UCD y CD bloquean un debate parlamentado urgente sobre el caso

El Gobierno y los grupos parlamentarios Centrista y Coalición Democrática se negaron ayer, en la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados, a que se tramitara por procedimiento de urgencia -en el Pleno de la Cámara, que continúa hoy- una pregunta del Grupo Parlamentario Comunista sobre la muerte de los jóvenes Luis Montero García (militante del PCE, Juan Mañas Morales y Luis Cobo Mier, ocurrida el pasado domingo en circunstancias confusas, tras ser detenidos por la Guardia Civil en la provincia de Almería.El portavoz comunista en la Junta de Portavoces solicitó ayer que se acelerará la tramitación de la pregunta citada, para lo que era necesario, de acuerdo con una práctica parlamentaria que cuenta con precedentes recientes, el acuerdo unánime de los portavoces de los distintos grupos. En primer lugar. se opuso el portavoz de CD, Manuel Fraga, quien manifestó que no era conveniente cambiar el orden del día con demasiada frecuencia. También el representante del Gobierno, Gabriel Cisneros, se negó a esta tramitación, y lo mismo hizo el portavoz del grupo centrista. Los socialistas manifestaron que habían presentado una pregunta para su tramitación en comisión, pero que apoyaban la propuesta comunista.

Ante la falta de acuerdo unánime, el grupo comunista expresó ayer su más enérgica protesta por la actitud del Gobierno, al impedir una rápida y deseada información sobre hechos graves, sumándose así «a las informaciones contradictorias y confusas que se han venido haciendo públicas por los organismos correspondientes desde que ocurrieron los hechos citados. Esta actitud del Gobierno acrecienta las graves dudas que existen hoy en amplios sectores de la opinión pública acerca de la auténtica realidad de unos hechos que han significado la muerte de tres jóvenes, uno de ellos militante del PCE. La salvaguardia del prestigio de los cuerpos de seguridad del Estado exige una amplia y detallada información y, en su caso, la depuración de las responsabilidades a que hubiere lugar».

Preguntado por EL PAIS, el ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, manifestó que no podía decir nada, porque el asunto se encuentra sub júdice.