Ministro del Interior. "La información de «Diario 16 » coincide con el sumario judicial"

El ministro del Interior, Juan José Rosón, aseguró ayer ante el Pleno del Congreso que el contenido de la información publicada por Diario 16 en torno al frustrado golpe de Estado del 23 de febrero coincide «en lo sustancial» con el sumario judicial iniciado en relación con el mismo. Los diputados socialista y comunista que preguntaron al Gobierno sobre las medidas adoptadas contra la edición de dicho periódico no se consideraron satisfechos con la respuesta del ministro y, censuraron especialmente la tardanza gubernamental en «comprender» que sólo al juez ordinario corresponde decidir sobre el secuestro de una publicación.La pregunta de los dos grupos de izquierda fue tramitada por acuerdo de la Junta de Portavoces del Congreso, reunida a petición de ocho grupos parlamentarios.

El socialista Gregorio Peces-Barba hizo un relato de los hechos ocurridos durante la madrugada de ayer en la redacción y talleres de Diario 16 y preguntó al Gobierno lo siguiente: «¿Se ha solicitado de la autoridad judicial -juez de guardia de Madrid- una orden de secuestro respecto de los ejemplares del día 30 de abril de 19819». «¿Qué trámites judiciales se han cumplido a esos efectos?». «¿Ha intervenido el ministerio Fiscal en el asunto?». «¿La orden para que unos inspectores fueran a las cuatro de la mañana ha partido del presidente del Gobierno, del ministro del Interior o del director de la Seguridad del Estado?». «En caso negativo, ¿qué autoridad es responsable de esa orden?». «¿Quién ha impedido, con la colocación de los coches de policía, la salida de los vehículos del periódico y, consiguientemente, la difusión del mismo?».

El diputado comunista Jordi Solé Tura coincidió en la relación de los hechos en lo que fundamentó su pregunta, y formuló preguntas análogas a las del diputado socialista. Además, se interesó por los cargos de la Administración que conocían la existencia de las mismas y sobre la disposición del Gobierno para la total clarificación de los hechos y la depuración, en su caso, de las responsabilidades a que haya lugar, así como para desplegar el mayor celo para garantizar de forma efectiva la libertad de expresión.

Solé Tura se refirió también a la desmoralización que existe en los sectores democráticos cuando observaron a través de hechos como el denunciado, la prepotencia de los círculos más vinculados al frustrado golpe del 23 de febrero, mientras que un periódico plantea en primera página noticias como la titulada ayer por un vespertino: «Ahora que no está el Rey es la gran ocasión», o cuando «periodistas que cobran, y bien, del Estado acusan a sus compañeros de profesión de apuñalar por la espalda a la Monarquía», y tanto al periódico citado como al articulista no les ocurre nada.

El ministro del Interior, Juan José Rosón, dio lectura a un informe sobre las circunstancias que habían producido las preguntas que se le acababan de formular. Según este informe, el juez instructor especial del sumario por los hechos ocurridos el 23 de febrero se dirigió el pasado 15 de abril al director general de la Policía advirtiendo la existencia de indicios racionales de que se hubieran facilitado a los medios de comunicación informaciones relativas a las instrucciones que se venían realizando en la causa citada.

La Dirección General de la Policía, conforme al mandato judicial, realizó las correspondientes actuaciones para investigar la veracidad de los indicios y dio traslado del oficio recibido a todos los gobiernos civiles. «Al comprobar por distintos servicios policiales la existencia en algunos medios de información (le textos que figuran en el procedimiento sumarial, se recordó ayer mismo, por autoridades y funcionarios del Ministerio, la vigencia de aquel mandato a numerosos medios de comunicación», continuó. «En esta madrugada, la policía tuvo conocimiento de que párrafos íntegros de dicho sumario se incluían en una información del periódico madrileño Diario 16 y, en consecuencia, adoptó las medidas pertinentes para dar cumplimiento a aquel mandato judicial, personándose en los locales de dicho diario».

El juez, alertado

Según explicó Rosón, simultáneamente, la policía remitió al juez instructor especial un ejemplar del citado periódico, «significándole la posibilidad de que la información se relacionara con la providencia por él dictada el pasado 15 de abril. Ante el contenido de la información periodística, coincidente en lo sustancial con el sumario, el juez instructor especial, por estimar que podría resultar afectada la seguridad del mismo, y teniendo en cuenta que el alcance de su providencia en ningún caso abarcaba la posibilidad de secuestrar una publicación periodística, informó, a las cinco de la mañana, el jefe superior de Policía de Madrid que el secuestro sólo podría ser ordenado por resolución del juez ordinario, a través de la exigencia de responsabilidades, formulada por el ministerio fiscal».

Siempre según la explicación del ministro del Interior, «aproximadamente dos horas después, el representante del ministerio fiscal se personó en el de guardia de esta capital para ejercitar las acciones oportunas. Le acompañó en ello el juez instructor especial. Transcurrido un plazo razonable, y no habiéndose producido resolución judicial, la policía fue retirada, sin que en ningún momento se llegasen a secuestrar materialmente los ejemplares del periódico». Rosón concluyó diciendo que era cuanto tenía que decir.