entre otras cuestiones, el Pleno aprobó una prcposición no de ley de CD por la que el Gobierno deberá presentar a las Cortes, en el plazo de seis meses, un plan contra el consumo y tráfico de drogas, que especifique las actuaciones legales y gubernativas necesarias para luchar contra este fenómeno. Por una enmienda del Grupo Andalucista, aprobada contra la opinión de UCD y el propio grupo ponente, se incorporó a la proposición el consumo de, productos alcohólicos.
El portavoz de Coalición Democrática, Manuel Fraga, defendió la proposición afirmando que el problema ha alcanzado en España un carácter alarmante, tanto por lo que se refiere al tráfico, en el que España es un nudo de primera importancia, como al consumo, que ha crecido en nuestro país de forma espectacular, según el señor Fraga. Todos los grupos se pronunciaron a favor.
