Acción conjunta para mejorar el hábitat minero

Un plan para impulsar la mejora del hábitat minero asturiano, gravemente deteriorado por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la Administración, ha sido presentado en el Ministerio de Administración Territorial por el gobernador civil, Jorge Fernández, y una representación de los alcaldes de los municipios afectados.

Dicho plan, aceptado previamente por los alcaldes la mayoría socialistas, será financiado por el Estado, la Diputación y los ayuntamientos. La inversión calculada inicialmente es del orden de cuatrocientos millones de pesetas. Los pilares de la participación de la Diputación y los ayuntamientos serían, según la propuesta hecha, el canon eléctrico, que las corporaciones provinciales comenzarán a percibir este año, y que para Asturias supondrá del orden de 3.500 millones de pesetas en 1987, y el impuesto sobre la producción de carbón.A este respecto, los directores generales de Administración y de Cooperación Local informaron a las autoridades asturianas que la figura impositiva del carbón será sustituida en la nueva ley de Régimen Local por la concesión a determinados municipios turísticos e industriales de una carta económica especial que les facultará para imponer una serie de recargos no contemplados en la actual legislación de las haciendas locales.

Explotación intensiva

La cuenca minera asturiana se vio extremadamente castigada por una explotación intensiva entre 1936 y 1950, etapa en la que el carbón desempeñó un papel energético de primer orden. Entre la guerra civil española y la segunda guerra mundial, las minas asturianas llegaron a tener un número de trabajadores que duplicaba la plantilla actual. Este hecho, unido al incumplimiento de las normas de policía minera y a la concentración de la población en pueblos pegados a la bocamina, provocó un grave deterioro ecológico en toda la zona. Las escombreras invadieron los cauces de los ríos, provocando inundaciones, y llegaron a cambiar la ventilación natural. En los montes sufrieron cortes fuentes y caudales.En Mieres, una escombrera derrumbó el muro del cementerio municipal y los vecinos tuvieron que rescatar los cadáveres. Para resolver el problema del hábitat minero, el Gobierno emprendió en 1967 un plan extraordinario, que pretendía fundamentalmente mejorar la red viaria. Pero unos caminos fueron construidos de forma distinta a como habían sido proyectados, otros no llegaron a terminarse, y ninguno de ellos tiene hoy un titular encargado de su conservación, porque ni el Estado, ni la Diputación, ni los ayuntamientos se hicieron cargo de ellos.

La obra está, pues, incompleta y abandonada. Los municipios mineros están dispuestos a colaborar en la mejora del hábitat, pero exigen previamente la solución de la gravísima crisis de sus haciendas municipales, motivada por la insuficiente compensación recibida por la actividad minera.

Por otra parte, la industria extractiva de carbón no tributa por cuota fija y existe un número muy elevado de viviendas de protección oficial que pagan tasas y arbitrios muy reducidos. Los ayuntamientos mineros percibieron solamente setenta millones de pesetas en 1980, cantidad considerada unánimemente ridícula para una producción de nueve millones de toneladas de carbón.