Rosón, Preocupado por las manifestaciones de distinto signo convocadas para hoy

El diputado socialista Enrique Múgica calificó ayer en el Pleno del Congreso de insatisfactorias las respuestas dadas por el ministro del Interior, Juan José Rosón, a una interpelación formulada por el diputado citado sobre incidentes protagonizados por Fuerza Nueva en Vitoria en noviembre de 1980. Múgica dijo al ministro que hoy tendría ocasión de comprobarse si las fuerzas a sus órdenes actuaban con prudencia y serenidad frente a las probables provocaciones a los trabajadores de los manifestantes fascistas.

El ministro del Interior expresó su preocupación por la concurrencia de manifestaciones de distinto signo en la misma fecha (se refería a las previstas para hoy por las centrales sindicales obreras y la de Fuerza Nacional del Trabajo), pero manifestó que el derecho constitucional a la manifestación exige su celebración, aunque las medidas y esfuerzos policiales hayan de ser más intensos en casos como el presente. Expresó su confianza en que las manifestaciones se desarrollarían con normalidad.La interpelación del diputado socialista se refería a la presencia en Vitoria, el 11 de noviembre de 1980, de Blas Piñar, junto con otros miembros del partido que preside, y a los incidentes producidos, en los que resultó herido Javier Alonso Alvarado. Recordó también la participación en los incidentes de un cabo primero y un número de la Guardia Civil y de un inspector del Cuerpo Superior de Policía, así como la intervención de pistolas y una navaja.

Por alusiones intervino Blas Piñar, quien aseguró que su partido cumplió lo establecido sobre el derecho de reunión y manifestación, y que, fue UGT de Alava la que calificó a los miembros de Fuerza Nueva de fascistas y amenazó con impedir los actos programados.

El dirigente ultraderechista recordó que el 29 de octubre de 1980 advirtió al ministro del Interior sobre la posibilidad de incidentes, y que éste le garantizó que se respetaría el derecho de reunión. Blas Piñar criticó la prohibición del acto producida el 1 de noviembre, a las 13.30 horas, y que consideró que significaba un atentado al derecho de reunión «enmascarado con él pretexto de falta de seguridad en el local».

Seguidamente, el ministro del Interior ratificó que en la ocasión citada el Gobierno amparó el derecho de reunión, si bien después fue necesario suspender el acto por existir indicios racionales, confirmados después, de que se producirían hechos violentos.