Polémica por el alojamiento de 18 familias gitanas en Bilbao

El realojamiento de dieciocho familias gitanas en Bilbao ha originado una agria polémica entre el alcalde de dicha ciudad, el peneuvista Jon Castañares, y el diputado socialista de raza gitana Juan de Dios Ramírez Heredia, quien acusa al alcalde de insensibilidad ante los problemas ajenos.

El diputado socialista llegó a Bilbao el miércoles para gestionar el realojamiento de dieciocho familias gitanas, que fueron expulsadas hace mes y medio de un edificio propiedad del Banco de Bilbao e instaladas en unos barracones del barrio de Recaldeberri. Juan de Dios Ramírez Heredia solicitó una entrevista con Jon Castañares para tratar la posibilidad de la adjudicación de otras tantas viviendas a las familias gitanas en cuestión, y el alcalde se negó a recibirle.«Esta es la tercera vez consecutiva que no ha querido recibirme, a pesar de que el consejero de Sanidad y Bienestar Social del Gobierno vasco, Javier Aguirre, le instó a ello». El diputado gitano añadió que «desde que actúo como diputado, siempre se me han abierto todas las puertas, menos la del alcalde de Bilbao, lo que ha demostrado su falta de cortesía y de sentido político», y puntualizó también que la posición del Gobierno vasco es de solidaridad y comprensión ante el problema de estas familias, «e incluso ha ofrecido un aval hasta que entren en vigor los conciertos». Por su parte, Jon Castañares contestó a estas acusaciones argumentando que Juan de Dios Ramírez Heredia le debe una explicación, a él y al Ayuntamiento, desde que hace año y medio, y con ocasión del suceso de Hernani, el diputado socialista hiciera unas declaraciones consideradas como ofensivas para los concejales del PNV, explicaciones que no ha recibido, por lo que se reafirmó en su idea de no recibirle.

Problema de dieciocho familias

En cuanto al problema concreto de las dieciocho familias, el alcalde puntualizó que las viviendas a las que aspiran no son de propiedad municipal, sino del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por lo que lo único que el Ayuntamiento podría hacer sería tramitar la solicitud al Gobierno Civil de Bilbao. Asimismo, el alcalde justificó el no recibir tampoco a las familias en cuestión «para no admitir presiones ajenas, y menos cuando esta presión es ilegal, ya que se ha intentado obligar al Ayuntamiento a tomar decisiones bajo coacción, y decisiones además que no son de su competencia. No vamos a admitir estas presiones, porque sería dar la razón a quien más chilla, y no a quien la tiene».