La Comunidad reitera el desequilibrio comercial a favor de España

La Comunidad Económica Europea (CEE) y España han analizado la situación de sus intercambios comerciales y han expuesto sus quejas respectivas durante la reunión de ayer de la comisión mixta, establecida por el acuerdo preferencial de 1970. «El balance de esta reunión permite comprobar el buen funcionamiento del acuerdo», declaró al final de la misma el presidente de la delegación española, Fernando Gómez Avilés, secretario general adjunto de la Secretaría de Estado para las Relaciones con la CEE.

La delegación comunitaria, presidida por Inger Nielsen, alta funcionaria de la Dirección General de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, ha reiterado que la CEE considera que el acuerdo de 1970 se encuentra actualmente desequilibrado en favor de España.La delegación hispana no ha aceptado esta conclusión y ha aportado datos estadísticos para demostrar que el acuerdo mantiene equilibrada la balanza comercial, como es su principal objetivo.

En fuente comunitaria se informó que la CEE va a presentar un informe estadístico para demostrar sus alegaciones en base sobre todo al rápido crecimiento industrial español.

Las principales quejas expuestas por la misma delegación en relación con el funcionamiento del acuerdo de 1970 se refieren a la aplicación de visados técnicos y medidas de homologación.

La delegación española también ha patentizado su preocupación ante el incremento del proteccionismo comercial de la CEE en los sectores textil y siderúrgico.

Los comunitarios han expresado el deseo de que las autoridades de Madrid mantengan las medidas coyunturales establecidas en mayo de 1979 para liberalizar el comercio exterior.

La principal queja de la delegación de la CEE, como ya ocurrió en la última reunión de esta comisión mixta (11 de junio de 1979), se ha referido a la «falta de transparencia fiscal en España».

Los comunitarios consideran que el sistema español de «impuestos en cascada» desgrava a sus exportaciones para incrementar paralelamente las tasas de las importaciones.

La delegación española ha rechazado nuevamente estas críticas y ha alegado que su sistema de ajuste fiscal en las fronteras estaba vigente cuando se firmó el acuerdo hispano-comunitario de 1970 y no había compromiso de modificarlo.

Tras haber insistido en el curso de las negociaciones de ingreso en la necesidad de que España introduzca el IVA (impuesto sobre el valor añadido), los comunitarios han recordado que sólo este sistema eliminaría las discriminaciones.