Marcelino Camacho confirma el aval del Gobierno para un crédito de 280 millones de pesetas a CC OO

Marcelino Camacho, secretario general de CC OO, confirmó la concesión, hecha por el Gobierno a este sindicato, de un aval bancario de 280 millones de pesetas (véase EL PAIS de 19-4-1981) en una conferencia de Prensa celebrada ayer en Oviedo. Camacho trató, con el recorte de este periódico en la mano, de situar los contactos mantenidos con el Gobierno al respecto en fechas anteriores a la negociación abierta por el Ejecutivo con la patronal y las centrales sindicales sobre los incrementos salariales. Sin embargo, manifestó que el cierre de la operación está aún pendiente de pequeñas concreciones con alguno de los bancos.

Los 280 millones de pesetas serán aportados, a partes iguales, por los bancos Español de Crédito, Central, Hispano, Bilbao, Santander, Vizcaya y Popular.El máximo dirigente de CC OO dio tono casi exculpatorio a su larga respuesta a una pregunta formulada por EL PAIS sobre el aval del Gobierno. «Llegamos tarde a los avales», señaló, «porque antes lo hizo la UGT, sindicato que en vísperas de las elecciones sindicales de 1978 recibió un crédito de un banco alemán, avalado por el Banco Exterior de España, y últimamente obtuvo otro crédito, para las pasadas elecciones, según sabemos de buena fuente. En cuanto a USO, ya hemos perdido la cuenta. Nosotros no teníamos interés en ocultar la solicitud de este aval. Además ya sabíamos que iba a trascender. Es un crédito. que no supone trato de privilegio alguno para CC OO, a un 20% de interés, entre unas cosas y otras. No deberíamos tener necesidad de recurrir a él, pero la realidad es que lo necesitamos, porque hay un patrimonio sindical y unos recursos de los trabajadores que el Estado no nos devuelve ».

Camacho aludió a la reunión mantenida el 26 de febrero con Fermín Zelada, presidente del Banco Exterior de España, entidad en la que participa mayoritariamente el Estado, a través de la cual el Gobierno avaló el crédito solicitado por CC OO, y a la entrevista, finalmente no celebrada, prevista con el entonces vicepresidente económico, Leopoldo Calvo Sotelo, para el pasado 2 de febrero. Con estos datos intentó demostrar que los contactos con el Gobierno fueron anteriores al inicio de las conversaciones sobre los incrementos salariales y la nula incidencia de la concesión del aval en la política de CC OO.

Camacho dijo que el acuerdo-marco interconfederal (AMI), suscrito por la organización patronal CEOE y UGT, en vez de crear puestos de trabajo, contribuyó a incrementar el paro; calificó de inútiles los intentos dirigidos a revivir esa fórmula, que, en su opinión, se ha revelado inservible, y subrayó la necesidad de que el Gobierno recurra al decreto para incidir en la política económica, «pero decretos», matizó, «cuyo contenido sea pactado por todas las partes implicadas».

Transferencias de sectores boyantes a otros en crisis

Preguntado si CC OO daría su aceptación a la propuesta del Gobierno de condicionar la creación de empleo por la vía de las inversiones públicas a la aceptación de crecimientos salariales por debajo del 10%, se limitó a responder que este sindicato rechazaría la reducción de los salarios, aunque estaría dispuesto a formar parte de un esfuerzo solidario que contemplara transferencias de sectores y salarios boyantes a quienes se encuentren gravemente afectados por la crisis. Agregó que el Gobierno no formuló aún propuesta concreta alguna en las negociaciones, y que él solamente había oído una afirmación del ministro de Trabajo relativa a situar los salarios en un 80% del índice de precios al consumo (IPC). La crisis actual, larga, dura, compleja y difícil está, en su opinión, recibiendo un tratamiento inadecuado, propio de curanderos. La aparición de 370.000 nuevos parados en 1980 revela, según su criterio, el fracaso de medidas tales como el Estatuto de los Trabajadores, el AMI y el Plan Económico del Gobierno. La reducción de los salarios, aseguró, no produce empleo ni puede beneficiar a los empresarios en la medida en que resta poder adquisitivo a los trabajadores. Como alternativa propugnó la disminución de la jornada laboral en dos tiempos (primero a cuarenta horas y, más tarde, a 35); implantar la edad de jubilación en los 64 años, en marcha hacia los sesenta; suprimir el pluriempleo y las horas extraordinarias, y crear un fondo nacional de solidaridad. Camacho reconoció que el Gobierno no acepta la anticipación de las jubilaciones, medida que le supondría un elevado coste, y que los empresarios son contrarios a la reducción de la jornada laboral y a la desaparición de las horas extraordinarias, pero subrayó la imperiosa necesidad de llegar a acuerdos entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios para abordar el problema del paro sin limitaciones a una mera rebaja de los salarios.