14 pueblos de León quieren negociar la creación en sus términos de un gran campo de tiro del Ejercito

Catorce pueblos de la Maragatería, comarca leonesa situada en las inmediaciones de Astorga, han puesto en marcha una actuación conjunta para negociar con el Ministerio de Defensa los términos en que vaya a constituirse el que podría ser el mayor campo de tiro de España. Mientras el Ministerio de Defensa justifica esta localización por la escasa productividad de los terrenos a expropiar, los habitantes de los catorce pueblos estiman que, si se ven privados del derecho a utilizar los montes comunales para el pastoreo, se asestará un golpe mortal a su débil economía. La posible utilización de este campo de tiro en el futuro por fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) aumenta la inquietud en la zona.

Los pueblos afectados por las expropiaciones del futuro campo de tiro de El Telero, más de 61 kilómetros cuadrados, con un frente de unos diez kilómetros, por seis de fondo, han anunciado su intención de oponerse al proyecto del Ministerio de Defensa y pedir a los partidos políticos que intervengan para defender los intereses agrícolas y ganaderos de la zona. Las expropiaciones costarán a la Administración más de seiscientos millones de pesetas, según los precios anticipados por la VII Región Militar, a una media de diez pesetas por metro cuadrado.La orden ministerial por la que se declara «la urgente necesidad para la defensa y la urgente ocupación por expropiación forzosa de 61.174.817 metros cuadrados de terrenos (...) y la prevalencia de los fines de la defensa nacional sobre los de interés forestal», lleva la firma del actual presidente de UCD, Rodríguez Sahagún, y fue publicada en el BOE el pasado 23 de febrero, aunque está fechada casi tres semanas antes y se presenta como un acuerdo del Consejo de Ministros del, 22 de diciembre de 1980.

Los pueblos amenazados de expropiación son los de Luyego, Quintanilla, Villalibre, Villar de Golfer, Priaranza, Valdespino, Val de San Román, Boisán, Filiel, Laguna de Somoza, Santa Colomba de Somoza, Turienzo, Castrillo de los Polvazares y Murias de Rechibaldo, todos ellos pertenecientes a la comarca de la Maragatería.

Los terrenos que ahora se pretende expropiar han sido utilizados como campo de maniobras militares desde la inmediata posguerra, aunque hasta 1963 no se llegó a establecer un convenio en este sentido entre el Ejército y el Patrimonio Forestal del Estado, este último en representación de los ayuntamientos.

Los vecinos pretenden que esta situación se mantenga indefinidamente como un mal menor frente a la pérdida de las fincas, casi todas de propiedad comunal, que constituyen la base de la ganadería de la zona y su principal fuente de ingresos.

Por el momento, el Ejército se ha limitado a señalar que el futuro campo de tiro tendrá «carácter nacional», destacando las «características excepcionales» de la sierra del Teleno como área mínimamente poblada y de escaso valor productivo.

Por lo que respecta a la zona de caída de proyectiles, cuya superficie es de 5.481 hectáreas (casi 55 kilómetros cuadrados), el informe militar insiste en que se trata de una zona rocosa, «con muy escasa vegetación y pequeños núcleos de monte bajo».

Miedo a la OTAN

Sin embargo, quedan pendientes de confirmación algunas informaciones aparecidas en la Prensa local, según las cuales en la Maragatería se pretende fijar el gran campo de tiro y maniobras de toda España, que, a la vez, podría convertirse en uno de los campos abiertos a todas las tropas de los países europeos, ante una eventual entrada de España en la OTAN.EL PAIS se puso en contacto con la oficina de Prensa de la Capitanía General de Valladolid para contrastar estos supuestos y recabar nuevos datos sobre el futuro campo de tiro. En respuesta, Capitanía hizo público un comunicado oficial que fue repartido simultáneamente a toda la Prensa de León, en el que, tras insistir en las características generales del proyecto y en el clima de entendimiento entre el Ejército y los municipios de la zona, se afirmaba textualmente que «la expropiación en curso no plantea mayores problemas, por lo que cualquier especulación sobre el tema debe considerarse gratuita o interesada».

Esta apreciación de los hechos, sin embargo, contrasta radicalmente con la de los presidentes de las juntas vecinales, algunos de los cuales ya presentaron, el 9 de diciembre de 1979, un informe ante el Icona, en respuesta al de la VII Región Militar, en el que afirmaban oponerse rotundamente a las propuestas de expropiación. El escrito consta de nueve folios, y en él se advierte que los terrenos a expropiar en aquella fecha, sólo 5.800 hectáreas, no son en modo alguno improductivos: «Doscientas hectáreas son de pastos; cerca de 1.200, de prado; más de 3.000, de erial perfectamente aprovechable, de los que los pueblos vienen beneficiándose y gracias a los cuales sobreviven». «La masiva ocupación de los mismos», se añade, «comportaría una auténtica catástrofe para nuestros míseros pueblos, que en esos suelos tienen su principal, por no decir exclusivo, sustento».

Sorpresa en los pueblos

Un año después de este intercambio de informes, el anuncio de las expropiaciones sorprendió por igual a los vecinos y a los partidos políticos representados en la Diputación. Los primeros se enteraron a través de un equipo de abogados que desde Madrid se ofreció para defender sus intereses. Los segundos dijeron no tener noticias del problema hasta que el pasado 3 de abril, en que el portavoz de Coalición Democrática (CD), José María Suárez, presentó un ruego a la presidencia pidiendo que la Diputación se pronunciara sobre el tema. Posteriormente, el pleno acordó crear una comisión, integrada por representantes de todos los partidos, para mediar entre el Ministerio y los expropiados.Hasta ahora, el presidente de la comisión, Tomás Vega, se ha limitado a señalar, citando fuentes oficiosas del Ejército, que los precios de las expropiaciones podrían llegar a las dieciséis pesetas por metro cuadrado como media; que los antiguos propietarios seguirán utilizando las fincas como hasta ahora, y que la Diputación actuará como mediadora entre el Ejército y los afectados para que el conflicto de intereses se resuelva por vía del diálogo. Esta mediación excluye el apoyo a cualquier recurso judicial que puedan presentar los pueblos.

Coincidiendo con las declaraciones del representante ucedista, los portavoces de estos últimos se reunieron en Luyego para crear su propia comisión, encargada de negociar con los partidos políticos y con la Administración, y de recurrir, con las firmas de todos los vecinos, contra el proyecto del Ministerio de Defensa.