Terrorismo y convivencia

Con frecuencia sufrimos todos los españoles los ataques terroristas que plantean, de este modo, sus contradicciones ideológicas, de cualquier inspiración, frente a la convivencia democrática trazada con arreglo a la voluntad expresa de los ciudadanos en las distintas orientaciones políticas legales.La garantía del mantenimiento del marco democrático y del pluralismo es deber primordial del Estado, como lo es, de acuerdo con la Constitución, el hacer que la democracia avance e impedir, por tanto, que regrese.

Mientras existan estas condiciones, los caminos de la violencia son totalmente inadmisibles.

La reprobación de los actos de violencia, deber también del Estado, ha de sujetarse a la legalidad con absoluto respeto a los Derechos Humanos, pues si los terroristas los desconocen y son, por eso, delincuentes, el Estado tiene que dar, con su ejemplo, una respuesta ética, ya que, si la respuesta estatal no es la justicia frente a los culpables, sino la dictadura, la represalia, la tortura y la muerte, la situación deriva hacia una guerra total en la que quedan como mostrencos, a disposición de cualquiera, el bien y el mal, el heroísmo y la cobardía, el patriotismo y la traición, en un elemental, falaz y sangriento maniqueísmo en el que se diluye la justa causa de la lucha de los siempre oprimidos y explotados.

Una lucha terrorista es una caricatura de revolución cuando se desarrolla en un régimen democrático que trata de afirmarse como tal entre mil asechanzas.

No autoriza, sin embargo, la existencia del terrorismo, muy minoritariamente apoyado, que los ciudadanos se vean coaccionados, amenazados con la pérdida de su libertad.

No se puede llevar a cabo una política estatal, ni una conducta social o individual que tenga por fin, no solamente no irritar a los militares, a las fuerzas del orden u otros grupos potentes, sino el de evitar que algo les irrite.

Ningún ciudadano puede responder más que de su conducta y, ante cualquier acontecimiento ajeno a su voluntad, no puede estar preguntándose si habrá llegado el final y sufrirá un castigo como si fuera el culpable. Esta situación crea en los ciudadanos un peligroso complejo de culpabilidad por actos ajenos que no puede, por falta de medios, atajar.

Los medios los tienen, en el orden político, los gobernantes, en su deber de procurar el avance democrático y en su deber de dirigir la actuación de las fuerzas de orden público, dentro de las normas constitucionales, con los instrumentos legales, con su obligada preparación, inteligencia y técnica.

Así se esclarecerán las posiciones de razón, coincidentes con las representativas de una mayor solidaridad.

La elección que frecuentemente se plantea entre el chantaje dictatorial y el chantaje terrorista no representa una alternativa. Viene a ser lo mismo. Es la gracia que se le concedió a Bertoldo de elegir el árbol en el que había de ser ahorcado. Lógicamente, Bertoldo encontró deficientes todos los árboles que le ofrecieron quienes querían acabar con su vida. Y no eligió ninguno. Eligió vivir libre.