Ayuntamiento y vecinos se oponen al proyecto de ley del Gobierno sobre financiación del transporte

El proyecto de ley sobre financiación del déficit de los transportes públicos de superficie ha sido muy mal acogido tanto por el Ayuntamiento de Madrid como por el resto de los grandes municipios españoles. En opinión de la comisión del transporte de los principales municipios, este proyecto es insuficiente, ya que hace recaer el déficit del transporte público sobre toda persona que utilice una vivienda, lo que supone que no sólo pagarán los propietarios de las mismas, sino también los inquilinos.

La solución dada por la comisión de transporte, reunida el pasado miércoles en Madrid, es que los déficit sean pagados, por un lado, por el Estado mediante una mayor participación en el precio de la gasolina, y por otro, con un recargo en impuestos, tales como la contribución territorial urbana, la licencia fiscal y el impuesto de radicación.En 1980, el déficit de las empresas públicas de transportes ascendió a 13.500 millones de pesetas, de los que 3.360 millones correspondieron a la EMT. Esta cantidad, que según parece iba a ser pagada mediante un crédito extraordinario de liquidación, que sería arbitrado por el Gobierno, no ha llegado aún a los ayuntamientos afectados.

Se ha hecho público, en cambio, el proyecto de ley para la financiación del transporte, que viene a conjugar en un texto los aspectos económicos y organizativos del transporte en las grandes áreas urbanas.

Según acordó el pasado viernes el Consejo de Ministros, próximamente será enviado a las Cortes el proyecto que fija la necesidad de que se establezcan tarifas autosuficientes y en caso necesario permite a los ayuntamientos que fijen un nuevo impuesto, que se denominará impuesto municipal, para financiar el déficit de los transportes públicos de superficie.

Este impuesto, según el proyecto, será pagado por las personas que utilicen viviendas. Según el artículo tercero, en el caso de que la vivienda estuviera alquilada, el propietario pagará el impuesto, pero podrá repercutir su importe en el alquiler.

Consorcios de transporte

El artículo sexto, por su parte, recoge el proyecto de creación de los consorcios para la coordinación de todos los transportes en aquellas grandes áreas metropolitanas que cuenten con Metro; en estos consorcios intervendrán las corporaciones locales, comunidades autónomas y el Estado.La comisión del transporte, que en su reunión del pasado miércoles, contó con representantes de diez ciudades, se mostró contraria a que el déficit sea financiado con una sola figura fiscal.

Asimismo se protesta por no haber tenido parte en la elaboración del proyecto y se declara partidaria de que las tarifas del transporte deben ser sociales.

La solución para esta comisión es que se amplíen, por un lado, las aportaciones estatales por consumo de gasolina y se recarguen algunos impuestos municipales ya existentes, tales como la contribución territorial urbana, no limitada al uso de la vivienda y planteada sin la repercusión en los inquilinos; la licencia fiscal, y el impuesto de radicación.

Aunque esta solución será presentada al Gobierno y a los diferentes grupos parlamentarios, existen opiniones diversas, como la del primer teniente de alcalde Ramón Tamames, que opina: que la cobertura del déficit debería ser hecha con el impuesto sobre la declaración de la renta a nivel provincial. Otra posibilidad sería, según manifestó el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Joaquín Leguina, que, además de los recargos acordados por la comisión de transportes, se incluyera también un porcentaje del impuesto sobre la renta, pero a nivel nacional.

Por su parte, la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Madrid considera el proyecto del Gobierno como «una burla a los intereses de la población», al tiempo que pide su sustitución por otro que grave a los actuales beneficiarios del transporte, entre los que la federación incluye a las empresas, los comercios y las inmobiliarias.